Los problemas de iluminación en la ruta 88 desataron en la última semana un fuerte cruce de declaraciones entre el municipio y la provincia, ante el cual la ONG Familiares de Víctimas del Delito y el Tránsito pidió terminar con las “discusiones vanas” y las “excusas jurisdiccionales” para pasar a “consensuar una agenda” que permita revertir el mal estado de la ruta que une a Mar del Plata con Batán.

A través de un comunicado titulado “De jurisdicciones y otras yerbas”, la ONG que hace 20 años exige justicia por las víctima del delito y el tránsito en la ciudad exigió el cese de las discusiones políticas en ese sentido y pasar a resolver las falencias de la ruta 88 que afectan a quienes por allí circulan. “Recuerden que una vida no tiene precio, tiene valor”, señalaron.

“Las escusas jurisdiccionales siguen perjudicando al ciudadano. Y la ruta 88 o avenida Perón es un claro ejemplo de este concepto que atrasa”, expresó la entidad.

La ONG remarcó que buena parte de la ruta 88 “no tiene luz, controles vehiculares ni seguridad”, pero además “no tiene demacración, necesita obras urgentes como colectoras, semaforización, mantenimiento de la cinta asfáltica y destapar desagües para que no se acumule agua”.

Ruta 88 (Foto: archivo)Ruta 88 (Foto: archivo)

Víctimas del Delito difundió este comunicado en el marco de las tensiones políticas que generó, en principio, la falta de mantenimiento de las luminarias.

La polémica se abrió la semana pasada, cuando el senador Alejandro Rabinovich y el concejal oficialista Agustín Neme acusaron al gobierno bonaerense de pretender “perjudicar” a Montenegro  por la falta de obras en la ruta 88.

El fin de semana, en diálogo con LA CAPITAL, el jefe de asesores del gobernador Axel Kicillof, Carlos Bianco, le bajó el tono a la polémica y dijo que se trata de “un problema doméstico” que “no fue informado” por el municipio a la provincia.

“Si había un problema con las luces me hubiera llamado (Guillermo) Montenegro. Tiene mi teléfono. Nunca llamó nadie. Ni a mí, ni a Martín Insaurralde, ni al gobernador, ni a Vialidad, ni a Infraestructura, ni a la ministra de Gobierno. No pidieron eso. Usar políticamente unas lamparitas para decir que se discrimina es ridículo y un chiquitaje”, dijo el funcionario bonaerense.

La respuesta de Rabinovich, ex coordinador de Gabinete de Montenegro, no demoró en llegar. A través de sus redes oficiales, exhibió un informe presentado por la Dirección de Alumbrado Público de la comuna ante Vialidad en relación al estado de la ruta, además de un proyecto de declaración sobre la problemática que impulsó en la Legislatura bonaerense junto al senador Ariel Bordaisco. “Nuestro reclamo por la iluminación de la ruta 88 empezó el 27 de enero de 2021 y, desde ese momento, tienen el expediente dormido. Entonces Bianco miente cuando dice que nunca lo llamamos”, dijo el senador.

En el medio, según pudo saber LA CAPITAL, el intendente Guillermo Montenegro “se cansó” del cruce de declaraciones y ordenó que “como sea” arreglen las luces debido al peligro que la falta de mantenimiento. Así, decidió tomar intervención en esta ruta de jurisdicción provincial y encomendó al Emvial reparar las luminarias que no funcionaban.

Este lunes, la ONG Familiares de Víctimas del Delito y el Tránsito pidió dejar a un lado las “excusas jurisdiccionales” y que las partes se enfoquen en el problema.

Ruta88

“Es una avenida interurbana que une la ciudad de Batán con Mar del Plata. En el camino encontramos el Parque Industrial, el Mercado Frutihortícola, la cárcel, mercados mayorista varios, la planta de VTV, barrios populosos como Las Heras Belgrano, Autódromo y otros. El tráfico de la ruta 226 y la ruta 2 que se dirigen a otras ciudades”, señalaron.

Tras ello, pidieron “consensuar entre Nación Provincia y el Municipio” una “agenda de trabajo” “en forma inmediata”, poniendo “un poco de voluntad” y “sin falta de discusiones”, ya que en el medio están las personas que circulan por la ruta. “Recuerden que una vida no tiene precio tiene valor”, completó la ONG.

La dirigente marplatense y directora de Anses Fernanda Raverta se acercó a Parque Peña para dialogar con vecinos y vecinas sobre sus problemas, necesidades y reclamos. Destacó que el barrio “necesita de todos y de todos” y que “sus vecinos se merecen vivir en un barrio mejor: más seguro, con más luminarias y calles asfaltadas. Y nosotros vamos a hacerlo”.

“Parque Peña creció al menos un 90% en los últimos 10 años, es decir, más que el promedio del resto de la ciudad. Sin embargo, este proceso no fue acompañado por un desarrollo de servicios públicos acorde”, describió Raverta, quien agregó que “hoy son 30 mil vecinos que no encuentran respuesta a sus demandas más urgentes”.

En efecto, el barrio atraviesa diversas problemáticas que terminan sufriendo sus vecinos. Así se lo plantearon sus habitantes y comerciantes a la dirigente marplatense. “Los vecinos y vecinas nos plantearon la urgencia de sus problemas vinculados a las calles, las luminarias, la inseguridad, la salud, el transporte”, afirmó Raverta, quien recogió el testimonio de más vecinos: “El barrio tiene bastantes carencias y necesidades, pero el municipio no ha hecho absolutamente nada”.

La dirigente local visitó la despensa, el kiosco, la verdulería y granja, el pet shop y el supermercado, todos en la calle Scaglia, donde se formó un microcentro del barrio. Luego se dirigió hasta Cabrera y Los Helechos, donde fue recibida por Delfina, Gisela y Sofía, todas parte del barrio que la esperaban junto a muchos vecinos, con quienes habló sobre la realidad de Parque Peña.

“Aquí se hace patente la necesidad que tiene este barrio como tantos de nuestra ciudad de tener servicios públicos básicos hoy ausentes o con mala prestación”, resaltó Raverta y agregó: “Se agregaron problemas específicos como el acceso a la red de agua corriente o un polideportivo cuya construcción quedó paralizada en 2015 faltando el 30% de su obra”.

 

Los vecinos también reclaman la ampliación de la atención del CAPS. “Como nos comentó Adriana, vecina de acá, el problema de atención primaria, que es una responsabilidad del municipio, es gravísimo, es vergonzoso el abandono en que nos deja el intendente, no hay turnos ni atención, estamos olvidados, en especial en materia de salud”, dijo.

Raverta advirtió también el estado de las calles, las cuales “la mayoría no están asfaltadas”, y las pocas que sí lo están, como Scaglia, con un gran tránsito, están “muy deterioradas”.

“Durante los días de lluvia se tornan intransitables”, lamentó un habitante del lugar. El reclamo a la gestión municipal de Guillermo Montenegro fue hecho en 2020, pero “nunca cumplió con nada”, señaló Raverta a partir del testimonio de vecinos.

“Los vecinos se merecen un barrio más seguro, con más luminarias y calles asfaltadas, y con presencia del municipio en salud”, volvió a manifestar Fernanda , quien se comprometió a “hacer todo para poder lograr un barrio mejor, porque es posible y es lo que queremos”.

El juez federal Alfredo López no dio lugar al recurso de amparo presentado por la Fundación Alameda contra la ordenanza de la nueva Zona Roja.

Cabe recordar que la medida había sido solicitada por Néstor Escudero, en representación de la Alameda, cuyo histórico titular, Gustavo Vera, está desde 2020 de licencia por su cargo en la Dirección Operativa del Comité de Lucha contra la Trata de Personas.

Según pudo averiguar LA CAPITAL, López señaló que Escudero “no acreditó la presentación” de la fundación, es decir que no contaba con las facultades legales para representar a la Alameda, por lo que se le solicitó que aclare la situación.

Sin embargo, por el momento, y a días de que entre en funcionamiento la nueva Zona Roja impulsada por el municipio, el juez no recibió otra presentación.

La Fundación Alameda, entidad con una larga trayectoria de actuación en causas judiciales contra la trata y la explotación sexual de personas, había solicitado una medida de no innovar.

Entre sus argumentos, señalaba que mediante la ordenanza 25590, promulgada por el decreto 1597/22 y publicada en el Boletín Oficial municipal del 25 de julio, la intendencia local “promueve y fomenta la regulación de la prostitución y auspicia multas y cárcel a personas en situación de prostitución, lo cual choca con la legislación vigente, las convenciones internacionales que la Argentina suscribió y además genera un ámbito de explotación sexual en el que la policía local, como ya ocurrió en otras épocas en Mar del Plata, se convierte en una suerte de proxeneta que ‘regula’ y castiga a personas en estado de vulnerabilidad social”.

El objetivo de la presentación era que se declare la inconstitucionalidad de la norma, ya que, según indicó “afecta derechos humanos contemplados en los pactos internacionales incorporados a la Constitución Nacional”.

El recurso había sido presentado el mismo día que el municipio confirmó que el lugar elegido para autorizar la oferta y demanda de sexo en la vía pública será la avenida 10 de febrero, en las inmediaciones de los cementerios Parque y Colinas de Paz. Y a días de que quienes ejerzan la prostitución fuera de esa zona sean pasibles de multas y arrestos.

Sin embargo, la solicitud no tuvo lugar por el momento y vale señalar que no es la primera presentación judicial contra la ordenanza de Zona Roja. La primera había sido impulsada por el propio Gustavo Vera y fue rechazada por el juez López.

El magistrado rechazó in límine el recurso de amparo presentado por el titular del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas al considerar que la Secretaría de Coordinación Presupuestaria y Planificación del Desarrollo –que tiene bajo su órbita al Comité– carece de la representatividad del Estado nacional, debido a que depende de la Jefatura de Gabinete de la Nación, por lo que debió ser esa dependencia la impulsora de la medida cautelar.

Al igual que ocurrió en esta última oportunidad, López no se pronunció sobre la ordenanza aprobada por mayoría en el Concejo Deliberante el 24 de junio, sino que marcó inconsistencias en la presentación judicial. En aquel momento puntualizó, por caso, que no se identificaba debidamente al demandado: en algunos tramos se hablaba de la municipalidad y en otros menciona al concejo deliberante, señaló

Estamos asistiendo en Mar del Plata – desde que asumió la gestión de Montenegro – a diversos acontecimientos que empiezan a ser el comentario de muchos marplatenses; y todos se relacionan con la misma persona. Nos referimos al actual subsecretario de seguridad de la comuna Gustavo Jara.
Al comienzo de su gestión, en un más que confuso episodio, le sustrajeron un arma de su automóvil particular. Al poco tiempo una camioneta municipal embistió a un vecino de la ciudad. El chofer se escapó y al rato un agente de tránsito apareció diciendo que se la habían robado pero cuando este vecino concurrió al COM fue recibido por Jara y la respuesta del funcionario dejo más dudas que certezas. Esto motivó un pedido de informes del HCD que por supuesto nunca contestó.
Pero se pone peor. La noche del sábado 25 de junio se realizó una fiesta privada en un balneario del sur de la ciudad que termino en un hecho trágico: el asesinato de un participante de dicha fiesta donde (oh casualidad) se hallaban funcionarios municipales y familiares de Gustavo Jara. Y en el estacionamiento del balneario un móvil de la secretaria de seguridad. Esto motivo gran repercusión mediática y otro pedido de informes sin contestar.
Por fin, esta semana nos enteramos de un hecho policial bastante singular: quisieron entrar a robar en una casona sobre la costa marplatense. Esa casona estuvo mucho tiempo usurpada y ahora nos enteramos que el actual ocupante es el mismísimo Jara, quien ha dejado trascender que tiene un permiso del supuesto dueño. Ya muchos se preguntan qué o quienes están detrás del por lo menos polémico funcionario, quien no se cansa de decir a cuantos quieran escucharlo que él responde únicamente a Patricia Bullrich. ¿Seguirá Montenegro pagando costos políticos y encubriéndolo? Todo muy raro.

El concejal del frente de todos Roberto Chucho Páez elevó un proyecto de comunicación mediante el cual le solicita al Departamento Ejecutivo informe en relación al episodio policial ocurrido en la fiesta privada llevada a cabo en el “Balneario Horizonte Club de Playa” en la madrugada del domingo 26 de junio de 2022, donde fue asesinado a balazos un participante de la reunión.

El texto presentado ante las autoridades del Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredón también pide respuestas en referencia a la presencia de un móvil de la patrulla municipal en el evento, horario de llegada y partida de la misma, y que se individualice qué agentes municipales participaron, a cargo de quién estaba y qué funciones cumplía.

Otro de los puntos sobresalientes del proyecto pregunta si existen registros fílmicos captados por el Centro de Operaciones y Monitoreo que corroboren los horarios de ingreso y egreso de la referida patrulla municipal.

Al respecto el edil Páez señaló que “según trascendió y fuera recogido ampliamente por la prensa, entre los participantes del evento se encontraban familiares y agentes municipales que revisten en la Secretaría de Seguridad vinculados al Subsecretario Gustavo Jara. Se ha constatado además la presencia de una Peugeot Partner de la mencionada secretaría asignada durante toda la noche para hacer un punto fijo en un evento privado. Siendo la inseguridad una de los flagelos que azotan a Mar del Plata y que la Municipalidad cuenta con una reducida cantidad de móviles para afectar a tareas de prevención, llama la atención y merece una debida explicación, afectar un móvil a un evento particular”.

El presidente de la Sociedad de Fomento del Barrio Aeroparque, Juan Manuel López, renovó su mandato al frente el Foro Municipal de Seguridad, tras derrotar por 6 votos (61 a 55) a su par del Barrio Fortunato de la Plaza, Matías Méndez, quien contaba con el apoyo del mandatorio municipal Guillermo Montenegro y del director nacional del Correo Argentino, Rodolfo “Manino” Iriart.

La elección se llevó a cabo este martes en el Hall Central del Palacio Municipal y de esta manera López revalidó la presidencia de la entidad por cuatro años más.

No es casualidad que los concejales de Montenegro no asistan a los barrios a escuchar a los vecinos”, twitteó el concejal Nicolás Lauria
Luego de presidir la comisión de Seguridad, que este lunes por la tarde sesionó en La Florida para tratar el cierre parcial del barrio, el edil de Crear Juntos, Nicolás Lauria, en su cuenta personal de twitter, descerrajó: “¡Moneda corriente en la Comisión de Seguridad, ya no es casualidad que los concejales del intendente Montenegro no asistan a los barrios a escuchar a los vecinos!”.
Asimismo, informó que “escuchamos la preocupación de los vecinos y nos llevamos temas para tratar: el cierre parcial del barrio y traslado de la caminera, entre otros puntos solicitados”, resaltando que “los concejales del intendente pegaron el faltazo”.
Lauria concluyó destacando que “estos encuentros nos acercan a la realidad que viven a diario, nos llevamos mucho trabajo por hacer”.

Con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo de los repartidores domiciliarios, se constituyó hoy una mesa de trabajo en el Concejo Deliberante.

Además de los ediles, participaron representantes sindicales de los trabajadores con la intención de analizar y proyectar la seguridad ciudadana y condiciones seguras de labor de los trabajadores de reparto a domicilio.
“Trabajo Seguro para repartidores y repartidoras domiciliarios”, fue el lema de la convocatoria que se realizó hoy en el recinto de sesiones del Concejo Deliberante

Durante la reunión, fue presentado un petitorio inicial, que conforma el segmento de reivindicaciones principales de los trabajadores que incluye un pedido para controles de tránsito más dinámicos; agilización de renovación del registro de conducir; cursos de manejo defensivo y acceso más sencillo a ciertas herramientas de trabajo, como cascos; dársenas de estacionamiento cuando hay que aguardar el retiro de pedidos; puntos de hidratación; formas accesibles de pagar multas; y actualización de la Ordenanza Nº 17.672.

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El encuentro se dividió en ejes temáticos y objetivos como mejorar la seguridad ciudadana en relación a los
repartidores; implementación de medidas de seguridad directamente relacionadas con la actividad; implementación de espacios de trabajo conjunto en miras a la mejora en la seguridad del sector; implementación de Corredores Seguros; mejoramiento en los tiempos de respuesta ante hechos ilegales ocurridos en ocasión del trabajo de repartidoras y repartidores; seguridad en el tránsito; mejoramiento de la infraestructura vial; mejoramiento en la señalética vial; campañas de educación y concientización ciudadana; adaptaciones del espacio ciudad a fin de coadyuvar a la prestación del servicio; mejoramiento de la infraestructura Urbana; implementación de nuevas zonas de aparcamiento de motovehículos; el transporte público como ordenador del desarrollo demográfico; ewstablecimiento de Redes Institucionales- Ciudadanas para el tratamiento permanente de la temática objeto del presente.

El encuentro fue presidido por el presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección de la Comunidad, Nicolás Lauría (CREAR Juntos). Asistieron, también, Roberto “Chucho” Páez (FdT, autor de la iniciativa de la Mesa de Trabajo); Vito Amalfitano (FdT); Angélica González (CC ARI MdP); Horacio Taccone (AM); Agustín Neme (VJ); Marianela Romero y Cristina Coria (UCR); el defensor del Pueblo, Fernando Rizzi; el secretario general de la CGT Regional Mar del Plata y concejal electo, Miguel Guglielmotti; integrantes del Departamento Ejecutivo; representantes gremiales del sector y un núcleo de trabajadores.

Se inscribieron 25 entidades intermedias y 60 particulares para la Audiencia Pública por la Zona Roja
Se inscribieron 25 representantes de entidades intermedias y 60 particulares para participar en la Audiencia Pública Consultiva que, a partir de las 13:00 hs. de este viernes, se llevará a cabo en el recinto de sesiones del Concejo Deliberante, bajo la modalidad virtual, a fin de “tratar las conflictividades que tienen lugar en las zonas de General Pueyrredon donde se ejerce la prostitución”.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 15° de la Ordenanza 12336 que rige la realización de las Audiencias Públicas, el listado de oradores se confeccionó conforme al orden cronológico de inscripción, agrupándose en primer término a quienes representen a entidades intermedias y, en segundo término, a quienes lo soliciten en carácter individual.
Los oradores contarán con 3 minutos de tiempo máximo para exponer y se les avisará faltando 1 minuto y se les otorgará el uso de la palabra en una única oportunidad.

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, se mostró preocupado por la situación de violencia en la ciudad de Rosario, donde las bandas narco se disputan territorios a fuerza de balas y la escalada de crímenes va en aumento.

Tres horas después de asumir como ministro de Seguridad, Aníbal Fernández se reunió con el gobernador de Santa Fe Omar Perotti con un tema urgente sobre la mesa: el recrudecimiento de la violencia narco en Rosario. El flamante ministro escuchó por más de una hora al gobernador que desplegó una serie de demandas, que giraron en torno a dos instancias: una a corto plazo, como el refuerzo de más efectivos de fuerzas federales –actualmente hay 3.400, según datos de la gestión anterior de la cartera de Seguridad de la Nación-; y otra de fondo: como la creación de una unidad especial o “comando unificado” de combate contra el narcotráfico que enfrente a las bandas criminales en Rosario.

Es un tema complejo de analizar, donde hay situaciones que son de público conocimiento. Hablamos de delitos complejos. Nuestras fuerzas están preparadas para ese análisis y tenemos que lograr que se pueda volcar al papel y se pueda cuantificar lo que pasa”, señaló Fernández.

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La urgencia de Perotti pasa porque se cambie el esquema operativo de las fuerzas federales en Rosario, donde –según la visión del gobierno provincial- hasta ahora no funcionó tanto en materia de prevención del delito como en investigaciones profundas.