El secretario de Seguridad municipal, Martín Ferlauto, sostuvo este miércoles que el sistema de reconocimiento facial permitirá “vivir más seguros” a los vecinos, garantizó el descarte de datos de personas no buscadas y marcó el objetivo de lograr “el mayor consenso posible” para sancionar la iniciativa.

Al exponer en la Comisión de Legislación del Concejo Deliberante, el funcionario ratificó su postura favorable al proyecto, establecida en un informe enviado previamente a la Comisión de Seguridad, y señaló que el municipio considera que la herramienta es “muy importante para la seguridad del partido”.

El secretario mencionó “cuatro aplicaciones principales” del software de reconocimiento facial. La primera es la búsqueda de prófugos de la Justicia. La segunda es la identificación de personas en flagrante comisión de delitos. La tercera, la búsqueda de personas perdidas. Y la cuarta, la constatación de si se violó o no una restricción de acercamiento en casos de violencia de género.

Ferlauto buscó responder los principales cuestionamientos opositores. Con respecto a la posible violación de derechos, afirmó que “ninguno es absoluto”. “Todos admiten ser reglamentados. Eso forma parte de la propia Constitución y de los tratados internacionales que son la fuente de reconocimiento de todos los derechos”, señaló.

“Se ha dicho que viola los derechos fundamentales. Desde nuestro punto de vista, la palabra ‘violar’ es incorrecta, porque implica que la norma o el programa a implementar resulta contrario al orden jurídico en su conjunto, y el orden constitucional tolera reglamentaciones a derechos siempre que sea para proteger otros bienes jurídicos y se tenga un fin lícito”, argumentó.

“En este caso –añadió– no solamente creemos que el fin es lícito, sino que además es noble: proteger la seguridad de los vecinos, lo que también constituye un derecho humano”.

Ferlauto indicó que “esta medida es razonable, ajustada a derecho y positiva”, al punto de que permitirá “defender los derechos de los vecinos a vivir seguros”.

El funcionario destacó dos “garantías” para una “buena utilización del sistema”. “La información biométrica que capture el sistema y no sirva para lograr la identificación de una persona buscada debe ser descartada inmediatamente, no puede ser almacenada por la Municipalidad”, dijo en primer término. Y en segundo lugar puntualizó la conformación de una comisión –sugerida por la Subsecretaría Legal y Técnica– “para garantizar el descarte de la información”.

“Política de Estado”

Ferlauto marcó la intención de que el reconocimiento facial se convierta en “una política de Estado” en materia de seguridad, “que trascienda la gestión del intendente”, como el sistema de videovigilancia.

Respecto de la forma contratación (la oposición reclama una licitación), el secretario dijo no tener “ninguna objeción a que se lleve adelante por los medios previstos en la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM)”; es decir, por el método correspondiente en virtud de los montos involucrados.

“Si tiene que hacerse por licitación, se hará por licitación. Nunca se propuso hacerlo por contratación directa”, aclaró, y dio una idea del precio: el municipio de Lanús, donde se implementa un sistema similar al que pretende contratar General Pueyrredon, paga “entre 800 mil y 900 mil pesos mensuales”.

En ese marco, resaltó el objetivo de lograr consensos políticos sobre la utilización de la herramienta para que, una vez aprobado el proyecto, el municipio celebre convenios con diversos organismos provinciales y nacionales para tener a disposición las bases de datos necesarias para implementar el sistema.

Ambos expedientes fueron incluidos en el orden del día de la Comisión de Legislación, que se reunirá hoy. Además, se tratará el pedido para incrementar los subsidios del transporte público.

a Comisión de Legislación tratará hoy dos temas de fuerte peso político: el aumento del boleto a $ 74,38, que de aprobarse -o bien de cederse las facultades al intendente-, quedaría en condiciones de materializarse en el corto plazo, y el convenio que el gobierno municipal firmó con la Universidad de San Martín para implementar de un sistema de fotomultas en la ciudad, expediente que aún requiere de consensos con la oposición para avanzar.

El incremento de la tarifa del transporte público de pasajeros tuvo la semana pasada el acompañamiento de la comisión de Movilidad Urbana y hoy, en Legislación, podría tener el mismo derrotero que años anteriores, es decir, la cesión de facultades para que defina el intendente Guillermo Montenegro.

La decisión estará enfocada en lo que haga o deje de hacer el bloque Acción Marplatense, proclive por estas horas a negar sus votos para que el Concejo apruebe el incremento por su cuenta, pero también a entornarle la puerta al oficialismo para que efectúe una salida airosa.

El lunes pasado, el secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti, concurrió a la Comisión de Movilidad Urbana del Concejo y explicó que si bien el estudio de costos dio $ 91,87, nueve centavos menos que la tarifa solicitada por la Cámara Marplatense de Empresas del Transporte Automotor de Pasajeros (Cametap), el Ejecutivo sugiere “una corrección del 24,1%”, que llevaría el boleto a $ 74.38.

El tema será de unos de los platos fuertes en la reunión de Legislación, convocada para hoy a las 10.30. El presidente de la misma, Daniel Núñez, incluyó el expediente en el orden del día junto a otro de los temas en los que el Ejecutivo exhibe fuerte interés por avanzar: el sistema de fotomultas.

Por ahora no se vislumbran demasiadas posibilidades para que el convenio de seguridad vial con la Universidad Nacional de San Martín sea aprobado en las comisiones de Legislación y Hacienda sin la anuencia de Acción Marplatense.

Existen chances de que el expediente pueda archivarse hoy en Legislación, lo que supondría el regreso del proyecto a la Comisión de Seguridad, la primera que lo aprobó.

Subsidios

En paralelo a la tarifa del transporte público, tras la aprobación en Movilidad Urbana la Comisión de Legislación tratará hoy también el proyecto de comunicación para solicitarle al Ministerio de Transporte de la Nación la gestión del aumento en los subsidios asignados al servicio de transporte urbano de pasajeros del Partido de General Pueyrredon.

El expediente, en su instancia anterior, fue acompañado por todo el arco oficialista con el apoyo de Acción Marplatense, mientras que el Frente de Todos decidió abstenerse.

Desde el oficialismo advierten que existe “una clara discriminación” en la política de subsidios hacia las ciudades del interior del país.

Del total del costo del servicio “el 26,5% está dado por los subsidios, mientras que el 73,5% restante es lo que recae sobre el usuario”, explicó el concejal Agustín Neme (Vamos Juntos) al respaldar la mirada del Ejecutivo de que “el Gobierno nacional debería aumentar un 500% el monto de los subsidios”, pedido que “hace por lo menos dos años viene haciendo el intendente Guillermo Montenegro” en forma particular y junto a jefes comunales de otras localidades del país.

La explosión de la cocina del Hogar de Ancianos municipal pudo haber sido en una tragedia
El jueves pasado cerca de las 16 horas, explotó una cocina con gas a garrafa y este lunes tomó estado público. Sí bien no hubo que lamentar heridos entre los internos y los trabajadores, potenció el malestar de los trabajadores que viene desde hace tiempo debido a la falta de respuestas por parte de las autoridades del asilo, algunas de las cuales han sido beneficiadas en las últimas semanas con un ascenso por parte de la “Junta de Ascensos y Calificaciones”.
El hecho se suma a la falta de gas denunciada oportunamente por el concejal de Acción Marplatense Paula Mantero, a la lentitud en el desarrollo de las obras para que la empresa Camuzzi reanude el servicio y a la permanencia durante todo el invierno en el lugar de un grupo de ancianos, que no alcanzaron a ser trasladados al Hogar de Lourdes.
Sobre el incidente ocurrido en el Hogar, la concejal Mantero refirió que “se hizo una conexión a una garrafa para poder cocinar ya que no les traían la comida de afuera. Esa conexión era clandestina y ocurre este hecho que podría haber sido mucho más grave” y cuestionó “si esto no es una señal de alarma para el Ejecutivo, no sé cuál sería esa señal que esperan”.
Asimismo, la edil recordó que “por inicios del mes de mayo advertíamos que por el corte de gas que realizó Camuzzi ya que había un escape, los abuelos no podían bañarse con agua caliente, no se podía cocinar y con los primeros fríos era imposible calefaccionar esas habitaciones tan grandes del asilo. Luego de nuestra denuncia se hizo un traslado de algunas de las personas mayores al Hogar de Lourdes. Después con el tiempo nos enteramos que no fueron todos y quedaron unas 25 personas en el Asilo del puerto y con el mismo inconveniente en relación al gas”.
Y concluyó, sentenciando que “han hecho del silencio una política. Sino hablan pareciera que no sucede lo cual es muy raro. Por ello es importante seguir denunciando y no callamos porque terminaríamos siendo cómplices y abandonando a nuestras personas mayores”.
Hace unos días atrás, en el marco de operativos de prevención y seguridad, personal de la Subsecretaría de Inspección General, con apoyo de policial, llevó a cabo inspecciones simultaneas, procediendo a la clausura por falta de habilitación municipal de seis chatarreras, que se hallaban emplazadas en Belgrano al 11.100; Grecia al 3600; Moreno al 11.100; Arrue al 2.400; San Martín al 11.200; y Alberti al 7500.
En la chatarrera, situada en San Martín al 11.200, además de verificarse la falta de habilitación municipal, se procedió al secuestro de autopartes de un vehículo marca Renault modelo 12, que posee pedido de secuestro de la Comisaría 4ta. de fecha 03/10/20, bajo caratula “Hurto Automotor”. Ante lo cual, la fiscal Romina Díaz dispuso la notificación de la formación de articulo 60 por encubrimiento no tomando medidas restrictivas para con la responsable de la chatarrera.
Por otra parte, en la chatarrera, ubicada en Belgrano al 11.100, personal de policía siniestral constató la presencia de 36 envases de color verde tipo garrafa, que contenían bromuro de metilo con clorosipina, un agroquímico muy tóxico..
Participaron de los operativos el titular y sub jefe de la Comisaría 12da, además efectivos de las comisarías 12da, 4ta, 6ta, 15ta, de policía siniestral, el Grupo de Apoyo Departamental (GAD), y el personal de la Subsecretaria Inspección General de la Municipalidad

 

A partir de las cero horas del lunes, comenzará a regir el primer tramo del incremento del boleto, decretado por el intendente Guillermo Montenegro en uso de las facultades otorgadas por el Concejo Deliberante hasta fin de año. De esta forma, la tarifa subirá de los $35,24 actuales a $51,80.

El segundo tramo de incremento dispuesto en plena pandemia, regirá desde 30 de septiembre y llevará el valor de la tarifa plana a $59,90.

“La actuación obedece tanto a los efectos de la inflación y a la falta de actualización de los subsidios”, argumenta el decreto, repitiendo una vez más la excusa trillada – esgrimida calzando los zapatos del empresario – con la que el hilo se corta por los más delgado, es decir, por los bolsillos flacos de los usuarios, que deben utilizar el colectivo para ir a trabajar.

Tomando como base 25 días laborales en un mes y dos viajes diarios, el primer tramo del ajuste tarifario implicará un desembolso mensual de $ 2.590; y en el caso que un usuario, para llegar a su lugar de trabajo, deba realizar cuatro viajes, durante el mismo periodo, el desembolso ascenderá a $ 2.995.

Siguiendo con el mismo ejemplo, pero proyectándolo a partir del segundo tramo del aumento programado para el 30 de septiembre, 2 viajes diarios durante 25 días implicarán un gasto equivalente a $ 5.180; y en el caso de 4 viajes por día, el desembolso ascenderá a $5.990.

En declaraciones periodísticas, el gobernador bonaerense Axel Kicillof aseveró que “estamos en condiciones muy pronto de retomar la presencialidad escolar por el cumplimiento de las medidas y pese a los que llaman a incumplirlas”.
Asimismo, afirmó que “no dudo de que al intendente Montenegro lo que le conviene y quiere es que se vacune a todos. Pero tiene a una parte de nuestra oposición, de su fuerza política, diciendo que las vacunas ‘son veneno’, que no son las que sirven, que llegan pocas… supongo que le causa un estado de confusión con respecto a qué hacer”.
Y agregó que “algunos están tironeados entre lo que deben hacer y el discurso que tiene públicamente la presidenta del partido, Patricia Bullrich, que no deja acusación por hacer y locura por decir con tal de hacerle daño a la campaña de vacunación, y lo que pasa con Larreta, que tampoco ha hecho mucho públicamente con las vacunas. A una parte de su fuerza política la llegada de vacunas los perturba demasiado, aun siendo algo bueno para los argentinos”.

La concejala del Frente de Todos, Sol de la Torre, presentó un proyecto de Comunicación para pedir informes al Emsur a un año del relanzamiento de esta campaña. También solicitó la implementación de la ordenanza de Puntos Sustentables y Promotoras Ambientales.

Se cumple un año del relanzamiento de la separación de residuos en origen y, en ese marco, la concejala Sol de la Torre presentó un proyecto de Comunicación para pedir informes al Emsur sobre los avances de la campaña, los fondos municipales invertidos y las toneladas de desechos recuperadas en estos últimos doce meses. En la misma iniciativa, ingresada a fines de la semana pasada, solicitó al Ejecutivo la implementación de la ordenanza que desde 2019 dispone la creación de puntos sustentables para el acopio de materiales reciclables y la formación de un cuerpo de promotoras ambientales para tareas de concientización en los barrios.

“Las políticas de separación de residuos en los municipios tienen un impacto ambiental sustancial, pero además –debidamente implementadas- son una fuente muy importante de generación de trabajo genuino. Desde ese punto de vista, nuestra ciudad, que históricamente tiene altos niveles de desocupación y una situación ambiental delicada, pero muy poco trabajada, no puede seguir retrocediendo casilleros en este sentido. Es lamentable que todavía estemos tratando de generar resultados sobre una política de separación de residuos que -acá mismo- fue pionera hace 10 años”, manifestó la edil.

En ese sentido agregó: “Nuestro compromiso es aportar a la generación de ese Plan de Gestión Integral de Residuos con Inclusión Social que necesita el Partido de General Pueyrredon. Sin embargo, hasta el momento, no sabemos si ese programa general existe. Apenas si conocemos algunas acciones dispersas. Nada indica que esas actividades formen parte de una política integral en torno a los residuos sólidos urbanos en la ciudad. Para eso, ante todo, se precisa un Estado municipal presente, decidido a transversalizar la perspectiva ambiental y a repensar el tratamiento de los RSU en clave social, de sustentabilidad y preservación de la Casa Común”, y remató: “Sin eso, todo lo que se haga se parece más a una campaña mediática con fines de construcción de imagen pública que a una decisión política de gestionar responsablemente los residuos del Partido”.

La semana comenzó con el rimbombante anuncio del descuento -o “donación”- de medio aguinaldo del intendente Montenegro, secretarios comunales y presidentes de entes descentralizados (catorce funcionarios en total). Esto parecería un gran gesto de austeridad en medio de la pandemia, algo querido por el vecino, pero como es costumbre en el Intendente, la publicidad engaña, la realidad marca otra cosa y la hipocresía reina.
Cuando Montenegro asumió como jefe comunal, la planta de empleados políticos, que son los que directamente nombra el Intendente, era de 77 funcionarios. Desde ese entonces el personal del ejecutivo local subió a 121, más de un 75% de aumento. Casi el doble. Lo que se le muestra al vecino como un gesto de gran austeridad y renuncia en realidad esconde el exponencial aumento de empleados políticos del intendente, producto del pago de favores a sus socios en la coalición Cambiemos. Lo único real es que el jefe comunal gasta cada día más en política y lo maquilla con anuncios hipócritas.


La pandemia sigue siendo el eje sobre el que gira gran parte de nuestro presente y en este tema también vemos la hipocresía del Intendente y su oportunismo político. Como muestra podríamos considerar el tema de la presencialidad en las escuelas.
El 16 de marzo del 2020 el intendente tomaba la decisión inconsulta y autónoma de suspender las clases presenciales en escuelas de nuestra ciudad, cuando había un solo caso de COVID-19 registrado oficialmente en la comuna. En esa fecha, en la que se “cortaba solo” decía: “Consideramos que reducir la circulación de personas es importante para achicarf las posibilidades de propagación del virus”.
Hoy, con un ritmo sostenido de casos diarios por encima de 350, con picos de casi 500, habiendo aumentado los casos activos a cifras récord y con las terapias en más del 80% de ocupación, la opinión del intendente respecto de las clases cambia diametralmente y entonces solicita la vuelta de la presencialidad a toda costa. Este cambio de opinión puede parecer difícil de entender pero tal vez no lo sea tanto.
El 16 de marzo de 2020 muchos de los marplatenses pedían medidas de cuidado como – por ejemplo – cerrar las escuelas de forma inmediata, en virtud del razonable pánico que provocaba la pandemia. En ese momento el Intendente, sin escuchar otras voces ni analizar profundamente la situación, apresuró el cierre con el fin de calmar a la opinión pública.
En el presente, muchos marplatenses agobiados por la situación piden razonablemente la presencialidad. La pandemia ha fundido a pequeños negocios y amenaza con fundir muchos más y se ha instalado una aparente contradicción entre cuidar la salud y trabajar pues también ocurre que los hospitales colapsaron. Montenegro vuelve a operar, entonces, con prisa y sin analizar el cuadro completo, ansioso por volver a calmar a la opinión pública.
El intendente parece tomar sus decisiones de gobierno en base al humor popular del momento, a las encuestas y los focus groups. Tan es así que resulta capaz de suspender la presencialidad o pedir su retorno con similares argumentos.
Como decimos siempre, más parecido a CABA no se consigue.

A partir de la hora cero de este sábado 22 de mayo y hasta el domingo 30 de mayo inclusive, rigen, en el ámbito del Partido de General Pueyrredón, las restricciones que a continuación se detallan:
• Circulación: Se podrá circular en zona de cercanía al domicilio de 6 a 18.
• Transporte: El uso del transporte público es exclusivo para trabajadores esenciales. También se incluye su utilización para trasladarse, en el ámbito de la salud, por casos de vacunación.
• Educación: Las clases se dictarán en forma virtual.
• Actividades deportivas y recreativas: No se podrán realizar reuniones sociales al aire libre o en espacios cerrados.
• Actividades de esparcimiento: Podrán realizarse salidas de esparcimiento en espacios públicos, al aire libre, de cercanía, en horario autorizado para circular, y dando cumplimiento a las reglas de conductas generales y obligatorias.
• Actividades comerciales: Los comercios y servicios esenciales seguirán funcionando como hasta el momento, con los protocolos vigentes. Los locales gastronómicos podrán funcionar bajo la modalidad de envío a domicilio hasta las 23 y retiro en el lugar hasta las 18. Los comercios no esenciales podrán funcionar bajo la modalidad de envío a domicilio o retiro en el lugar.
• Actividades económicas: La atención en los bancos seguirá con turno previo.
• Turismo: El tránsito interjurisdiccional no está permitido.
• Culto: No se podrán practicar actividades religiosas en espacios cerrados.