Lo que está ocurriendo en la Administración Punta Mogotes ya excede cualquier diferencia administrativa o criterio médico. La pregunta que muchos empiezan a hacerse es otra: ¿estamos frente a una situación de desidia institucional o a una persecución que busca desgastar a un trabajador hasta las últimas consecuencias?

Mientras la Junta Médica considera “prematura” una nueva evaluación, la Administración Punta Mogotes avala esa postura a pesar de contar con abundante documentación médica, estudios actualizados e informes de especialistas que describen un cuadro de salud grave, crónico y progresivo.

La realidad es contundente: tres cirugías de columna, mielomalacia dorsal, radiculopatía con compromiso motor, debilidad en la pierna izquierda, episodios donde la pierna cede al caminar, alteraciones de la marcha, dolor crónico severo, limitaciones funcionales permanentes, tratamiento psiquiátrico e hipertensión asociada al cuadro clínico.

A esto se suman informes de Neurocirugía, Psiquiatría y Cardiología que ya se encuentran en poder de la Administración y que incluso recomiendan evaluar el retiro por invalidez.

Sin embargo, la respuesta sigue siendo la misma: negar una nueva Junta Médica.

Resulta difícil comprender cómo puede considerarse “prematura” una evaluación cuando existen nuevos diagnósticos, nuevos estudios y profesionales especializados que concluyen que existe una incapacidad funcional significativa y permanente.

La pregunta es inevitable: ¿qué más tiene que pasar para que actúen?

¿Esperan una nueva caída?

¿Esperan un nuevo accidente?

¿Esperan que el deterioro físico sea aún mayor?

Porque lo que hoy está documentado no es una simple dolencia. Se trata de una persona que presenta debilidad motora, problemas de estabilidad, riesgo de caídas y compromiso neurológico acreditado por estudios médicos.

Y mientras todo eso ocurre, quienes tienen la responsabilidad política y administrativa de tomar decisiones conocen perfectamente la situación.

Los Administradores Provinciales Fernando Maraude y Gonzalo Raventos tienen conocimiento de la documentación médica presentada y de cada uno de los informes incorporados. Por eso resulta imposible sostener que exista desconocimiento sobre la gravedad del cuadro o sobre los riesgos que implica cualquier decisión relacionada con una eventual reincorporación laboral.

Lo más preocupante es que ya existe un antecedente concreto: un accidente sufrido luego de una reincorporación sin haber completado adecuadamente el proceso de rehabilitación.

Por eso hoy la discusión ya no pasa solamente por una Junta Médica.

La discusión es política.

Se trata de determinar si la Provincia de Buenos Aires está dispuesta a proteger la salud de sus trabajadores o si va a seguir escondiéndose detrás de trámites burocráticos mientras ignora informes médicos que describen una situación cada vez más grave.

Cuando la burocracia se impone sobre la salud, las consecuencias dejan de ser administrativas.

Pasan a ser humanas.

Y quienes toman las decisiones no pueden mirar para otro lado.

Juan David Leszczynski
Trabajador de la Administración Punta Mogotes