Conviene recordar quiénes firmaron esa acordada del 10 de septiembre de 1930; José Figueroa Alcorta, Roberto Repetto, Ricardo Guido Lavalle y Antonio Sagarna. El procurador general era un tal Horacio Rodríguez Larreta.

Es sabido que, en diversos momentos de la historia del país, la Justicia representó a una élite y no al conjunto de los argentinos. Una élite que, a pesar del esfuerzo de algunos presidentes, todavía sigue teniendo una importante cuota de poder. Tanto es así que se dan el lujo de jaquear a los gobiernos populares, y siguen siendo un círculo privilegiado que se considera “propietario”, sin dominio formal, de los poderes constitucionales del Estado.

Ello ha quedado al desnudo en estos días. En un escándalo, como nunca antes había sucedido desde el retorno de la democracia, jueces, camaristas federales, funcionarios del gobierno porteño, directivos del Grupo Clarín y ex funcionarios de la AFI, coordinaron a través de la aplicación Telegram difundir una versión falsa, para justificar la participación de varios de ellos en un vuelo privado a Bariloche, más una estadía de lujo en la estancia del magnate inglés Joe Lewis, el famoso usurpador vip, amigo del ex Presidente Mauricio Macri.

Lawfare, mesa judicial, espionaje ilegal, persecusión a opositores, y ahora esto. Está en jaque la democracia en nuestro país y es nuestro deber repudiar y denunciar, ante el llamativo silencio de algunos, como Colegios de Abogados y Magistrados, Asociaciones de Fiscales, Facultades de Derecho, Medios Periodísticos y Partidos Políticos con tradición democrática, y la infame defensa de otros, ya que, como dijera Francisco de Quevedo; “Donde hay poca justicia, es un peligro tener razón”.

Edgardo Díaz (Concertación Forja)

 Pablo Farías (Progresistas en Red) 

Leandro Lavintman (MNA / Igualar) 

 Mario Rodríguez (Raíces)