A cinco días de que empiece a regir la ordenanza que indica llevar la Zona Roja a la avenida 10 de Febrero, las organizaciones que nuclean a las trabajadoras sexuales en Mar del Plata anunciaron que no la acatarán y pidieron una reunión con el intendente en la que solicitarán un lugar más cerca del centro para desarrollar la actividad.

En el mismo sentido, las agrupaciones en conjunto con los vecinos de los barrios que rodean la nueva Zona Roja realizarán mañana una conferencia de prensa en conjunto para explicar los motivos del rechazo a la zona designada en el sur de la ciudad.

La ordenanza que regula la Zona Roja entrará en vigencia este sábado, cuando se cumpla el plazo establecido por el intendente Guillermo Montenegro en el decreto reglamentario.

De esta manera, el único lugar en que se permitirá la oferta y demanda de sexo en la vía pública será un tramo de la avenida 10 de Febrero, entre las 22 y las 6.

No obstante, los diferentes colectivos que nuclean a las trabajadoras sexuales anunciaron que desconocerán la ordenanza y no irán a a esa zona.

“No vamos a ir porque básicamente es ir a la muerte. Por eso pedimos una reunión con Montenegro porque lo que va a pasar es que las trabajadoras van a desconocer la ordenanza”, señaló Victoria Disalvo, de la Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual.

En la misma dirección, advirtió que si no hay un cambio de lugar, las trabajadoras “van a caminar en los lugares habituales y va a haber problemas con la policía y los vecinos, y eso es lo que queremos evitar”.

Las trabajadoras sexuales organizadas bajo “Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual”, “Red Personas Viviendo con VIH Mar Del Plata” pidieron formalmente una reunión con Guillermo Montenegro para dialogar “acerca de las conflictividades en las denominadas ‘zonas rojas’ y su relocalización en la ciudad de Mar del Plata”.

En concreto, pedirán que se modifique la zona elegida y se designe un lugar más cerca del centro.

Vecinos de Las Canteras, Santa Celina, Don Diego, Lomas del Golf y Florencio Sánchez ya expresaron su rechazo a la ubicación de la Zona Roja y este martes compartirán una conferencia de prensa con los colectivos de las trabajadoras.

Denuncias y multas

Los vecinos podrán denunciar a través de la línea de WhatsApp 2234-368599, perteneciente a la Patrulla Municipal, a quienes mantengan actividades sexuales en la vía pública en las puertas de sus hogares.

Las sanciones por no respetar la normativa -es decir, por prostituirse en cualquier otro punto fuera de la zona asignada- van de los $172.000 a los $861.000, aunque para situaciones más graves la normativa contempla de 5 a 30 días de arresto. Los juzgados de falta serán los encargados de determinar qué infracción corresponde.

Amparo

La Fundación Alameda presentó un amparo colectivo contra la ordenanza que crea una “Zona Roja” en Mar del Plata.
La entidad, con una larga trayectoria de actuación en causas judiciales contra la trata y la explotación sexual de personas, solicitó una medida de no innovar.

No es la primera presentación judicial contra la ordenanza de Zona Roja. La primera había sido impulsada por el propio Gustavo Vera y fue rechazada por el juez Alfredo López.

El sistema de fotomultas comenzaría a funcionar en octubre en Mar del Plata, adelantaron desde el municipio. Al mismo tiempo, indicaron que en la primera etapa contarían con unos cincuenta nuevos equipos para detectar infracciones de tránsito, las cuales prevén sanciones de hasta más de 170 mil pesos.

“Principios de octubre es la fecha pensada para que comience el funcionamiento. Estamos haciendo todo para poder llegar con esos tiempos”, le manifestó el director general de Transporte, Federico Chioli, a LA CAPITAL.

En este sentido, Chioli indicó que ya hay algunos cinemómetros instalados en distintos puntos de la ciudad y que, desde la comuna, aguardan por la aprobación del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para comenzar a emplearlos. En paralelo, se continúa con la colocación de más equipos.

“Apelamos a que en la etapa inicial tengamos entre 45 y 50 equipos”, aseguró el director general de Transporte y adelantó que, con el correr de las semanas, buscarán llegar a contar con 30 cinemómetros y 200 equipos semafóricos.

Cabe recordar que los cinemómetros son los dispositivos que detectarán los vehículos que excedan la velocidad máxima, mientras que, con las cámaras semafóricas, se vigilará que los rodados no invadan la línea de frenado o la senda peatonal, como así también que no crucen en rojo.

Los valores de las multas para estas infracciones están establecidos en la Ley Nacional de Tránsito y el reglamento 523/09, donde se fijan las cantidades mínimas y máximas de (UF) que deberá abonar un conductor en caso de cometer determinadas faltas.

A su vez, el valor de las UF equivale al precio por litro de nafta de mayor octanaje informado por el Automóvil Club Argentino (ACA) sede ciudad de la Plata, que en las últimas semanas aumentó de $156,80 a $172.30.

De esta forma, frenar sobre la línea peatonal o invadir la línea de frenado implicará multas que van desde 50 a 100 UF, es decir, de $8.615 a $17.230.

En tanto, la sanción por exceder los límites de velocidad permitidos va desde 150 a 1000 UF, el equivalente a entre $25.845 y $172.300, mientras que la multa por cruzar un semáforo en rojo contempla el pago de 300 a 1000 UF, lo que representa actualmente entre $51,690 y $172.300.

Vale aclarar que los jueces de falta municipales son quienes, de acuerdo a las características particulares de cada infracción cometida y detectada por el sistema de fotomultas, determinarán el valor final de la multa que deberá pagarse.

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Precisiones

Días atrás, el bloque del concejales del Frente de Todos presentó un proyecto de ordenanza para que se garantice la señalización de las cámaras que se utilizarán para realizar fotomultas.

El bloque opositor aseguró que se “están instalando dispositivos que los vecinos desconocen”. Y afirmó que “muchos de los dispositivos no cuentan con cartelería”.

Al respecto, Chioli contestó que el municipio “va a dar cumplimiento con lo que dice la normativa” y añadió que “la señalización se va a hacer previamente a que los equipos estén en funcionamiento”.

“Ahora hay tres cinemómetros colocados. Todavía no nos han dado el ‘ok’ para que empiecen a funcionar, pero antes de que empiecen a funcionar va a estar la cartelería”, afirmó.

Asimismo, el funcionario remarcó que “con una antelación suficiente”, en la página web del municipio “se cargaron todos los puntos con las localizaciones donde se van a instalar los equipos para que la población pueda tomar conocimiento de ello”.

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Puntos críticos

En este marco, el director de Transporte aseguró que los equipos del sistema de fotomultas se colocarán en distintos puntos de la ciudad que “obedecen estrictamente a los puntos críticos que fueron relevados por el Observatorio de Seguridad Vial durante el período 2019-2021 como puntos críticos de siniestralidad con lesionados”.

En este sentido, más allá del extenso listado que difundió el municipio con los sitios en los que se colocarán los dispositivos, desde la comuna señalaron a la intersección de Colón y Jara y a la zona de Playa Chica como los lugares que más preocupación generan por la cantidad de accidentes que registran.

Ya lo mencionó el intendente (Guillermo) Montenegro y está a las claras: manejamos mal”, consideró Chioli. Además, sostuvo que, pese al “Plan Integral de Seguridad Vial se están haciendo todos los días con intervenciones en escuelas y establecimientos”, todavía “hace falta más”.

“Las fotomultas forman parte de ese Plan Integral que presentó el intendente en el COM (Centro de Operaciones y Monitoreo) y son una herramienta más que aporta elementos de tecnología para colaborar en el objetivo que tenemos, que es la eliminación de siniestralidad vial”, añadió el funcionario.

federico chioliEl director general de Transporte, Federico Chioli.

Recaudación

Por último, el director de Transporte se refirió a una crítica que se le hace al proyecto de las fotomultas y aseguró que “claramente no tiene un fin recaudatorio”.

Para nosotros, lo más importante es poder bajar los índices de siniestralidad que tenemos y pacificar el tránsito. La recaudación no es el objetivo de esto”, recalcó.

En este sentido, destacó que el “el intendente ya manifestó que los fondos que ingresen por esto, por las infracciones, se van a destinar el 100% a lo que es la seguridad vial”. “Se va a invertir en infraestructura vial, capacitaciones y demás. Está el compromiso de que todo lo que ingrese por esto se destine a la seguridad vial”, concluyó.

El gobierno oficializó este jueves el pedido de nulidad de contratos de concesión de autopistas Acceso Norte y Acceso Oeste, al considerarlos “lesivos al interés general”, mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial.

El Decreto 633/2022 fue adelantado el miércoles por el presidente Alberto Fernández, quien señaló que “son contratos que, a nuestro juicio, son absolutamente distorsivos y han generado un enorme daño económico al Estado nacional y, fundamentalmente, a los usuarios”.

El mandatario lo expresó al hablar sobre los convenios firmados en 2018 por la administración del entonces presidente Mauricio Macri.

El Presidente hizo el anuncio desde la Casa Rosada, junto al ministro de Obras Púbicas, Gabriel Katopodis, quien recibió el encargo de gestionar la nulidad de los contratos ante el fuero contencioso administrativo federal.

El decreto lleva la firma del Presidente, del ministro Katopodis, y del jefe de Gabinete, Juan Manzur.

El artículo 1 señala: “Decláranse lesivos al interés general, en virtud de la existencia de graves vicios que afectan a su legitimidad, los Decretos Nros. 607 y 608 del 2 de julio de 2018, respectivamente, aprobatorios de los Acuerdos Integrales de Renegociación Contractual de los Contratos de Concesión del Acceso Norte y del Acceso Oeste a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud de lo expuesto en el considerando de la presente medida”.

Además la norma instruye a Vialidad Nacional a ” interponer, por conducto de sus órganos dependientes, la pertinente acción de lesividad con el objeto de obtener la declaración judicial de nulidad de los actos citados en el artículo 1°”.Asimismo comunica la decisión a la Oficina Anticorrupción, a la Procuraduría de Investigaciones Administrativos, a la Procuración del Tesoro, a la Auditoría General de la Nación, a la Sindicatura General de la Nación, al Ministerio de Economía, de Obras Públicas y a la Dirección Nacional de Vialidad.

Así el Presidente ordena iniciar una acción judicial para lograr la nulidad de los contratos de concesión de las autopistas de los accesos Norte y Oeste a las empresas Autopistas Del Sol S.A. (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO), respectivamente.

De acuerdo con los contratos firmados en la época de Macri, y según lo solicitado por las empresas, en algunas estaciones de peaje se debería estar pagando 1.830 pesos si no hubiera actuado el Gobierno meses atrás para establecer los valores.

Además, el miércoles Fernández anticipó que la demanda que el Estado presentará en la Justicia por la concesión de las autopistas de los accesos Norte y Oeste “seguramente será acercada como prueba” en la justicia penal federal, “donde se investigan estos contratos en la llamada causa Peajes”, en la que se investiga la renegociación de contratos para la concesión de autovías durante el Gobierno de Cambiemos.

La concejal del Frente de Todos, Mariana Cuesta, propuso la implementación de un nuevo sistema para transformar servicio alimentario en jardines y escuelas municipales con el objetivo de garantizar que los chicos y las chicas de General Pueyrredon reciban alimentos nutritivos y saludables.

La presidenta de la comisión de Educación y Cultura del Concejo Deliberante elevó un pedido de informes al Ejecutivo en el cual los responsables de la Secretaría de Educación de la comuna confirmaron que desde hace tres años en el almuerzo de los diez jardines que reciben este servicio, no se incluyen carnes rojas y tampoco cuentan con nutricionistas.

“Es necesario pensar un nuevo sistema de alimentación. La propuesta es transformar lo que ocurre actualmente en las escuelas municipales, donde no hay planificación realizada por nutricionistas del menú y tampoco sabemos qué criterio se utiliza para brindar el servicio. Buscamos un sistema que dé respuesta a las necesidades de los y las estudiantes”, explicó la concejala.

A través de un proyecto de ordenanza, Cuesta propuso que las autoridades garanticen una “alimentación adecuada, variada y nutritiva”, a cargo de la Secretaria de Educación, pero que contará con el apoyo del Consejo Alimentario Escolar.

El objetivo del CAE será realizar un análisis detallado de la situación de cada establecimiento, para fijar qué tipo de servicio alimentario le corresponde, de acuerdo a las necesidades particulares de la comunidad educativa.

También elaborará estándares de alimentación nutritiva y saludable y confeccionará guías con recomendaciones y sugerencias, a partir de reglas y consideraciones de los organismos pertinentes.

El CAE, además, se ocupará de producir los menús para todos los estudiantes de General Pueyrredon. Desarrollará opciones con dietas especiales para los alumnos que así lo requieran, por patologías o cuestiones de salud. También habrá opciones vegetarianas y bajas en sodio para quienes lo dispongan.

El organismo, a su vez, realizará capacitaciones a estudiantes y familias y asumirá el rol de formar de manera continua al personal docente y equipos auxiliares en materia de alimentación en espacios escolares.

El CAE estará conformado por dos representantes de la cartera educativa, dos del Concejo Deliberante, al menos dos nutricionistas, un representante del Sindicato de Trabajadores Municipales y un integrante de la Secretaría de Hacienda.

A su vez, el proyecto establece que la Secretaría de Educación deberá elevar al CAE informes semestrales sobre la aplicación de la ordenanza.

Otro de los puntos que plantea la iniciativa de Cuesta es que el municipio deberá priorizar a empresas y Pymes locales, pequeños y medianos productores agroecológicos, sectores de la agricultura familiar y cooperativas y asociaciones de la economía popular a la hora de la compra de los alimentos.

La directora Ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta destacó la puesta en marcha de la nueva ruta área que va a unir las ciudades de Mar del Plata y Tucumán a partir del 5 de octubre con dos vuelos semanales los miércoles y domingos.

En un encuentro con el presidente de Aerolíneas, Pablo Ceriani y con el Director de Desarrollo Turístico de la firma, Ariel Ciano, la dirigente marplatense y funcionaria del Gobierno Nacional, dialogó sobre seis destinos directos domésticos desde y hacia Mar del Plata: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Bahía Blanca; en octubre se suma Tucumán y para la temporada de verano Rosario.

Raverta  destacó que continúa  “trabajando en el fortalecimiento de la economía de General Pueyrredon trazando rutas para la construcción de un país cada vez más federal”.

“Venimos trabajando en conjunto para ampliar los destinos que unan a General Pueyrredon con diferentes ciudades del país, promoviendo el turismo e incentivando las economías regionales que favorezcan el desarrollo económico y la generación de empleo”, remarcó la referente del Frente de Todos en Mar del Plata.

Desde el 5 de octubre, estará activa la ruta entre Tucumán y Mar del Plata, que volverá a funcionar inicialmente con dos vuelos semanales, los miércoles y los domingos.

“En julio se puso en marcha el Corredor Atlántico que une CABA, Mar del Plata, Bahía Blanca, Trelew, Comodoro Rivadavia, y Río Gallegos, impulsando las industrias naval, pesquera y el turismo. Además tenemos vuelos todo el año de Mar del Plata a Mendoza y a Córdoba”, añadió Raverta.

La investigación por el origen de los grupos de odio que realizaron violentos escraches en los últimos meses apunta ahora al “hermano del alma” del ex presidente Mauricio Macri. El vocero del grupo de odio Revolución Federal, al que se vincularon Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel, recibió transferencias millonarias de parte del grupo empresarial de Nicolás Caputo, según deslizaron fuentes de la investigación a El Destape.

Esta hipótesis tiene en la mira a Jonathan Morel, vocero de Revolución Federal y quien pedía “bala a los kirchneristas” en las redes sociales, como receptor de transferencias millonarias provenientes del grupo Caputo. La investigación apunta a dilucidar cómo se financian estas organizaciones violentas que salieron a la luz en los últimos meses. La “banda de los copitos”, como se la conoce ahora popularmente por ser supuestos vendedores de algodones de azúcar, pretendía alquilar un departamento cerca del de la ex presidenta, en una de las zonas más caras de la Capital Federal.

Revolución Federal viene realizando desde mayo escraches violentos y acciones ilegales en contra de políticos y edificio públicos. Entre sus víctimas se encuentran el referente del MTE, Juan Grabois, el actor Pablo Echarri y el flamante ministro de Economía, Sergio Massa. El 18 de agosto realizaron una marcha de antorchas frente a la Casa Rosada, a la que asistió Brenda Uliarte, hoy detenida por el intento de homicidio contra CFK. Existen dudas sobre su principal referente, que se presenta como un “comerciante” joven que tiene a cargo 4 empleados.

Morel reconoció que dijo: “hay que prender fuego y matarlos a todos”

En una entrevista en Net Tv, le preguntaron a Morel si dijo “con la política y la legalidad no se puede hacer nada, por lo cual hay que organizarnos para prender fuego el país y matarlos a todos”. En la respuesta lo reconoció aunque le intenta bajar el tono.

“Eso fue en TwitterSpaces. Yo no podría matar a nadie, pero eso fue en un momento de enojo, son conversaciones más privadas. Uno abre ese espacio cuando hay un quilombo. Por ejemplo, el space que titulé Amor en Recoleta, el día que Alberto Fernández salió a hablar en TN y no dijo nada de qué hacer con la pobreza o la inseguridad y sólo habló de Cristina, yo estaba indignadísimo. Seguro en ese momento habré dicho barbaridades sobre él, pero fue lo que en su momento generó un tipo cínico y soberbio”, señaló.

Leonardo Sosa es otro de los referentes de Revolución Federal. En sus redes, donde replica lo que sostienen los referentes libertarios e incluso la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, se burló del intento de magnicidio. El 3 de septiembre, por ejemplo, retuiteó: “No me defraudaron y se le pararon de manos al discurso victimista K, los felicito a los dos @JMilei y @jlespert”.

También el 3 de septiembre, Sosa retuiteó una frase de José Luis Espert que había replicado Avanza Libertad: “@jlespert en @C5N: ‘Acá no hay ni violencia política como la que tuvimos en los 70 que fue un baño de sangre, eso sí fue violencia política, ni tampoco hay discurso de odio. No tienen ni idea de lo que es un discurso de odio’”, dijo para bajarle el precio al intento de magnicidio. Un día antes, el 2 de septiembre, Sosa tuiteó en favor de la presidenta del PRO por su reacción ante el intento de asesinato de Cristina: “Bullrich 2023 mas que nunca”. A su vez, ante la declaración previa de Máximo Kirchner de que “en Juntos por el Cambio están viendo quién mata al primer peronista”, tuiteó: “JSNDKDKD OJALA”.

Tezanos Pintos, la abogada Gladys Egui, Leonardo Sosa y Gastón Guerra se reunieron el 28 de agosto en el sexto piso del edificio de Juncal y Uruguay, justo un piso más arriba de donde se encontraba CFK. Tanto Sosa como Guerra se fotografiaron en el departamento y subieron la imagen a redes.

 

Tras un picante debate, la Asamblea Extraordinaria del cuerpo de delegados y la comisión directiva del Sindicato de Trabajadores Municipales aceptó por mayoría la propuesta de recomposición salarial del Ejecutivo, consistente en un aumento del 10% en agosto (retroactivo), un 10% en septiembre y un 10 % en octubre.

En el marco de la Asamblea, el secretario adjunto Daniel Zacarías explicó que “con el retroactivo al mes de agosto y el aumento de septiembre cobraríamos un 30% de aumento salarial para los primeros días del mes de octubre”, asegurando que “la negociación no fue fácil, fue la más difícil de todas en mucho tiempo”.

Por su parte, el titular del gremio, Antonio Gilardi, destacó que “se trajo un retroactivo a agosto cosa que hace tiempo no pasaba y que no estaba en discusión del Ejecutivo”.

En noviembre se vuelven a abrir las paritarias. Los aumentos son en base a los sueldos de enero del 2022.

Cabe traer a colación que en lo que va del año, el Sindicato de Trabajadores Municipales y la gestión de Montenegro ya acordaron un aumento salarial del 36%. La última actualización fue del 15% que se dividió en un 8% en mayo y un 7% en julio.

En el marco de una conferencia de prensa que se desarrolló este lunes en la sede de la Asociación de Empleados de Casinos Nacionales, el secretario general de la Asociación Gremial de Empleados de Administración, Maestranza y Servicios de Casinos (AMS), Roberto “Chucho” Páez, dio detalles sobre la denuncia del “apriete sindical” que sufrió junto a su hija de 10 años el último sábado, por el cual responsabilizó a gente del Sitaclah.

Páez relató que “a las 15.10 del sábado salía de mi casa con mi hija, de 10 años, de la mano. Íbamos a ver un partido de fútbol de mi hijo mayor. Fui interceptado por tres desconocidos, me amenazaron e increparon, y me dicen que yo era uno de los culpables junto al compañero Marcos Labrador de que el sindicato de ellos no tenía ámbito de actuación en los casinos, y que ellos eran de parte de un sindicato denominado SITACLAH. Yo les digo que no tengo tanto poder para trabar estas cuestiones que se dirimen en el ámbito del Ministerio de Trabajo, no se dirimen entre trabajadores y ellos me replican que esto se tiene que terminar porque dentro de diez días volveremos de otra manera”.

Agregó que en esas circunstancias “mi hija se largó a llorar. Pasamos un momento tremendo, toque el timbre y bajo mi señora, mientras estos sujetos se fueron caminando por la calle Italia hasta Balcarce. Mi señora agarró el auto para ver en que se movilizaban, pero no logró ubicarlos, indudablemente tenían algún auto en las cercanías que les sirvió de apoyatura. Esta fue toda la situación con todo lo que trae aparejado, a la nena le han quedado secuelas, la tuvimos que trasladar a otro domicilio para que pudiera dormir a la noche”.

Refirió, además, que “inmediatamente, me dirigí a la Comisaria Cuarta, donde fui muy bien atendido y se tomó la denuncia. También me comunique con el Secretario de Seguridad, quien se puso a disposición y me mandó algunas filmaciones que hay que corroborar para ver la certeza que tienen”, añadiendo que “el comisario de la Cuarta, Miguel Leguizamón se contactó conmigo a la tarde, me dijo que veía necesario poner un rondín, también se comunicó el jefe de la Departamental para ponerse a disposición”.

Con respecto a los presuntos autores de las amenazas, precisó que “esta gente ya tiene otros antecedentes y una metodología de actuación ; han realizado lo mismo hace unos años atrás, en el domicilio particular de un director de Casinos ; también, son los mismos que bloquearon el acceso al Casino Central este verano no habiendo ninguna cuestión que fuera conflictiva; hace un mes atrás quisieron entrar al Casino Central por la fuerza y fueron desalojados por la policía, con la presencia de un director provincial que estaba de casualidad estaba en Mar del Plata; son los mismos que amenazaron al Secretario de Obras, Jorge González hace un tiempo atrás; y que se metieron en la oficina de la Secretaria de Desarrollo Social, Vilma Baragiola , quien se comunicó conmigo y me manifestó el accionar de esta gente, expresándome toda su solidaridad”.

Agradeció a los medios de difusión que se hicieron eco del hecho, y las muestras de solidaridad recibidas por parte de la directora del Anses, Fernanda Raverta, del diputado nacional, Leopoldo Moreau, del Ministro de Trabajo de la provincia Walter Correa, del secretario de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, obviamente de mis compañeros de bloque, del presidente del bloque de Vamos Juntos, Agustín Neme, del concejal Fernando Muro, de los dos concejales de Acción Marplantense Horacio Taccone y Paula Mantero y del concejal Alejandro Carrancio”.

“Un sinnúmero de organizaciones, instituciones gremiales, sociales, culturales y políticas se solidarizaron porque esto nos afecta a todos, la violencia la tenemos que erradicar entre todos porque no se concibe más vivir en esta sociedad donde quieren implementar métodos de la selva, del más fuerte, que no tienen nada que ver con el sistema de vida que hemos elegido los argentinos”, concluyó.

El Sindicato de Trabajadores Municipales (SMT) definió hoy en una asamblea un paro de 24 horas, con concurrencia a lugar de trabajo, para el próximo lunes 12 en el marco de la discusión salarial que mantiene el Ejecutivo.

La retención de tareas será por 24 horas y se mantendrán las guardias mínimas, según señalaron fuentes gremiales.

Además, la asamblea extraordinaria pasó cuarto intermedio hasta el lunes a las 18 a la espera de una mejora en la oferta salarial que pudiera hacer el municipio.

La negociación salarial comenzó hace algunas semanas, pero las partes están lejos de llegar a un acuerdo. Los municipales reclaman una suba del 20% para agosto y un 10% en septiembre, para contrarrestar el impacto de la inflación. Hasta ahora, la gestión de Montenegro ofreció un aumento del 15% en septiembre y otra parte en noviembre.

Cabe señalar que en lo que va de 2022, el Sindicato de Trabajadores Municipales y la gestión de Guillermo Montenegro ya acordaron un aumento salarial del 36%. La última actualización fue del 15% que se dividió en un 8% en mayo y un 7% en julio. Durante los primeros siete meses del año, sin embargo la inflación llegó al 46,2%.

El último jueves, el Sindicato realizó un paro y cientos de trabajadores marcharon con banderas y bombos hasta la Municipalidad, donde montaron hasta pasado el mediodía una ruidosa protesta que bloqueó el tránsito por Hipólito Yrigoyen.

En el marco de la jornada de protesta, no hubo clases en las escuelas municipales y se vieron afectados los servicios que dependen de la Comuna, con excepción del área de Salud, para el que se dispusieron guardias mínimas.

Estamos asistiendo en Mar del Plata – desde que asumió la gestión de Montenegro – a diversos acontecimientos que empiezan a ser el comentario de muchos marplatenses; y todos se relacionan con la misma persona. Nos referimos al actual subsecretario de seguridad de la comuna Gustavo Jara.
Al comienzo de su gestión, en un más que confuso episodio, le sustrajeron un arma de su automóvil particular. Al poco tiempo una camioneta municipal embistió a un vecino de la ciudad. El chofer se escapó y al rato un agente de tránsito apareció diciendo que se la habían robado pero cuando este vecino concurrió al COM fue recibido por Jara y la respuesta del funcionario dejo más dudas que certezas. Esto motivó un pedido de informes del HCD que por supuesto nunca contestó.
Pero se pone peor. La noche del sábado 25 de junio se realizó una fiesta privada en un balneario del sur de la ciudad que termino en un hecho trágico: el asesinato de un participante de dicha fiesta donde (oh casualidad) se hallaban funcionarios municipales y familiares de Gustavo Jara. Y en el estacionamiento del balneario un móvil de la secretaria de seguridad. Esto motivo gran repercusión mediática y otro pedido de informes sin contestar.
Por fin, esta semana nos enteramos de un hecho policial bastante singular: quisieron entrar a robar en una casona sobre la costa marplatense. Esa casona estuvo mucho tiempo usurpada y ahora nos enteramos que el actual ocupante es el mismísimo Jara, quien ha dejado trascender que tiene un permiso del supuesto dueño. Ya muchos se preguntan qué o quienes están detrás del por lo menos polémico funcionario, quien no se cansa de decir a cuantos quieran escucharlo que él responde únicamente a Patricia Bullrich. ¿Seguirá Montenegro pagando costos políticos y encubriéndolo? Todo muy raro.