La licitación del transporte público de pasajeros, junto con la de la gestión del predio de disposición final de residuos, la reforma de la Tasa de Servicios Urbanos y la eventual reformulación del Código de ordenamiento Territorial, será una de las cuestiones medulares que animaran la agenda del Concejo Deliberante durante el nuevo periodo legislativo.

El voto “no positivo” en la comisión de Legislación de Alejandro Carrancio, quien hasta entonces era presidente de la bancada oficialista Vamos Juntos, fue determinante para sepultar el proyecto del Ejecutivo que buscaba licitar el transporte público de pasajeros.

Pero no sólo precipitó una crisis interna en el frente gobernante, que derivó en la escisión de la Agrupación  Crear  y  la renuncia en masa de los funcionarios del espacio referenciado por Lucas Fiorini, sino que aquel voto en disidencia  contra un pliego, que venía cuestionado por el largo plazo de concesión (20 años con opción a 5 más) y por estar abierto a empresas judicializadas, dejó entrever una oscura trama de intereses, pues apuntó al “fuerte impacto en el costo del boleto que tendrían las obras de infraestructura previstas e innecesarias. De hecho, sin eufemismos, el edil aseguró incomodando a sus pares de bancada que “la decisión de la creación de estas obras no es fundamental para la implementación del sistema porque hoy con el sistema de SUBE que tenemos podemos mantener un sistema de transbordo sin estos intercambiadores”.

Más allá de la ventilación cruzada para que el aire circule y del reforzamiento de las medidas de cuidado ante el avance de la tercera ola de Covid-19, adoptadas en el Concejo Deliberante, en lo concerniente al esencial, deficiente y caro servicio de colectivos, no bastan para disipar el tufillo de oscuras tramas de intereses.

La falta de voluntad política y la connivencia de administraciones y estructuras municipales con los intereses empresariales constituyeron el iceberg contra el cual colisionó la implementación de los instrumentos legislativos para proceder a la reestructuración general del servicio para la cual fue creada en teoría una Sociedad de Estado mediante la Ordenanza 6979, sancionada en noviembre de 1987, que ya cumplió de vigencia una y otra vez ignorada por los oficialismos de turno.

 En los hechos es un secreto a voces que circulan por los pasillos del Palacio municipal, atravesando las distintas administraciones, el montaje de una oscura trama de intereses que incluye a ex ediles devenidos en loobies “apretando” a quienes no se avienen a componendas, así como a personajes avezados que alternan ya sea recurrentemente las bancas o la función pública, y funcionarios de carrera, que engrosan la planta municipal como producto del clientelismo político.

Otro instrumento legislativo igualmente vigente como rayano en la entelequia   es el Capítulo II del Decreto 1308/71 donde se contempla la posibilidad de implementar “Servicios provisionales”. Los artículos 25º y 26º determinan que dentro de las bases del Artículo 3 de dicho decreto, el Departamento Ejecutivo podrá autorizar, a propuesta interesada en zonas poco pobladas o caminos de tráfico incierto, el establecimiento de servicios provisionales, por el termino de tres años, renovables por igual periodo.

Cabe traer a colación un intento frustrado de su puesta en vigencia, que se remonta a  mediados de 1995,  en circunstancias en que ante el incumplimiento inveterado de las frecuencias por parte de las empresas de transporte urbano de pasajeros,  se generó una propuesta del Ingeniero Fernando Baldonado orientada a implementar este sistema de “servicios provisionales de transporte público de pasajeros en barrios y zonas periféricas”, que contó con el apoyo de los vecinos de los barrios Santa Rosa del Mar, Juramento, Cerrito y San Salvador, y la Comisión Pro Acueducto Sur.

“Los vecinos, a través de sus asociaciones de fomento o de otras entidades, organizarían y controlarían su propio servicio de transporte y, fundamentalmente, contarían con la seguridad de no quedarse a pie por la arbitraria decisión de alguna empresa”, fundamentó por entonces Baldonado su iniciativa, que facilitaría el acceso directo a los hospitales Materno Infantil e Interzonal de Agudos desde la periferia.

Inclusive los vecinos de la zona sur entre los reiterados pedidos, hicieron llegar, a la comisión de Transporte del HCD, el eventual itinerario de las líneas de emergencia, urgiendo a los ediles una solución “a estos barrios, ya que los mismos se encuentran aislados del conurbano y no tienen ningún tipo de servicio, los niños (de Santa Rosa del Mar, por ejemplo) deben caminar uno a tres kilómetros para ir a la escuela”.

Pero una vez más, como tantísimas otras de los eternos rehenes, la connivencia con los intereses empresariales selló la suerte de la propuesta, sentenciándola a dormir el sueño de los justos en algún anaquel de los archivos del Cuerpo Deliberativo, donde yacen las iniciativas que – como la ordenanza treintañal creando una Sociedad de Estado, que nunca tuvo una existencia real -, colisionan con el contubernio político-empresarial.