“El avance del escandaloso convenio de fotomultas dejó en claro el apuro del Ejecutivo por aprobarlo y su intromisión en el Concejo Deliberante. Esto nos sigue llenando de dudas y reviste una gravedad que nos preocupa”, sostuvieron desde el Frente de Todos._

Luego de que el edil Nicolás Lauría cambiara su postura con respecto al expediente de ‘fotomultas’ y permitiera el avance del mismo en la Comisión de Seguridad, el concejal Roberto ‘Chucho’ Páez, del Frente de Todos, cuestionó este accionar y sostuvo que “la falta de escrúpulos de un concejal termina afectando a todos los vecinos y vecinas, por la aprobación de un convenio lleno de irregularidades y sospechas, que no trae beneficios a la ciudad, sino a unos pocos”.

En ese marco, Páez reflexionó: “Los y las marplatenses y batanenses deben saber que este es un tema que esconde algo delicado de fondo y que no puede ser tratado en una sesión exprés, sino que debe ser discutido y debatido minuciosamente, ya que implica dinero de la gente. Lamentablemente, vemos que hay complicidad con empresas privadas de parte del Ejecutivo que está dispuesto a hacer cualquier cosa por aprobar este expediente”.

A su vez, indicó: “Da vergüenza ver la actitud de un concejal en el que las vecinas y vecinos depositaron su voto de confianza, que creyeron que los iba a defender ante estas irregularidades, y que no tenga pudor en responder a otros intereses de fondo”.

“Hoy quedó claro que el Gobierno Municipal, con un Presupuesto que supera los 36 mil millones de pesos, no incluye ninguna inversión para reparar el Estadio Minella, ni siquiera para realizar el estudio técnico previo”, fustigó el edil del Frente de Todos, Ariel Ciano, tras la reunión de la comisión de Hacienda, donde este miércoles el titular del EMDER, Andrés Maccio, reconoció que “la reparación del techo del Estado Minella no está en el presupuesto del corriente año”.

El funcionario admitió que “la Tribuna techada escapa al presupuesto municipal”, añadiendo que “tenemos un presupuesto que encargamos a la Universidad Nacional que nos dice que sale entre 13 y 14 millones de pesos realizar un estudio preliminar para determinar el nivel de deterioro del techo del Minella y sí es recuperable o no. Y sí fuese recuperable, hay que hacer un nuevo informe que requiere de otra inversión para saber en qué condiciones, cómo, en qué plazos y en qué tiempo”.

En tal sentido, Ciano cuestionó que “resulta muy preocupante que las obras que necesita el Estadio no sean una prioridad para Montenegro en este 2022”.

Y apuntando contra el jefe comunal, el edil descerrajó “el Emder no asigna recursos ni para estudios técnicos de diagnóstico ni para mejoras de la infraestructura del Minella, realmente no podemos entender que el Municipio tenga 2400 millones de pesos en un fondo común de inversión y no se decida a invertir en las obras que necesita un Estadio que es emblema del deporte nacional y que en óptimas condiciones redunda en trabajo y oportunidades para Mar del Plata”.

En su discurso de apertura del nuevo periodo legislativo de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, el jefe comunal Guillermo Montenegro ubicó al convenio de las fotomultas entre las prioridades de lo que será la agenda legislativa para el gobierno.

“Acercamos a este recinto un proyecto integral que nos permitirá contar con cámaras que no solo servirán para detectar infracciones, sino que se sumarán al sistema de monitoreo para la seguridad en general. No me parecía necesario aclararlo, pero voy a hacerlo para que quede expuesto hoy aquí: el plan de seguridad vial no tiene un fin recaudatorio”, sostuvo.

No obstante, la aclaración no alcanza a despejar las sospechas que quedaron flotando en el recinto de sesiones tras la sesión extraordinaria del 8 de febrero, que pusieron en el centro de la escena a una empresa privada detrás de la Universidad Nacional Tecnológica de San Martín, la cual obtendría pingües beneficios en la distribución de lo que se recaude en concepto de multas.

Con respecto al convenio anterior con la Universidad Tecnológica de la Plata, la Provincia mantiene el 20%, pero el Municipio en lugar de quedarse con el 50%,  apenas ingresaría a las arcas municipales el 24 % de la recaudación, desde ese punto de vista no cabe duda que el convenio para  la Comuna “no tiene un fin recaudatorio” como afirmó el jefe comunal, sin aclarar que el 56 %  de lo recaudado corresponderá teóricamente a la universidad de San Martín,  que oficiaría de pantalla de la empresa Secutrans, la cual se haría cargo del sistema – aunque no figura en el expediente – y se llevaría la parte del León.

No es un dato menor para la oposición que, en una simulación de recaudación que hicieron, concluye que las 198 cámaras que se prevén instalar registrarían multas por alrededor de 60 mil millones de pesos.

Si bien el convenio que debe convalidar el Concejo Deliberante todavía no recibió tratamiento en comisiones, ya comenzó la instalación de los primeros dispositivos. Lo reconoció, en la comisión de Hacienda, el secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti, quien allí también sugestivamente confirmó que entre las metas de este año para el Ejecutivo figura elevar al Concejo Deliberante las propuestas para designar a los jueces de Falta vacantes.

El concejal del Frente de Todos Roberto Chucho Páez cuestionó el presupuesto oficial utilizado para la entrega de la última edición de los “Premios Estrella de Mar” y elevó un proyecto de comunicación mediante el cual le solicita al Departamento Ejecutivo detalle los gastos por rubros y los montos adjudicados en la tercerización del evento.

“Luego de la reciente ceremonia de entrega de los “Premios Estrella de Mar”, como es habitual, trascendieron diversos datos y críticas sobre su realización. Uno de los comentarios más inquietantes resultó ser el monto de los gastos efectuados en su organización. Con fecha 8 de febrero de 2022 el portal de espectáculos “El Intransigente” publicó una nota del periodista Pampito Perelló bajo el título: “Pampito Perelló criticó a la organización de los Premios Estrella de Mar”. La crónica refiere que en la red social Twitter el mencionado periodista argumentó: “$6.150.000 costaron los Estrella de Mar”. Este tweet fue acompañado por un screenshot de una carilla de expediente de contratación de servicios para ese evento por parte del Ente Municipal de Turismo y una imagen que describía: “Contratación servicios de logística. Ceremonia entrega Premios Estrella de Mar” y más abajo el monto del presupuesto oficial de $ 6.150.000”.

Páez junto al resto de los integrantes el bloque del FdT expresó a través de un proyecto la imperiosa necesidad de echar luz sobre este tipo de cuestiones y en consecuencia le pidió al intendente Guillermo Montenegro especifique la información adecuada y fidedigna, como lo son los datos oficiales del presupuesto y un claro detalle de los gastos especificado por cada rubro correspondiente.

“Creemos preciso conocer si esta realización es tercerizada. La modalidad, si es una licitación, un concurso de precios, etc. Además preguntamos qué suerte ha tenido el llamado, por qué medios se ha hecho y las cantidades de oferentes y quiénes resultaron finalmente siendo los adjudicatarios. En momentos económicos dificultosos como los que transitamos, se hace aún más necesaria una minuciosa evaluación de los datos que a través del presente proyecto se requieren, y así permitir el debido control del destino de los recursos públicos como la ponderación de los criterios utilizados para decidir esos gastos”.

Este miércoles, en el marco de la reunión de la comisión de Hacienda a la que concurrió el secretario de Seguridad, Horacio García y su equipo, el concejal del Frente de Todos, Roberto Paez, denunció un sobreprecio de 200 millones de pesos en la compra de 374 cámaras de seguridad y el mantenimiento de todas las conectadas al Centro de Operaciones y Monitoreo Municipal (COM) a la firma Nec Argentina, por $ 579,4 millones, por encima de los $ 387,4 millones que establecía el pliego.

“El director general de Tecnología, Sergio Andueza, hizo una descripción de las 374 cámaras de seguridad, pero omitió el sobreprecio de 200 millones de pesos que se pagó con relación a lo que establecía el pliego original, que es plata de los y las marplatenses que se pagó”, planteó el edil.

Por su parte, el subsecretario de Seguridad, Martín Ferlautto, intervino para negar que haya habido un sobreprecio, aduciendo que “no observamos que haya habido tal cosa como un sobreprecio, si hubo una diferencia entre el presupuesto testigo y lo que, finalmente, ofertaron las dos empresas que se presentaron a competir en esa licitación. Esa diferencia explicada por las mismas empresas, incluso por la empresa que perdió, se fundamenta en que el presupuesto testigo fue presentado en agosto y se terminó adjudicando la contratación en diciembre, después de cuatro meses hubo una inflación acumulada bastante importante y a eso se le suma, también, una depreciación de la moneda y un error que admite la propia empresa que pierde la licitación, que es no haber contemplado el mantenimiento de toda la red y de todas las cámaras existentes y no solamente de las cámaras que se iban a incorporar”. Y agregó que “por supuesto que sí esa diferencia porcentual uno la trabaja sobre un presupuesto tan grande, sobre una compra tan grande, la diferencia es grande pero no hay sobreprecio. Por lo menos nosotros no lo observamos”.

El concejal Páez refutó que “ustedes tomaron como base el presupuesto ese, pero también especificaron las características técnicas. Hay cosas que no nos cierran, acá hubo una suerte de alianza entre las empresas – pordenominarlo de alguna manera – para llegar a la posibilidad de que una se bajara, que es la que se arrepiente y la otra siguiera, la realidad es que del presupuesto oficial se paga casi 200 millones de pesos más, esto es lo que pagamos los y las marplatenses sobre este contrato”.

Su par de bancada, Marina Santoro, retomó la cuestión y le pidió explicaciones al Secretario de Seguridad, Horacio García, quien respondió erráticamente que “lo que consta en el expediente es un tema propio de las empresas, desconozco a las empresas, no conozco a los titulares, evidentemente sí dicen que se equivocaron por algo se equivocaron, no tuvieron en cuenta algo, lo único que vemos nosotros es la ventaja que tiene para los marplatenses es tener un sistema de video vigilancia que sea eficiente”.

“Está en el expediente todo el transito legal que tiene con los vericuetos propios de toda licitación. Me parece que es autosuficiente lo que existe en el expediente, sí la empresa no tuvo en miras mantener todo el sistema evidentemente los números deben tener deficiencias”, añadió García, aportando más oscuridad que claridad sobre la cuestión del sobreprecio denunciado.

En tanto que Santoro concluyó sentenciando que “en el expediente no se desprende por qué no se tramito la licitación del 2020 por eso se lo pregunto algo que usted no me contesto y esas diferencias para el fisco municipal y para los vecinos y vecinas son 200 millones de pesos más respecto a un presupuesto original que usted suscribió”.

El presidente de la Sociedad de Fomento del Barrio Aeroparque, Juan Manuel López, renovó su mandato al frente el Foro Municipal de Seguridad, tras derrotar por 6 votos (61 a 55) a su par del Barrio Fortunato de la Plaza, Matías Méndez, quien contaba con el apoyo del mandatorio municipal Guillermo Montenegro y del director nacional del Correo Argentino, Rodolfo “Manino” Iriart.

La elección se llevó a cabo este martes en el Hall Central del Palacio Municipal y de esta manera López revalidó la presidencia de la entidad por cuatro años más.

El secretario de Hacienda, Germán Blanco, y su par de la cartera de Gobierno, Santiago Bonifatti, quienes moderaron la Audiencia pública por el Presupuesto para el 2022, que se realizó este lunes en el recinto de sesiones del Concejo Deliberante, se constituyeron en los depositarios de diversos cuestionamientos y reclamos que no tuvieron respuesta durante dos años de la actual gestión municipal.  Entre los cuales se plantearon el funcionamiento deficiente de los centros de salud, las dificultades para acceder al transporte público en la periferia ya sea por mala diagramación de los recorridos como mal estado de las calles, la falta de iluminación en los barrios, la necesidad de ampliar tareas de castración dentro del área de zoonosis, la falta de políticas culturales y el fuerte aumento de tasas.

“El aumento del boleto en la gestión del intendente Montenegro en dos años pasó  de 18 pesos a casi 60 pesos, y  tiene un impacto directo que deteriora muchísimo el salario de los trabajadores y  trabajadoras , sumado a las dificultades de acceder a la poca frecuencia que hay  y, por otro lado, el aumento de las tasas del 45%  es muy alto y en lo que refiere a OSSE del 48% también”, planteó la secretaria general de SADOP, Adriana Donzelli, cuestionando, además, que “escuchamos al intendente referirse a los “laburantes” como él los llama como si fueran una preocupación permanente,  pero entendemos que este presupuesto debería reflejarlo, pero no lo hace porque el área de Desarrollo Productivo es el que tiene la menor participación presupuestaria,  en medio de una gravísima situación relacionada con el desempleo y la precarización laboral en la ciudad”.

Por su parte, Gabriel Fernández, representante de la organización social Fuerza Patriótica, criticó que “el gobierno de Montenegro muestra desinterés para gobernar en los barrios alejados y solo lo hace en sectores que le responde en las urnas”, reclamando que “el presupuesto contemple un proyecto de ciudad para todos”.

Desde el vecinalismo, el presidente de la sociedad de Fomento del Barrio Juramento, Hugo Toso exigió la construcción del Centro de Salud número 2, remarcando que “es un tema que nos preocupa, pensamos que se iba a realizar el año pasado, pero pese a haberse destinado 150 millones pesos en el presupuesto 2021 no se ha visto ningún tipo de construcción ni nada parecido y en este presupuesto hay 20 millones de pesos menos. Por lo tanto, queremos plantear qué sucede con esta partida, y dejar en claro que de acuerdo a lo que tenemos relevado entre los vecinos del barrio, el Centro de salud es algo prioritario”.

En tanto que Romina Gerez, referente del barrio El Boquerón, se quejó de que la sala funciona solo de 8 a 15. “Tenemos una sala de salud hermosa con muchos consultorios, pero están todos vacíos”, se lamentó. Y disparó contra la secretaria de Salud Viviana Bernabei porque “no viene al barrio y no nos dan respuestas, crearon un montón de cargos, pero para CEMA y SAME, pero ninguno acá ¿qué pasa con los barrios?”.

En la misma línea, Carlos Gómez, secretario general de CICOP Mar del Plata, criticó que “se planifica de espaldas a las necesidades de la gente y de los profesionales que saben cuáles son las necesidades del lugar y no se garantiza la salud como un derecho”. Asimismo, manifestó que las condiciones laborales son malas y los sueldos son bajos, razón por la cual los médicos eligen no trabajar para el sistema de salud municipal.

A su turno, Florencia Marina Álvarez, presidenta de la sociedad de fomento Florencio Sánchez, cuestionó la falta de castraciones por parte de Zoonosis, que “no llega ni siquiera al10% de los barrios”.

Y en representación del Observatorio Cultural, que nuclea 18 colectivos de artistas de la ciudad, Cintya Leiva apuntó contra el secretario de Cultura, Carlos Balmaceda y  fustigó que  “en los dos años de gestión de la Secretaría de Cultura, la escucha con la comunidad cultural no es algo que haya sucedido,  quienes formamos parte de las comunidades culturales estamos cansados del maltrato y las mentiras de un secretario que nos ningunea; están vaciando el área y siguen con las mismas políticas del primer gobierno de cambiemos en la ciudad”. Agregando que “necesitamos que se recuperen los talleres barriales y se fortalezca las actividades para la niñez y adolescencia”.

La decisión del intendente Montenegro de avanzar con un nuevo sistema de foto multas, con la colocación de casi 200 cámaras y 50 clinómetros fijos a través de un convenio con la Universidad de Gral San MARTIN (USAM) y su envío al concejo deliberante trae mucho ruido y poca transparencia. Si nos remontamos a unas semanas atrás, cuando se sabía que el convenio llegaría, era vox populi que los concejales del radicalismo no lo iban a acompañar. Incluso – off de record – ellos mismos lo dejaban trascender y se lo decían a quien quisiera escucharlo, tan es así que el primer giro que le dan al expediente es en la comisión de educación. ¿A propósito? Ahí, se sabe que la oposición tiene mayoría. ¿Qué pasó en el medio? De repente se arrancó una hoja del expediente, se cambiaron los giros y se garantizaron las comisiones donde hay mayoría oficialista. Fue tal el escándalo, que la oposición pidió y forzó una sesión especial y ahí quedaron claras dos cosas: la histórica posición de Acción Marplatense de ser funcional al oficialismo ( socarromente, les dicen la segunda marca de Cambiemos) y el giro completo del bloque radical cambiando su postura y tirándose arriba de la granada para defender al controvertido convenio y al secretario del concejo deliberante que supuestamente había “cometido un error”. ¿Fue un error? ¿O pasó algo en el medio y hubo que cambiar de postura?
Lo que está claro es que se trata de un negocio formidable, que el convenio con la Universidad es una pantalla para que algún privado se beneficie pues el reparto supondría – según el proyecto – un 56% para la prestadora del servicio, 24% para el municipio y un 20% para la provincia. Indefendible e inexplicable por donde se lo mire. Algo más: uno de los principales y más entusiastas impulsores de este convenio seria el jefe de gabinete municipal y actual senador provincial Alejandro Rabinovich.

“Hoy quedó claro que el Gobierno Municipal, con un Presupuesto que supera los 36 mil millones de pesos, no incluye ninguna inversión para reparar el Estadio Minella, ni siquiera para realizar el estudio técnico previo”, fustigó el edil del Frente de Todos, Ariel Ciano, tras la reunión de la comisión de Hacienda, donde este miércoles el titular del EMDER, Andrés Maccio, reconoció que “la reparación del techo del Estado Minella no está en el presupuesto del corriente año”.

El funcionario admitió que “la Tribuna techada escapa al presupuesto municipal”, añadiendo que “tenemos un presupuesto que encargamos a la Universidad Nacional que nos dice que sale entre 13 y 14 millones de pesos realizar un estudio preliminar para determinar el nivel de deterioro del techo del Minella y sí es recuperable o no. Y sí fuese recuperable, hay que hacer un nuevo informe que requiere de otra inversión para saber en qué condiciones, cómo, en qué plazos y en qué tiempo”.

En tal sentido, Ciano cuestionó que “resulta muy preocupante que las obras que necesita el Estadio no sean una prioridad para Montenegro en este 2022”.

Y apuntando contra el jefe comunal, el edil descerrajó “el Emder no asigna recursos ni para estudios técnicos de diagnóstico ni para mejoras de la infraestructura del Minella, realmente no podemos entender que el Municipio tenga 2400 millones de pesos en un fondo común de inversión y no se decida a invertir en las obras que necesita un Estadio que es emblema del deporte nacional y que en óptimas condiciones redunda en trabajo y oportunidades para Mar del Plata”.

Se trata de la medida que ordenó la suspensión del proyecto de exploración petrolera a 300 kilómetros de las costas de esa ciudad bonaerense tras hacer lugar a una medida cautelar. El Ejecutivo pidió la recusación del juez por “falta de imparcialidad”.El Gobierno nacional apeló este martes el fallo de la Justicia de Mar del Plata que ordenó la suspensión del proyecto de exploración petrolera a 300 kilómetros de las costas de esa ciudad bonaerense tras hacer lugar a una medida cautelar, y además pidió la recusación del juez Santiago Martín al entender que hubo “falta de imparcialidad” por la relación que mantiene con uno de los peticionantes.

El escrito de apelación consideró “absolutamente innecesarios o prematuros la cautelar dispuesta y los conjeturales impactos acumulativos de las exploraciones a realizarse sobre el Mar Argentino”, al entender que “los supuestos impactos auditivos, interferencias en corrientes migratorias, interrupciones de amantamiento en crías de mamíferos marinos, son hoy por hoy absolutamente conjeturales”.

Tras recordar que las tareas de prospección sísmica iniciarían dentro de ocho meses -octubre de 2022, “dicha información se encuentra a estudio de las áreas técnicas del Ministerio de Ambiente; de modo que sólo cabe preguntarse ¿Cuál es el perjuicio irreparable?”, planteó el Gobierno.

“Sólo existen conjeturas que no señalan de manera meditada qué etapa del proyecto es la que produce el daño que arguyen y en que dimensión. Se incumple así con el postulado de acreditar este requisito, lo que impone también por estas razones, el rechazo de la cautelar solicitada”, agregó el escrito.

Además de los fundamentos conceptuales y técnicos que refutan el fallo de la semana pasada del Juzgado Federal N°2 de Mar del Plata, la apelación presentada por el Ministerio de Ambiente incluye una recusación al juez actuante por manifiesta vinculación con los principales actores que promueven la cautelar que frenó la actividad, explicaron fuentes oficiales.

Como prueba a considerar, el escrito propuso entre otros el tuit del constitucionalista Daniel Sabsay donde “festeja abrazando al juez de la causa el dictado de la cautelar junto a uno de los letrados de los amparistas”, el abogado ambientalista José Esain, quien es patrocinante en esta misma causa del Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA).

Al hacer lugar a la medida cautelar, el juez Martín había ordenado la semana pasada la suspensión de la aprobación del proyecto de exploración petrolera que pasó por una instancia de Audiencia Pública en 2021 y contaba con la aprobación del Ministerio de Ambiente.

El magistrado determinó frenar las tareas de exploración por parte de la petrolera estatal noruega Equinor en el mar en busca de reservas de petróleo hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.

Tras la presentación de la apelación, el secretario de Energía, Darío Martínez, expresó que el Gobierno apeló este fallo porque “sus fundamentos están desvinculados de la realidad, y el fallo genera profundo daño al desarrollo de la producción y a la generación de trabajo y actividad económica en las ciudades costeras”.

Martínez agregó que el fallo “ignora absolutamente los máximos niveles de cuidado del ambiente y los estrictos estándares internacionales de seguridad operativa comprobada que se han alcanzado en la producción offshore y que aplicarán en estos proyectos”.

Según Martínez, “este fallo está fundamentado en preceptos erróneos, equivocados, sin relación con la actividad petrolera que se va a desarrollar, y denota profundo desconocimiento sobre la misma, su historia y sus características”.

“Por otra parte -continuó- genera un freno injustificado a la generación de miles de puestos de trabajo para los argentinos y argentinas que viven en las ciudades ribereñas y oportunidades de mayor actividad para sus pymes, así como priva al país de desarrollar y aprovechar los recursos energéticos que necesita”.

Generación de empleo

En ese sentido, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aseguró que el desarrollo de la explotación de hidrocarburos en alta mar en la costa atlántica podría generar alrededor de 220.000 puestos de trabajo directos e indirectos y exportaciones por unos US$ 25.000 millones anuales.

Para Kulfas, “si todo saliera bien, el impacto en divisas sería tal que desaparecería el problema del cepo cambiario o al menos sería mucho más flexible que hoy”.

En diálogo con radio Nacional, el funcionario sostuvo que el Gobierno “no está ni a favor del vale todo ni por el prohibicionismo” y, tras destacar que por primera vez en los estudios de factibilidad participó el Ministerio de Ambiente, remarcó que “todo se hizo en un marco de fuertes resguardos ambientales”, además de recordar que el desarrollo offshore estará localizado “a 300 kilómetros de la costa”.

El proyecto petrolífero

El proyecto de exploración petrolífera del lecho marino en el Mar Argentino fue adjudicado en 2019 e implica un compromiso de inversiones por casi US$ 800 millones por parte del consorcio de empresas que encabeza Equinor en sociedad con YPF y Shell.

El 30 de diciembre pasado, el Gobierno otorgó la Declaración de Impacto Ambiental y autorizó a las empresas a realizar los estudios de exploración sísmica.

Sin embargo, el viernes último, la Justicia Federal de Mar del Plata ordenó la suspensión del proyecto al hacer lugar a una medida cautelar impulsada por el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, y organizaciones ambientalistas.