La decisión del intendente Montenegro de avanzar con un nuevo sistema de foto multas, con la colocación de casi 200 cámaras y 50 clinómetros fijos a través de un convenio con la Universidad de Gral San MARTIN (USAM) y su envío al concejo deliberante trae mucho ruido y poca transparencia. Si nos remontamos a unas semanas atrás, cuando se sabía que el convenio llegaría, era vox populi que los concejales del radicalismo no lo iban a acompañar. Incluso – off de record – ellos mismos lo dejaban trascender y se lo decían a quien quisiera escucharlo, tan es así que el primer giro que le dan al expediente es en la comisión de educación. ¿A propósito? Ahí, se sabe que la oposición tiene mayoría. ¿Qué pasó en el medio? De repente se arrancó una hoja del expediente, se cambiaron los giros y se garantizaron las comisiones donde hay mayoría oficialista. Fue tal el escándalo, que la oposición pidió y forzó una sesión especial y ahí quedaron claras dos cosas: la histórica posición de Acción Marplatense de ser funcional al oficialismo ( socarromente, les dicen la segunda marca de Cambiemos) y el giro completo del bloque radical cambiando su postura y tirándose arriba de la granada para defender al controvertido convenio y al secretario del concejo deliberante que supuestamente había “cometido un error”. ¿Fue un error? ¿O pasó algo en el medio y hubo que cambiar de postura?
Lo que está claro es que se trata de un negocio formidable, que el convenio con la Universidad es una pantalla para que algún privado se beneficie pues el reparto supondría – según el proyecto – un 56% para la prestadora del servicio, 24% para el municipio y un 20% para la provincia. Indefendible e inexplicable por donde se lo mire. Algo más: uno de los principales y más entusiastas impulsores de este convenio seria el jefe de gabinete municipal y actual senador provincial Alejandro Rabinovich.
