En un encuentro con el presidente de Aerolíneas, Pablo Ceriani y con el Director de Desarrollo Turístico de la firma, Ariel Ciano, la dirigente marplatense y funcionaria del Gobierno Nacional, dialogó sobre seis destinos directos domésticos desde y hacia Mar del Plata: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Bahía Blanca; en octubre se suma Tucumán y para la temporada de verano Rosario.
Raverta destacó que continúa “trabajando en el fortalecimiento de la economía de General Pueyrredon trazando rutas para la construcción de un país cada vez más federal”.
“Venimos trabajando en conjunto para ampliar los destinos que unan a General Pueyrredon con diferentes ciudades del país, promoviendo el turismo e incentivando las economías regionales que favorezcan el desarrollo económico y la generación de empleo”, remarcó la referente del Frente de Todos en Mar del Plata.
Desde el 5 de octubre, estará activa la ruta entre Tucumán y Mar del Plata, que volverá a funcionar inicialmente con dos vuelos semanales, los miércoles y los domingos.
“En julio se puso en marcha el Corredor Atlántico que une CABA, Mar del Plata, Bahía Blanca, Trelew, Comodoro Rivadavia, y Río Gallegos, impulsando las industrias naval, pesquera y el turismo. Además tenemos vuelos todo el año de Mar del Plata a Mendoza y a Córdoba”, añadió Raverta.
La vicepresidenta Cristina Kirchner salió al cruce de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola por decir que la causa de la obra pública tienen en sus expedientes tres toneladas de pruebas. La funcionaria comparó el relato con una serie que publicó recientemente la plataforma Netflix.
““Tres toneladas de pruebas”: Clarín y los fiscales Luciani y Mola deben dejar de mirar Netflix. Agarren la Constitución, los libros de derecho administrativo y el código penal y procesal, que no muerden”, escribió la vicepresidenta en su cuenta personal de Twitter.
La publicación fue acompañada por la imagen de tapa de la serie que tiene el título “3 Tonelada$, asalto al Banco Central”. Clarín publicó hace algunas semanas que Luciani iba a comenzar los alegatos luego de estudiar tres toneladas de prueba. El relato fue repetido por La Nación + y Todo Noticias cada vez que tratan la noticia del inicio de los alegatos.
La idea de pesar pruebas es similar al relato montado por Jorge Lanata cuando decía que los kirchner pesaban el dinero para no tener que contarlo. La misma estrategia usó Patricia Bullrich cuando era ministra de Seguridad y dijo que en la represión por la reforma previsional en 2017 le tiraron a la policía de la Ciudad 14 toneladas de piedras.
El Gobierno nacional acordó con las cámaras del sector panadero garantizar el abastecimiento a precios razonables de pan, que en junio tuvo incrementos de hasta 3,4%, y acciones para potenciar el funcionamiento del fideicomiso del trigo con la incorporación de más molinos.
El secretario de Comercio Interior, Martín Pollera, se reunió con todos los actores de la cadena productiva, quienes se comprometieron a mantener un precio razonable del pan en todo el país; y también hubo avances con el sector fideero para acordar el precio de pastas secas.
El funcionario recibió este martes por la tarde a representantes de las cámaras panaderas y cooperativas con el objetivo de abordar las problemáticas por las que atraviesa el sector.
“Fue una reunión muy productiva en la que dimos respuesta a varias preocupaciones del sector y en la que convocamos a una mesa para mejorar los mecanismos del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA) y defender sus productos pero siempre poniendo como prioridad el precio del pan”, señaló Pollera.
“La reunión fue muy fructífera, le planteamos al nuevo secretario de Comercio toda una serie de pedidos que teníamos, muchas cosas que habían quedado por resolver”, coincidió el titular del Centro de Panaderos 27 de Abril de Avellaneda, Gastón Mora.
Desde la Dirección Nacional de Políticas Integradoras del Ministerio de Desarrollo Social indicaron que “sigue en marcha” la creación de una Empresa Nacional de Alimentos y por ello presentaron en Mar del Plata a una de las referentes de latinoamérica en la materia: Patricia Ballivian, Gerenta General del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas del Estado Plurinacional de Bolivia, quien estuvo brindando una serie de charlas en la ciudad.
“Las empresas públicas son generadoras de excedentes, pero también reguladoras de precios. Arreglan las fallas del libre mercado, que distorsionan e incrementan precios por los oligopolios, monopolios y concentran las riquezas en ciertos privados afectando directamente a la población”, definió Ballivian en su paso por Mar del Plata.
Acompañada por el Director Nacional de Políticas Integradoras del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y promotor de la Asociación Civil Empresa Nacional de Alimentos del Sudeste, Rafael Klejzer, la funcionaria boliviana desarrolla este miércoles una agenda que incluyó visitas al Puerto, una conferencia abierta a las 14 (con gran participación de productores del cordón frutihortícola) en el Sindicato de Luz y Fuerza y cierra el día visitando la Cooperativa El Amanecer.
Durante el gobierno de Evo Morales, Ballivian fue gerenta comercial de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) y ministra de Desarrollo Productivo, por lo cual considran que “su exitosa experiencia es de referencia para la posible creación en nuestro país de la ENA”.
“Las empresas públicas y el modelo que llevó a cabo desde el 2006, con la recuperación del rol del Estado y la nacionalización de nuestros hidrocarburos, dio comienzo a una nueva Bolivia, recuperando el rol de Estado generador de recursos, de administrador, planificador, protector. Y refundamos el país con una nueva Constitución en el 2009 instituyendo un modelo económico-social-productivo-comunitario que, pese al Golpe de Estado del 2019, no pudieron destrozarlo”, afirmó.
Seguidamente, añadió que el modelo permitió “bajar la extrema pobreza a la mitad”. “Generamos bonos en los niños, ancianos y embarazadas, fuimos cinco veces el país de mayor crecimiento a nivel regional y sobre todo devolvimos derechos a los pueblos indígenas, a las mujeres. Además, hoy tenemos un 0.90 de inflación”, destacó, como resultado de la nivelación en los precios que genera la creación de estas empresas.
En su paso por la ciudad también la acompañó la directora de Sensibilización y Promoción de Derechos del Ministerio de Mujeres y Género de la Provincia, Lourdes González, miembros de Asociación Civil Empresa Nacional de Alimentos del Sudeste, encabezada por Aldo Alberto Albarracín y su vicepresidenta Carla Agustoni, y el coordinador del Plan Federal de Ferias local, Mauricio Maglione
“Eso no es peronismo, peronismo es dar laburo”, afirmó la vicepresidenta Cristina Kirchner en un tramo de su mensaje en el plenario de la CTA en el que se refirió a la distribución de planes sociales, de crecimiento exponencial desde que ella dejó la Casa Rosada. El tema viene generando debate dentro y fuera del oficialismo, especialmente respecto al papel que juegan las organizaciones sociales. La vicepresidenta planteó la necesidad de que el Estado nacional recupere “el control, la auditoría y la aplicación” de estas políticas, un reclamo al que adhieren gobernadores e intendentes que han visto crecer en poder e influencia a los movimientos. Desde la oficina del ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, quien ya se reunió dos veces con la vicepresidenta para analizar la cuestión, prometieron novedades en los próximos días. En el sector de las agrupaciones sociales pertenecientes al Frente de Todos criticaron lo que evaluaron como una “derechización” del mensaje y la búsqueda de su estigmatización. Cristina le dedicó todo un tramo de su mensaje, en un recorrido desde el nacimiento de este tipo de asistencia a la que definió como producto de las políticas neoliberales de los ’90. Contrariamente a lo que seguro dirían quienes sólo se informan a través de medios opositores, la vicepresidenta explicó que durante los años del kirchnerismo los planes se redujeron drásticamente. Pasaron de más de dos millones a 253 mil -el 10%- cuando ella dejó la presidencia, en diciembre de 2015. El gobierno de Mauricio Macri más que los duplicó y los llevó a 641 mil a fines de 2019.
A poco de comenzar, la gestión de Alberto Fernández debió enfrentar la pandemia, por lo que el número de planes se multiplicó hasta llegar al 1.300.000. Una crítica que se le hace al ex ministro y actual diputado Daniel Arroyo es que para asegurar la paz social distribuyó demasiado generosamente entre las organizaciones de izquierda, quienes hoy protagonizan las principales protestas en el centro porteño para no perder posiciones. Para peor, trascendió que una de estas organizaciones -el Polo Obrero- le cobra el 2% a los beneficiarios para financiarse. “Hoy estamos en un 7% de desocupación, estamos a 1,1 punto de alcanzar el 5,9 que teníamos allá por el 2015, pero tenemos 1.300.000 planes. Hay algo que vamos a tener que revisar”, advirtió la vicepresidente, por un lado. Por el otro, planteó la necesidad de terminar con lo que denominó la “tercerización” de las políticas sociales. “El Estado debe recuperar ese rol y transparentar frente a la opinión pública todo esto”, propuso, además de apuntarle a los dirigentes que deciden las altas y las bajas en los planes. Por si faltara aclarar, hubo una referencia directa al Movimiento Evita, la organización social que manejan Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro, uno de los principales respaldos territoriales del presidente Alberto Fernández. “¡En nombre de Perón y Evita! Si Evita los viera. ¡Mamita!”, lanzó en medio de los aplausos de los dirigentes kirchneristas, especialmente los pertenecientes a La Cámpora, que mantienen una histórica tensa relación con el Evita en la Provincia.
El juez federal Julián Ercolini sobreseyó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a exfuncionarios de su Gobierno y a un centenar de empresarios en un tramo de la investigación por supuesta “cartelización” de la obra pública vial, abierta como derivación del llamado “Caso de los Cuadernos” de los supuestos sobornos en ese ámbito.
En una resolución de 98 carillas a la que tuvo acceso Télam, el juez de primera instancia consideró que “no fue posible, a pesar de la profusa investigación llevada a cabo, establecer la responsabilidad de los imputados en los hechos” que se investigaron en esta parte del caso, vinculados a algunos supuestos pagos ilegales mencionados por el financista “arrepentido”, Ernesto Clarens.
La resolución
Ercolini sobreseyó en esta parte del caso a la Vicepresidenta, al exministro de Planificación Federal Julio De Vido, al exsecretario de Obra Pública José López y a Clarens, además de un centenar de empresarios de la construcción, entre los cuales están Juan Chediak, Aldo Roggio, Eduardo Eurnekian, Cristóbal López y Fabián De Sousa.
Esta investigación se abrió como un derivado de la causa central por los cuadernos del militar retirado y exchofer del Ministerio de Planificación Federal, Oscar Centeno, que ya fue enviada a juicio y está en etapa de preparación ante el Tribunal Oral Federal 7.
El TOF7 también prepara para el juicio la otra parte de la causa por “cartelización” de la obra pública en la que sí hay procesamientos confirmados.
“Llegado el momento de resolver en autos, y dado que se ha agotado la etapa investigativa, al menos con relación a los imputados en los hechos desarrollados en este acápite, ante la ausencia de medidas pendientes de producción; es que habré dictar el sobreseimiento”, agregó Ercolini.
En el caso de los empresarios, fueron vinculados “sustancialmente” como “propietarios, autoridades o empleados de determinadas empresas cuyo único lazo con la causa, es su mención en algunos de los listados emitidos por los organismos oficiales (de la DNV o la Secretaría de Energía), mas las empresas no fueron mencionadas en listados, ni anexos; ni por testigos, ni arrepentidos”, puntualizó.
Julián Ercolini / Foto: Archivo.
Las nuevas pruebas incorporadas al caso al profundizarse la pesquisa por orden de la Cámara Federal porteña, que había dictado la falta de mérito, “no arrojaron luz respecto a la intervención de los nombrados en los acontecimientos mencionados”.
La resolución firmada por Ercolini, en su calidad de juez subrogante del tribunal que encabezaba el fallecido Claudio Bonadio, comprende la parte del expediente que tenía por objetivo indagar sobre la supuesta responsabilidad de distintos empresarios en entregas de dinero al financista Clarens y a López.
Bonadio había procesado a los empresarios pero esa decisión fue luego revertida por la Cámara Federal porteña, que señaló que no todos los que aparecían en listados oficiales aportados durante el Gobierno de Mauricio Macri -desde Vialidad Nacional, por ejemplo- eran responsables de los delitos endilgados.
“Obsérvese que en muchos casos, y a partir de la readecuación de los sucesos efectuada por la Cámara del Fuero, muchos de los empresarios y/o empleados de alto rango que fueron indagados oportunamente –más allá del temperamento expectante adoptado-, resultaron prácticamente desvinculados de la investigación, ya sea porque las empresas de las que eran responsables y/o ellos mismos no fueron mencionados en listados, ni anexos; ni por testigos, ni arrepentidos”, sostuvo Ercolini.
Otros fueron desvinculados “porque habrían desempeñado roles de injerencia en las compañías antes o después de los pagos registrados en aquellas listas o no detentaban posición jerárquica alguna; o no se contaba con otra prueba más que el registro de sus comunicaciones mantenidas con alguno de los funcionarios intervinientes en la maniobra, y/o el intermediario. Estas valoraciones actualmente deben mantenerse y las hago propias, ya que no fue posible a pesar de la profusa investigación llevada a cabo, establecer la responsabilidad de los imputados en los hechos referidos en este resolutorio”, enfatizó.
En la misma resolución, Ercolini procesó al imputado Gustavo Dalla Tea, de la empresa CPC, por presunto “cohecho activo”.
El diputado kirchnerista aseguró que la vicepresidenta tiene “un liderazgo político indudable”, aunque aclaró que el Presidente es quien “toma las decisiones”.
En medio de la interna oficialista, el diputado kirchnerista Leopoldo Moreau consideró “insólito” que el presidente Alberto Fernández esté dispuesto a conversar con “los sectores más concentrados de la economía”, como la Unión Industrial Argentina (UIA), y no con la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. A mí me parece insólito que el Presidente anuncie que está dispuesto a dialogar con los sectores más concentrados de la economía argentina, como por ejemplo la UIA que en realidad ya ni representa a los industriales, y diga que no está dispuesto a dialogar con Cristina”, expresó en declaraciones a Metro 95.1.En esa línea, el legislador del riñón cristinista señaló que “hay un liderazgo político indudable, una centralidad política que está en cabeza de Cristina Kirchner”, aunque remarcó que “hay un dato insoslayable de la realidad: el Presidente es el que toma las decisiones finales y eso nunca estuvo en discusión”.
En tanto, pese a su desacuerdo con la actitud presidencial, evitó hablar de “en términos de interna porque, en general, la gente vincula las internas con pujas por espacio de poder o candidaturas”. Desde su óptica, la situación que atraviesa el oficialismo “es una discusión hacia el interior que tiene que ver con algo que está muy por encima de eso, que es la definición de políticas”.
“Eso es lo que nos diferencia de Juntos por el Cambio, porque eso sí es una interna, que están debatiendo por anticipado quién va a ser el candidato a presidente, si van a admitir a fulanito o menganito o lo van a echar”, evaluó.
El Senado reanudará el miércoles próximo el debate en comisión sobre la reforma en la composición de la Corte Suprema de Justicia, con la apertura de una ronda de expositores que incluirá a constitucionalistas y a representantes del Poder Judicial.
Los senadores de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales discutirán ese día desde las 12 sobre los alcances de cuatro proyectos de ley presentados desde el Frente de Todos (FdT) que proponen ampliar el número de jueces, mayor federalismo y paridad de género.
Desde el interbloque de la oposición de Juntos por el Cambio (JxC) adelantaron que no apoyarán una reforma en este momento por considerar que “es inoportuna” y que forma parte de la controversia entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial iniciada en torno al Consejo de la Magistratura.
Con la presentación de un nuevo proyecto en el último plenario de comisiones de esta semana, suman cuatro las iniciativas para reformular al máximo tribunal: las del puntano Adolfo Rodríguez Saá y la neuquina Silvia Sapag, ambos del FdT, y las de dos aliados como el rionegrino Alberto Weretilneck y la riojana Clara Vega.
En el inicio del debate, Sapag anunció la presentación de un proyecto propio que eleva de cinco a 15 la cantidad de miembros del tribunal y que busca analizar la “calidad profesional” de los magistrados antes de que ocupen una vacante.
La legisladora explicó que en el articulado introdujo como requisito que los jueces certifiquen sus antecedentes laborales, las empresas que integraron y los clientes que tuvieron como abogados.
La iniciativa
El proyecto de Rodríguez Saá sugiere elevar el número de jueces a nueve, mientras que el de Weretilneck establece que sean 16 los miembros y el de Vega no pone el foco en la cantidad de magistrados sino en que sea conformado por más mujeres.
Todos los textos coinciden en la necesidad de lograr mayor federalismo con la designación de magistrados con más representación por regiones del interior del país, así como de un mayor número de mujeres.
Sólo dos mujeres integraron la Corte Suprema de Justicia: la fallecida Carmen Argibay y Elena Highton de Nolasco, quien renunció al cuerpo en 2021 y su puesto aún se encuentra vacante, y ninguna de ellas ejerció la presidencia del tribunal.
Elena Highton de Nolasco, renunció al cuerpo en 2021.
Otro de los ejes del debate tiene que ver con la posibilidad de que rija la especialización de los jueces por temas, además de la división por salas que incorporan los proyectos en danza, con la meta de agilizar las resoluciones ante las demoras de años en la emisión de sentencias.
En diálogo con la prensa, el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Guillermo Snopek, respondió las críticas de la oposición que calificó de “inoportuno” el debate en este momento, y recordó que “no es un tema de ahora” sino que viene siendo planteado desde antes de 2016.
Snopek enumeró iniciativas presentadas en los últimos años por exsenadores como los peronistas Norma Durango, Juan Manuel Abal Medina, Inés Blas, Marcelo Fuentes o Liliana Negre de Alonso, que hacían hincapié en la falta de equidad de género en la actual Corte.
También recordó que hubo proyectos presentados por senadores de la entonces oposición como el radical Ángel Rozas, aunque desde JxC no presentaron propuestas por el momento para este debate.
En el plenario de comisiones del miércoles pasado, la presencia de senadores de la oposición fue notoriamente reducida y sólo se expresaron sobre las iniciativas el cordobés Luis Juez y la tucumana Beatriz Ávila.
“La Justicia nos atraviesa transversalmente y nunca están dadas la oportunidad y la perfección para el planteo de los temas. ¿Qué le decimos a quien reclama alimentos después de ocho años sin sentencia o a un jubilado que se muere esperando una sentencia?”, se preguntó Snopek.
Encargado de moderar los debates junto al presidente de la comisión de Justicia, Oscar Parrilli, Snopek adelantó que el próximo miércoles se abrirá una lista de invitados a exponer que incluirá a constitucionalistas y a integrantes del propio Poder Judicial.
La nómina terminará de pulirse este fin de semana y desde el oficialismo dijeron que esperan la participación de los senadores de JxC para terminar de definir la lista de expositores.
Snopek explicó que la discusión está abierta pero que no hay plazos para la emisión del dictamen y la discusión del tema en el recinto.
En rueda de prensa realizada, este miércoles en el hall central del Palacio Municipal, los dirigentes de las centrales obreras de Mar del Plata expresaron su rechazo y preocupación por el boletazo, que el oficialismo conjuntamente con Acción Marplatense pusieron en marcha a partir de impulsar la cesión de las facultades al intendente Guillermo Montenegro, para una vez más incremente el valor del boleto plano, con el pretexto trillado de encomendarle gestiones ante las autoridades nacionales a fin de equiparar los subsidios al transporte público, como aconteció el año pasado.
“Expresamos nuestro rechazo y nuestra profunda preocupación por este nuevo aumento del boleto de colectivo, que implica un cien por cien respecto al incremento del año pasado, es un golpe durísimo al bolsillo de los trabajadores y trabajadoras, que son quienes usan el transporte público de pasajeros, que es absolutamente deficitario”, planteó la secretaria adjunta de la CGT, Adriana Donzelli.
Por su parte, el secretario general de la CTA Autónoma, Diego Lencinas, hizo hincapié en que “no descartamos seguir con distintas acciones, de hecho estamos discutiendo con los movimientos populares ver como continuamos con esta situación, que como decía Adriana golpea salvajemente el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras y, sobre todo, a los compañeros de la Economía Popular que viven el día a día; un incremento de estas características solamente beneficia a un solo sector que es el empresariado”.
Finalmente, la secretaria general de la CTA de los Trabajadores, Graciela Ramundo, subrayó que “hay un montón de problemas del transporte que los tiene que tomar de manera sería el gobierno municipal”, sentenciando que “tienen que dejar de legislar para las empresas y empezar a hacerlo para los trabajadores”.
El proyecto que autoriza al Ejecutivo nacional a firmar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la refinanciación de la deuda contraída en 2018 por el gobierno macrista fue convertido en ley este jueves con el voto positivo de la mayor parte del oficialismo y de la bancada opositora.
Tras casi diez horas de sesión, la Cámara alta avaló el entendimiento con el FMI para el refinanciamiento de la deuda de más de 44 mil millones de dólares, por 56 votos contra 13 y tres abstenciones.
En la mayoría de los 40 discursos escuchados durante la sesión especial, desde los dos principales espacios políticos, el Frente de Todos (FdT) y Juntos por el Cambio (JxC) coincidieron en la necesidad de priorizar el hecho de que Argentina firme el acuerdo con el FMI para no caer en default.
Foto: Florencia Downes
Entre los votos positivos, 20 fueron del oficialismo y 36 de la oposición, mientras que de los 13 negativos todos fueron del FdT.
Tres senadoras, las neuquinas Lucila Crexell (JxC) y Silvia Sapag (FdT) y la rionegrina Silvia García Larraburu (FdT) optaron por la abstención.
La sesión fue abierta por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien se retiró luego para mantener reuniones en su despacho, reapareció en mitad de la tarde y luego volvió a retirarse y dejó en manos de la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma, la conducción de la votación final.
En los discursos del FdT prevalecieron las críticas al origen de la deuda contraída con el organismo internacional por el gobierno de Mauricio Macri y se repitieron las voces que definieron al préstamo adquirido con el organismo como “una de las mayores estafas” al pueblo argentino.
Comentarios
La calle anda diciendo..
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FISTAS CLANDESTINAS,UN EFECTIVO POLICIAL ACECINADO
Entre ellos se cubren, expediente de espionaje ilegal paso a Comodoro Py
ROBERTO CHUCHO PAEZ DIALOGO CON VECINOS DE LA TRINIDAD Y BARRIOS DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD