Mediante al acuerdo alcanzado con Acción Marplatense, Guillermo Montenegro logró que la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, finalmente, convalidaran las ordenanzas fiscal e impositiva por 25 votos de Juntos por el Cambio y AM contra 23 de Frente de Todos y Crear Juntos, que se opusieron un aumento promedio del 45% en los tributos municipales contenidos en dichas normativas.

En el marco del debate, el concejal de Crear Juntos, Alejandro Carrancio planteó que si la suba hubiese sido del 30% y no del 45%, tal como se solicitó desde su bancada, “se trataría de unos $4.5000 millones menos que se recaudarían, que podrían haberse  recuperado suprimiendo algunos gastos superfluos como publicidad, propaganda y viáticos de los funcionarios, por ejemplo, que ascienden a más de $400 millones, y representan el 150% del presupuesto de la Secretaría de Producción, en una ciudad que lamentablemente pelea los primeros puestos del ranking del desempleo”

Asimismo, señaló que “de la Rendición de Cuentas surge que sobraron 1026 millones de pesos, que podríamos gastar en que no se le aumente tanto a los vecinos”.

Remarcó, también, que “según los números de la secretaria de Hacienda, cuando arranca esta gestión la administración central contaba con 5.678 agentes y hoy cuenta con 6.604, lo que nos da una diferencia de 926 agentes que han ingresado a la planta en esta gestión cuando el Intendente, al asumir, dijo que se iba a ir con el mismo número de empleados con el que había ingresado”, sentenciando que “asistimos a  un festival de ingresos y  ni hablemos del número de funcionarios políticos porque es un récord histórico”.

Siguiendo la misma línea, la edil del Frente de Todos, Virginia Sivorí sostuvo que se están presentando aumentos “sin un criterio progresivo, que tenga equidad, que arregle lo que falta en la ciudad. Después de casi siete años seguidos de Cambiemos gobernando la ciudad hoy, una vez más, aumentan las tasas por los servicios que presta el municipio sin que eso represente mejora alguna para quienes viven y transitan la ciudad”.

Sivorí subrayó que “en estos años no se ha hecho ni un solo cambio profundo que de soluciones a las problemáticas de la ciudad y sus habitantes. Por el contrario, parece que quedarse en lo que no alcanza resulta cómodo para este gobierno municipal”.

En tal sentido, ejemplificó que “en la gestión de Montenegro se aumentó 179% la Tasa por Servicios Urbanos -desde que gobierna Cambiemos +1200%-. La secretaría de desarrollo productivo es la más pequeña de todo el presupuesto, no dispone de recursos para poder generar políticas que impulsen el empleo, en una ciudad que permanentemente ocupa el podio de desocupación a nivel nacional. En resumen: asistimos, nuevamente, a un gobierno que no planifica, que no propone, que pierde oportunidades de transformación a cada paso”.

El edificio estará ubicado en el barrio San Carlos y concentrará el funcionamiento de las diversas dependencias bonaerenses con asiento en el distrito.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos licitó las obras para la construcción de la Casa de la Provincia en el Partido de General Pueyrredón, con un presupuesto oficial de $279.681.995.

Se trata de una estructura edilicia de dos pisos, con una superficie superior a los 1000 mt2 en la cual se centralizará el funcionamiento de las diversas dependencias del gobierno bonaerense. Dicha obra se ubicará en un predio ubicado en el barrio “San Carlos” de la ciudad de Mar del Plata. Actualmente, en dicho edificio se encuentra funcionando la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas.

En ese sentido, el Ministro Nardini expresó: “El proyecto de la construcción de las Casas de la Provincia es una iniciativa del Gobernador Axel Kicillof, que pone a los y las bonaerenses en el centro. Se trata de acercar los servicios de la Provincia a cada distrito y dignificar a los trabajadores que muchas veces están en diferentes espacios”.

Además, agregó: “Contamos con 80 proyectos, muchos ya arrancaron y otros están en proceso de licitación o adjudicación. Es muy importante que en General Pueyrredón ya estemos dando los primeros pasos”.

Cabe destacar que las Casas de la Provincia tienen como objetivo centralizar en un mismo edificio todas las dependencias del estado para facilitar y agilizar la ejecución de trámites administrativos, evitando así el traslado hacia la capital bonaerense para su realización.

Con el trillado pretexto de “no obtener respuesta del gobierno nacional ni provincial a un nuevo pedido formal para una mayor compensación de subsidios”, como aconteció el 27 de mayo del año pasado, el intendente Guillermo Montenegro decretó, este lunes, que el aumento regirá a partir del 5 de mayo, determinando que el boleto plano pase a costar $ 74,38.

A partir de la presión de la Cametap, exigiendo aumentar el boleto plano a $91,96, se sucedió un estudio de costos inflado del Ejecutivo que dio $91,87, y como la “rebaja” propuesta por la Secretaría de Gobierno para llevarlo a $74,38 provocó repercusiones adversas, entró en escena el pultismo embozando el inminente ajuste tarifario, a través de la engañosa encomienda de gestionar ante las autoridades nacionales un tratamiento equitativo en materia de subsidios al servicio de transporte público de pasajeros,  que puso en funcionamiento el mecanismo de relojería,  que invariablemente derivó  en un nuevo manotazo  a los bolsillos de los usuarios.

Una vez más, en este caso en la comisión de Seguridad, el oficialismo   impuso su mayoría numérica obtener la aprobación en forma exprés de un proyecto de ordenanza que permitiría al Ejecutivo contratar un software para el establecimiento de un sistema de reconocimiento facial aplicable a la detección de prófugos de la Justicia, y de otra iniciativa para que, a través de una aplicación para teléfonos celulares, cualquier ciudadano pueda denunciar infracciones de tránsito.

Desde el Frente de Todos, el edil Vito Amalfitano advirtió que “estos dos proyectos, llamativamente, son los números 1029 y 1031, adosados al del escándalo de las fotomultas, el 1030, expediente a través del cual Montenegro pretende que se firme un convenio que perjudica al erario público, también con una empresa privada de por medio, con nula transparencia y cuyo tratamiento arrancó con la violación de un instrumento público”.

Cuestionó, además, que “aprobaron rápidamente, con su mayoría en esta comisión, ordenanzas para contratar software de reconocimiento facial de las personas y la utilización de una app para denuncias de infracciones; y nos preocupa por la protección de los datos y la privacidad de nuestra comunidad, además de que no se suministra información sobre las empresas privadas involucradas. Y tampoco supieron contestar qué empresa de software se contrataría, quién administrará la información, cómo se van a garantizar los derechos de privacidad, entre otras preguntas, ni atendieron que desde nuestro bloque advertimos sobre los falsos positivos que aparecieron en otras ciudades donde se aplicó el reconocimiento facial”.

Refiriéndose a la aplicación de denuncias, Amalfitano fustigó que “tampoco hay certezas ni transparencia. No queda claro en el expediente quién constatará la veracidad de las denuncias, por qué es necesario que los denunciantes registren sus datos, con cuántos agentes o inspectores cuenta el municipio para esa constatación o si se realizará de manera remota a través de las cámaras.

 “No estamos en contra del buen uso de la tecnología para combatir la inseguridad, pero estamos convencidos de que viviremos menos seguros si nuestros datos y nuestra privacidad pasa por manos privadas que ni siquiera aun conocemos”, subrayó el edil de la bancada de Frente de Todos, que al igual que el bloque de Crear Juntos se abstuvieron en la votación.

El proyecto de ordenanza para contratar un software de reconocimiento facial de las personas avanzó a la comisión de Legislación y también tiene giro a la de Hacienda, con pedidos de informes a las áreas de Seguridad, de Legal y Técnica y de Hacienda, en tanto que, en el caso particular de la aplicación para denuncia de infracciones, se añadió, además, un pedido informe a la Subsecretaría de Movilidad Urbana, y continuará su tratamiento en las comisiones de Movilidad Urbana y de Legislación.

Nueve de los once móviles destruidos por el derrumbe en el depósito del Distrito Descentralizado El Gaucho, acaecido el 18 de diciembre de 2020, no contaban con un seguro vigente al momento del siniestro. Lo cual quedó al descubierto este miércoles en la comisión de Hacienda a raíz del tratamiento de un expediente por el que se daba de baja a dos vehículos afectados por el desplome del techo del depósito municipal.

La anomalía fue advertida por la concejala Mariana Cuesta del Frente de Todos, quien puso en evidencia que de la lectura del reporte de la aseguradora surge que desde octubre el resto de los móviles afectados no contaba con un seguro vigente al 18 de diciembre del 2020, por lo que no fueron cubiertos los daños.

Ante tales circunstancias, el expediente quedó en comisión y se resolvió solicitar informes al secretario de Desarrollo Productivo Adrián Consoli para dilucidar por qué a nueve móviles afectados – que incluyen, entre otros, una hoja niveladora, un vibrocultivador, un arado de rejas y un rotovator- se les dejó de pagar el seguro dos meses antes del siniestro.

El Gobierno, la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión Industrial Argentina (UIA) acordaron en la tarde de este martes una serie de medidas con el objetivo de contener las expectativas inflacionarias y mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, entre las que se destacan la posibilidad de abrir de manera anticipada la discusión de convenios salariales y la creación de una canasta alimentaria de primera necesidad compuesta por entre 50 y 60 productos.

Fue en el marco de una nueva reunión que mantuvieron este martes los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Trabajo, Claudio Moroni; y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y la Jefa de Gabinete del Ministerio de Economía Melina Mallamace; con representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión Industrial Argentina (UIA) en el marco de la mesa tripartita de trabajo creada la semana pasada para coordinar acciones destinadas a enfrentar la inflación.

Foto Prensa

Foto: Prensa.

En representación del sector sindical estuvieron los secretarios generales de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña, junto al secretario General Adjunto de la entidad, Andrés Rodríguez.

Por la entidad fabril participaron en la reunión su presidente, Daniel Funes de Rioja, junto al secretario de la entidad, Miguel Ángel Rodríguez; el vicepresidente Regional, Guillermo Moretti; y el director Ejecutivo, Diego Coatz.

Detalles de las medidas

Las medidas acordadas contemplan la posibilidad abrir negociaciones paritarias antes de las fechas estipuladas por cada sector, a la vez que las partes ratificaron la decisión de consensuar una canasta básica con 50 0 60 productos de primera necesidad a precios accesibles, cuya implementación debería estar definida en un plazo de 72 horas.

De manera específica, el Gobierno, los empresarios y los sindicalistas acordaron la apertura de la negociación de convenios salariales que aún no han vencido o que no se encuentran en etapa de tratativas.

Foto Alfredo Luna

Foto: Alfredo Luna.

También acordaron conformar mesas de trabajo para diseñar e implementar las medidas tendientes para administrar las dificultades de la actual coyuntura, en particular en lo atinente al impacto de la inflación en las pymes.

También coincidieron en la necesidad de establecer una canasta alimentaria de primera necesidad, integrada por entre 50 y 60 productos, que tengan un precio claro en los diferentes formatos de comercialización, en especial en los comercios de cercanía.

MEDIDAS ACORDADAS POR EL GOBIERNO NACIONAL CON LA UIA Y LA CGT

El Gobierno Nacional, la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación General del Trabajo (CGT) acordaron un conjunto de medidas para anclar las expectativas inflacionarias y mejorar el poder adquisitivo de los salarios.

En el marco de una reunión celebrada esta tarde en la sede del Palacio de Hacienda, alcanzaron los siguientes acuerdos:

-La apertura de la negociación de convenios salariales que aun no han vencido o que no se encuentran en etapa de tratativas

-La presentación de una canasta de primera necesidad, integrada por entre 50 y 60 productos, que tengan un precio claro en los diferentes formatos de comercialización, el cual tendrá una amplia difusión.

-La conformación de mesas de trabajo para diseñar e implementar las medidas tendientes para administrar las dificultades de la actual coyuntura, en particular en lo atinente al impacto en las pymes.

Tras las denuncias de los vecinos agrupados en la EcoAsamblea de Parque Camet, el edil del Frente de Todos Roberto “Chucho” Páez elevó este viernes un proyecto de comunicación en el cual urge al gobierno del intendente Guillermo Montenegro para que informe sobre sí tuvo conocimiento de la tala de árboles producida en los terrenos de dicha Reserva Forestal durante el mes de marzo de 2022; sí la tala fue debidamente autorizada por el área correspondiente; y para el caso de que no hubiese sido debidamente autorizada, se solicita que indique si se tomaron las sanciones correspondientes contra quienes realizaron la tala.

En los fundamentos de la iniciativa legislativa, el concejal Páez expresó que “recientemente desde este Bloque de concejales y concejalas del Frente de Todos hemos tomado conocimiento de hechos de tala indiscriminada en el predio de Parque Camet; y en las fotografías que se acompañan en el ANEXO al proyecto de comunicación pueden observarse el resultado de la acción de individuos desconocidos que derivaron en la tala indiscriminada de árboles añosos dentro del predio de Parque Camet”.

Resaltó que “esta acción genera diversas consecuencias, siempre de efecto negativo sobre el medio ambiente; entre las cuales pueden enumerarse la alteración del ciclo del agua, la pérdida del hábitat, biodiversidad y suelo, la disminución de la calidad del oxígeno y -en casos extremos- la desertificación de los suelos y la modificación del clima global”.

En tal sentido, el edil sostuvo que “prevenir la tala indiscriminada es una parte fundamental de las tareas del Estado municipal en su faceta de gestor ambiental, en consonancia con lo normado por la Ley de Medio Ambiente (Ley 11.723) de la Provincia de Buenos Aires, que en su artículo 6° expresamente pone en cabeza del Estado Municipal (en conjunto con el Estado Provincial) ´la obligación de fiscalizar las acciones antrópicas que puedan producir un menoscabo al ambiente, siendo responsables de las acciones y de las omisiones en que incurran

En una jugada de pizarrón enmarcada en los acuerdos entre el pultismo y el frente gobernante para facilitar de manera el aumento del boleto exigido por la CAMETAP, se aprobó por mayoría con la oposición del Frente de Todos, en las comisiones de Legislación y de Movilidad Urbana una propuesta del concejal de Acción Marplatense Horacio Taccone para ceder al intendente Guillermo Montenegro la facultad de incrementar el valor del boleto, con el pretexto de agote las instancias tendientes a gestionar la equiparación de los subsidios ante el gobierno nacional.

La misma trampa disfrazada con el ropaje de “gestiones” que como el año pasado habilitaron dos ajustes tarifarios escalonados, que sumados a los aumentos del boleto plano que se sucedieron durante los últimos seis años superan el 1000 %.

Más allá de que Taccone  denunció en una puesta en escena que en el estudio de costos que realizó el Departamento Ejecutivo, “se advierte en un montón de ítems” , citando como ejemplo el precio inflado del gasoil  a 88 pesos el litro, “que no son los números reales” , mocionó en Legislación que “le queremos dar al intendente facultades condicionadas para que  realice estas gestiones, piense en el precio del boleto que se ajuste a la realidad del bolsillo de los marplatenses, y no a un estudio de costos que claramente no se condice con la realidad”.

Sin disimulo, el interbloque oficialista aceptó retirar la propuesta del Ejecutivo para llevar el valor del boleto plano a $ 74, 38, y acompañó con su voto la moción de Acción Marplatense, cuyo despacho por mayoría se replicó este martes en la comisión de Movilidad Urbana, a fin de avalar en la sesión ordinaria de este jueves un inminente ajuste tarifario camuflado.

En tanto que el Frente de Todos se opuso al despacho acordado entre AM y Juntos en ambas comisiones. El edil Vito Amalfitano, en su condición de miembro informante, sostuvo que “tenemos que ponernos una vez más del marplatense de a pie, de las clases medias y de las más bajas, que padecieron la pandemia mientras que en todo caso los empresarios ganaron menos y sí hubieran perdido tanto seguramente ya no estarían en Mar del Plata al frente del servicio.  Pero nuestra obligación es representar a quienes no pueden resistir otro aumento de colectivo y siguen sufriendo las frecuencias que no se cumplen en un momento de actividad plena en Mar del Plata”.

Ambos expedientes fueron incluidos en el orden del día de la Comisión de Legislación, que se reunirá hoy. Además, se tratará el pedido para incrementar los subsidios del transporte público.

a Comisión de Legislación tratará hoy dos temas de fuerte peso político: el aumento del boleto a $ 74,38, que de aprobarse -o bien de cederse las facultades al intendente-, quedaría en condiciones de materializarse en el corto plazo, y el convenio que el gobierno municipal firmó con la Universidad de San Martín para implementar de un sistema de fotomultas en la ciudad, expediente que aún requiere de consensos con la oposición para avanzar.

El incremento de la tarifa del transporte público de pasajeros tuvo la semana pasada el acompañamiento de la comisión de Movilidad Urbana y hoy, en Legislación, podría tener el mismo derrotero que años anteriores, es decir, la cesión de facultades para que defina el intendente Guillermo Montenegro.

La decisión estará enfocada en lo que haga o deje de hacer el bloque Acción Marplatense, proclive por estas horas a negar sus votos para que el Concejo apruebe el incremento por su cuenta, pero también a entornarle la puerta al oficialismo para que efectúe una salida airosa.

El lunes pasado, el secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti, concurrió a la Comisión de Movilidad Urbana del Concejo y explicó que si bien el estudio de costos dio $ 91,87, nueve centavos menos que la tarifa solicitada por la Cámara Marplatense de Empresas del Transporte Automotor de Pasajeros (Cametap), el Ejecutivo sugiere “una corrección del 24,1%”, que llevaría el boleto a $ 74.38.

El tema será de unos de los platos fuertes en la reunión de Legislación, convocada para hoy a las 10.30. El presidente de la misma, Daniel Núñez, incluyó el expediente en el orden del día junto a otro de los temas en los que el Ejecutivo exhibe fuerte interés por avanzar: el sistema de fotomultas.

Por ahora no se vislumbran demasiadas posibilidades para que el convenio de seguridad vial con la Universidad Nacional de San Martín sea aprobado en las comisiones de Legislación y Hacienda sin la anuencia de Acción Marplatense.

Existen chances de que el expediente pueda archivarse hoy en Legislación, lo que supondría el regreso del proyecto a la Comisión de Seguridad, la primera que lo aprobó.

Subsidios

En paralelo a la tarifa del transporte público, tras la aprobación en Movilidad Urbana la Comisión de Legislación tratará hoy también el proyecto de comunicación para solicitarle al Ministerio de Transporte de la Nación la gestión del aumento en los subsidios asignados al servicio de transporte urbano de pasajeros del Partido de General Pueyrredon.

El expediente, en su instancia anterior, fue acompañado por todo el arco oficialista con el apoyo de Acción Marplatense, mientras que el Frente de Todos decidió abstenerse.

Desde el oficialismo advierten que existe “una clara discriminación” en la política de subsidios hacia las ciudades del interior del país.

Del total del costo del servicio “el 26,5% está dado por los subsidios, mientras que el 73,5% restante es lo que recae sobre el usuario”, explicó el concejal Agustín Neme (Vamos Juntos) al respaldar la mirada del Ejecutivo de que “el Gobierno nacional debería aumentar un 500% el monto de los subsidios”, pedido que “hace por lo menos dos años viene haciendo el intendente Guillermo Montenegro” en forma particular y junto a jefes comunales de otras localidades del país.

Una vez más con los votos de Acción Marplatense, el gobierno del intendente Guillermo Montenegro logró, este miércoles, que la comisión de Hacienda avalará el presupuesto de la Administración Central y las Ordenanzas Fiscal e Impositiva, conteniendo el aumento de la tasa de los servicios urbanos del 45%.

Asimismo, también contó con dictamen favorable el presupuesto de Obras Sanitarias y el tarifario del   Reglamento General del Servicio Sanitario, que contempla un incremento de la tarifa del 48%.

El edil de Crear Juntos Alejandro Carrancio y la bancada del Frente de Todos se abstuvieron respecto al presupuesto municipal y al de OSSE, y rechazaron las Ordenanzas Fiscal e Impositiva y el tarifario de la empresa sanitaria municipal.

Durante el debate, la edil del Frente de Todos, Virginia Sívori, fustigó que “la tasa de servicios urbanos ya lleva acumulado el 179 % con este incremento en la gestión de Montenegro”, agregando que “más allá de que encaprichen en tomar los dos últimos aumento y decir que son los que menos aumentaron en la provincia, la verdad es que esta gestión con este aumento que se está proponiendo está llegando al 179% acumulado en una tasa que no trae mejores servicios a los vecinos y, además, el intendente se comprometió a transformar pero nunca lo hizo”.

También remarcó que “lo mismo pasa con algo que no está en tratamiento ahora, pero que se suma a una tendencia en la gestión, porque hablo de la tasa de servicios urbanos, pero podría hablar del aumento del boleto de colectivo, que ya lleva el 302% acumulado y lo vecinos no viajan mejor. Entonces, lo que vemos en este presupuesto y en esta ordenanza Fiscal e Impositiva es que no hay ninguna mejora pensada para la realidad de los vecinos en la actualidad. Por lo tanto, en lo que respecta a las ordenanzas Fiscal e Impositiva nuestro voto es negativo y en lo que concierne al presupuesto, nos vamos a abstener porque no vimos las modificaciones ya que acaban de llegar. En relación al tarifario de OSSE, también lo votamos en contra porque estamos superando el 200% acumulado en esta gestión, en un servicio que todos sabemos que es deficitario por todos los problemas que están teniendo los vecinos”.

En tanto que el concejal Carrancio arremetió contra los funcionarios que no respondieron las preguntas y propuestas que se realizaron desde la oposición durante el debate en la comisión. Y apuntando al titular de las finanzas municipales, German Blanco, descerrajó que “le pregunte cuántos sueldos paga y cuántos empleados hay y no sabía. No puede no saber y se la pase por escrito la pregunta, pero nunca me lo contesto. Sé qué no me lo contesta porque hay un festival de ingresos en el Municipio”, sentenciando que “es una cifra negra, está en algún lado y no la quieren blanquear”.