ANSES Y EL MINISTERIO DE SALUD INCORPORAN APOYO ALIMENTARIO PARA LA ASIGNACIÓN POR EMBARAZO Y AUH HASTA 3 AÑOS

ANSES Y EL MINISTERIO DE SALUD INCORPORAN APOYO ALIMENTARIO PARA LA ASIGNACIÓN POR EMBARAZO Y AUH HASTA 3 AÑOS

En el marco de la Ley 27.611 de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia (Ley 1000 días), la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, y la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, anunciaron el Programa de Entrega de Leche Fortificada y Alimentos Saludables para futuras madres y niñas y niños hasta los 3 años de edad que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo.

La resolución 409/2022, publicada hoy en el Boletín Oficial, establece que esta provisión será un monto mensual de 800 pesos, a cargo de ANSES, que se actualizará trimestralmente por la Ley de Movilidad y se depositará en la misma fecha y cuenta bancaria de la prestación. La obtención del beneficio es automática y no es necesario realizar ningún trámite adicional.

Asimismo, esta resolución regula la cobertura de fórmulas alimentarias para niños y niñas que no acceden a la lactancia y de leches medicamentosas para quienes en sus tres primeros años tengan una condición que justifique su requerimiento.

Durante el anuncio, realizado hoy en el Barrio 31 de Retiro, las funcionarias participaron en un taller informativo para madres sobre los alcances de dicha ley y temas relativos a la lactancia, prevención de violencias y derechos. Allí, Raverta expresó: “En ANSES sentimos orgullo de esta medida y de todas las políticas públicas que integran el Plan 1000 días, una decisión del presidente de la Nación. En total son 774 mil personas entre chicas, chicos y mamás que van a recibir este dinero. En la Argentina, la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y la Tarjeta Alimentar son derechos que permiten tener un plato de comida arriba de la mesa, tienen que ver con que el Estado se propone estar bien cerca de quienes más lo necesiten”.

“Es importante destacar que el apoyo alimentario se va a depositar directamente en las cuentas de las mamás sin necesidad de hacer ningún tipo de trámite”, agregó la titular de ANSES.

A su turno, Vizzotti destacó: “Este es un paso enorme del Estado, es ampliar derechos y favorecer accesos. Incorporamos el trabajo en los talleres con las mujeres embarazadas, además de las mamás de niños y niñas pequeños, porque si el derecho no se conoce, no se ejerce, así que es también dar a conocer esos derechos para favorecerles el acceso”.

La Ley 1000 días garantiza la provisión pública y gratuita de insumos fundamentales para las mujeres y personas gestantes durante el embarazo y para los niños y niñas hasta los 3 años que no posean cobertura de obras sociales ni medicina prepaga, entre ellas medicamentos esenciales, vacunas, leche y alimentos.

En la actualidad, el Ministerio de Salud tiene en su presupuesto el Programa Intervenciones en Salud perinatal, niñez y adolescencia, que en la actividad Acciones de Nutrición cuenta con un crédito de 5000 millones de pesos. De ese total, 4500 millones se destinan a la compra de leche en polvo y alimentos saludables; los 500 millones restantes, a la adquisición y distribución a todas las jurisdicciones de fórmulas alimentarias y leches medicamentosas.

La propuesta busca simplificar y nominalizar el acceso de esta política pública integrando la compra de la leche fortificada y alimentos saludables a las asignaciones, con el propósito de eliminar la distribución errónea sujeta a la logística entre niveles de gobierno.

En la Argentina existen diversas experiencias de programas de transferencia monetaria que fomentan la corresponsabilidad de las familias perceptoras generando empoderamiento y autonomía, aumentando a su vez las posibilidades de las y los beneficiarios de elegir los alimentos a consumir y facilitando el acceso a una alimentación variada y acorde a las Guías Alimentarias Nacionales.

Pensar la alimentación como derecho implica cambiar la lógica de los procesos de formulación de políticas para que el punto de partida no sea la existencia de personas con necesidades insatisfechas que deben ser asistidas mediante prestaciones discrecionales, sino que estas personas sean titulares de derechos.

Con votos del oficialismo, avanza el expediente de fotomultas

Con votos del oficialismo, avanza el expediente de fotomultas

La Comisión de Movilidad Urbana del Concejo Deliberante aprobó hoy, por mayoría y solo con votos del oficialismo, el convenio marco de cooperación entre la Municipalidad y la Universidad Nacional de San Martín para implementar en el partido de General Pueyrredon un sistema de fotomultas.

El expediente, enmarcado en un programa de seguridad vial, ya había el visto bueno la semana pasada de la comisión de Seguridad y, tras el aval obtenido este lunes en la de Movilidad Urbana, con el voto negativo del Frente de Todos y Acción Marplatense, ahora deberá ser tratado en la Comisión de Legislación, anteúltimo paso antes de ser debatido en sesión.

“Este proyecto implica un plan integral de seguridad vial que tiene que ver a la seguridad de las personas. Este plan viene a completar aquellas cuestiones que es necesario que muestra ciudad lleve adelante en materia de seguridad vial”, expresó el concejal de Vamos Juntos, Agustín Neme, al defender el expediente.

“Este convenio va a salvar vidas”, coincidió el presidente de la comisión, Guillermo Volponi, quien también respaldó la convalidación del convenio para que la ciudad cuente con un sistema de fotomultas.

Sin embargo, tanto el Frente de Todos como Acción Marplatense volvieron a marcar su desacuerdo con el convenio con la Universidad Nacional de San Martín y votaron en contra.

La tercerización del sistema, que no se haya considerado en primera instancia a la Universidad Nacional de Mar del Plata y el porcentaje de las infracciones que iría destinado a las arcas municipales son algunos de los principales puntos de desacuerdo.

Desde el Frente de Todos, el concejal Vito Amalfitano calificó al convenio como “un escándalo” al haberse firmado con la Universidad de San Martín “pero con la intermediación de una empresa privada, con un empresario con antecedentes de muchísimas irregularidades”.

Seguido, cuestionó que no se haya convocado a la Universidad Nacional de Mar del Plata para diagramar un sistema similar, ya que “la UNMdP tiene un instituto especializado”.

También, el edil sostuvo que “convalidarlo implica un perjuicio para el erario público”, ya que “solo el 24%” de lo recaudado a partir de las eventuales infracciones iría a las arcas municipales. “Es meterle la mano en el bolsillo a los marplatenses sin explicaciones técnicas lógicas”, dijo Amalfitano.

En el mismo sentido se expresó su compañera de banca Marina Santoro, quien advirtió que “no es una buena política pública como afirma el intendente” sino “un gran negociado para unos pocos” que, a su vez, “está teniendo un tratamiento exprés”.

Volponi, en su rol de concejal oficialista y presidente de la comisión, admitió la “urgencia” del Ejecutivo por convalidar el convenio. “Se está pensando en una política de seguridad para salvar vidas, es lógico que haya urgencia“, respondió.

Además del FDT, también Acción Marplatense decidió votar en contra. El concejal Horacio Taccone dijo estar “a favor de usar la tecnología para hacer que podamos vivir mejor” pero en contra del expediente. “¿En serio tenemos que encargarle a una Universidad de San Martín que nos diga cómo hacer las cosas? Acá lo que se quiere evitar es una licitación pública”, sostuvo al fundamentar su voto negativo.

Con la aprobación del expediente en las comisiones de Seguridad y Movilidad Urbana, ahora deberá ser debatido en Legislación y por último en Hacienda. Tras recorrer ese camino quedaría en condiciones de ser tratado en sesión.

CADA VEZ MAS OSCURO

CADA VEZ MAS OSCURO

El expediente del  convenio de foto multas no cesa de generar suspicacias, desde el momento en que  una hoja del mismo  fue arrancada  torpemente para evitar que sea tratado en la comisión de Educación, donde la oposición cuenta con mayoría, derivando luego en una sesión especial, en la cual el arco opositor denunció la existencia de una empresa privada detrás de la Universidad Tecnológica Nacional de San Martín, la cual se haría cargo del sistema, y aunque no figura en el expediente se llevaría la parte de León, dejando como única certeza que sólo el 24 %  de lo que ingresaría en concepto de multas a las arcas municipales   “no tiene un fin recaudatorio”.

El mismo miércoles en que el intendente urgió el tratamiento, durante la apertura del nuevo periodo legislativo, el concejal Nicolás Lauría se apresuró a convocar a la comisión de Seguridad para el día siguiente, donde su voto, alineado con el oficialismo, allanó el camino del oscuro expediente y enturbió aún más la atmosfera del recinto minada de sospechas.

Dando pábulo de esta manera a los rumores sobre su retorno a la coalición gobernante, que comenzaron a circular hace un mes y que fueron in crescendo desde el faltazo a la sesión especial coronado por el voto esperado en el entorno de Montenegro como un gesto de “reconciliación”, que sería compensado con la presidencia del EMDER.

Pese a ser este el primer paso de su incipiente carrera política, el ex basquetbolista parece haber aprendido rápidamente a cambiar de posturas sin sonrojarse. Hay que recordar que antes del último viraje, se había desvinculado del Partido Fe con el que había llegado a su banca, para continuar respaldando la gestión del intendente Guillermo Montenegro de cuyo bloque fue presidente, pero cuando el cierre de la lista de candidatos a concejales de Juntos, dejo fuera a su cuñado Franco Luna, volvió a pegar otro portazo, y viró hacia la oposición mostrándose como un acérrimo crítico.

Coqueteó con referentes del Frente de Todos y hasta copió y pegó los fundamentos críticos de sus ediles, a la política de seguridad, en una carta abierta para enrostrarle a Montenegro que “nos dijo en la campaña que la seguridad era su especialidad, que venía a traer el modelo de la Ciudad de Buenos Aires donde fue ministro, pero lo cierto es que cada día nos parecemos más a Rosario. Yo no tengo nada que responder a la almohada por la noche. No sé si usted puede decir lo mismo”.

Pero con el mismo desparpajo y con la mira puesta en el EMDER, Lauría regresaría a las filas de la coalición gobernante, donde dan por hecho que su voto garantizará, también, la aprobación del Presupuesto 2022 y el aumento de tasas antes de los previsto.

“La falta de escrúpulos de Lauría afecta a todos los vecinos y vecinas”

“La falta de escrúpulos de Lauría afecta a todos los vecinos y vecinas”

“El avance del escandaloso convenio de fotomultas dejó en claro el apuro del Ejecutivo por aprobarlo y su intromisión en el Concejo Deliberante. Esto nos sigue llenando de dudas y reviste una gravedad que nos preocupa”, sostuvieron desde el Frente de Todos._

Luego de que el edil Nicolás Lauría cambiara su postura con respecto al expediente de ‘fotomultas’ y permitiera el avance del mismo en la Comisión de Seguridad, el concejal Roberto ‘Chucho’ Páez, del Frente de Todos, cuestionó este accionar y sostuvo que “la falta de escrúpulos de un concejal termina afectando a todos los vecinos y vecinas, por la aprobación de un convenio lleno de irregularidades y sospechas, que no trae beneficios a la ciudad, sino a unos pocos”.

En ese marco, Páez reflexionó: “Los y las marplatenses y batanenses deben saber que este es un tema que esconde algo delicado de fondo y que no puede ser tratado en una sesión exprés, sino que debe ser discutido y debatido minuciosamente, ya que implica dinero de la gente. Lamentablemente, vemos que hay complicidad con empresas privadas de parte del Ejecutivo que está dispuesto a hacer cualquier cosa por aprobar este expediente”.

A su vez, indicó: “Da vergüenza ver la actitud de un concejal en el que las vecinas y vecinos depositaron su voto de confianza, que creyeron que los iba a defender ante estas irregularidades, y que no tenga pudor en responder a otros intereses de fondo”.

Cuestionan que el arreglo del Minella no sea prioridad para Montenegro

Cuestionan que el arreglo del Minella no sea prioridad para Montenegro

“Hoy quedó claro que el Gobierno Municipal, con un Presupuesto que supera los 36 mil millones de pesos, no incluye ninguna inversión para reparar el Estadio Minella, ni siquiera para realizar el estudio técnico previo”, fustigó el edil del Frente de Todos, Ariel Ciano, tras la reunión de la comisión de Hacienda, donde este miércoles el titular del EMDER, Andrés Maccio, reconoció que “la reparación del techo del Estado Minella no está en el presupuesto del corriente año”.

El funcionario admitió que “la Tribuna techada escapa al presupuesto municipal”, añadiendo que “tenemos un presupuesto que encargamos a la Universidad Nacional que nos dice que sale entre 13 y 14 millones de pesos realizar un estudio preliminar para determinar el nivel de deterioro del techo del Minella y sí es recuperable o no. Y sí fuese recuperable, hay que hacer un nuevo informe que requiere de otra inversión para saber en qué condiciones, cómo, en qué plazos y en qué tiempo”.

En tal sentido, Ciano cuestionó que “resulta muy preocupante que las obras que necesita el Estadio no sean una prioridad para Montenegro en este 2022”.

Y apuntando contra el jefe comunal, el edil descerrajó “el Emder no asigna recursos ni para estudios técnicos de diagnóstico ni para mejoras de la infraestructura del Minella, realmente no podemos entender que el Municipio tenga 2400 millones de pesos en un fondo común de inversión y no se decida a invertir en las obras que necesita un Estadio que es emblema del deporte nacional y que en óptimas condiciones redunda en trabajo y oportunidades para Mar del Plata”.

Buscan identificar a los principales operadores de divisas al momento del préstamo del FMI

Buscan identificar a los principales operadores de divisas al momento del préstamo del FMI

La jueza federal María Eugenia Capuchetti dispuso una batería de medidas de prueba tendientes a identificar a los principales operadores del mercado de divisas al momento de la acreditación del empréstito adquirido con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el gobierno de Mauricio Macri, informaron fuentes judiciales.

La magistrada lo dispuso en el marco de la causa en la que se investiga si el expresidente Macri y otros funcionarios de su gobierno incurrieron en un fraude en contra de las arcas del Estado cuando promovieron el endeudamiento del país con el FMI.

Entre las principales medidas, la jueza le solicitó al Banco Central (BCRA) que identifique a las empresas que realizaron las mayores transferencias netas de divisas al exterior en el período investigado, como así también a las personas físicas que efectuaron operaciones por 40,5 millones de dólares o superiores.

Desde el juzgado se le pidió al BCRA un “amplio informe vinculado al documento del Mercado de Cambios, Deuda y Formación de Activos Externos 2015-2019”, explicaron a Télam fuentes judiciales que indicaron que se trata de medidas tendientes a identificar a los principales operadores del mercado para poder establecer quienes se beneficiaron con el endeudamiento.

Entre las medidas ordenadas, la jueza le reclamó al BCRA que identifique a los 100 agentes que realizaron compras netas por más de 24.679 millones de dólares entre diciembre de 2015 y octubre de 2019 y a los 10 compradores de más de 7.945 millones de dólares en el mismo período.

A instancias del fiscal Franco Picardi, también se le reiteró la orden al BCRA de que elabore un informe en el que se detalle monto, evolución y composición de las reservas internacionales existentes en esa entidad entre diciembre de 2015 y 2019 y que indique cómo fue la variación/evolución operada de las reservas internacionales con posterioridad a la acreditación del empréstito.

Por otra parte, se le reiteró un pedido a la Caja de Valores S.A. para que informe quienes suscribieron títulos de deuda Lebacs entre 2015 y 2019 y quienes desarmaron esas posiciones en pesos entre enero de 2018 y diciembre de 2019, otra medida que apunta reconstruir los movimientos en los mercados bursátiles y de divisas a partir del préstamo que el FMI le dio a la Argentina durante el gobierno de Macri.

La denuncia que dio origen a esta investigación había sido presentada por el titular de la OA, Félix Crous, ante el juzgado federal número 5 y sostenía que a través de la violación de una serie de normas el Gobierno de Macri había contraído una millonaria deuda con el FMI cuyo monto, además, era idéntico al de la cifra en dólares que se habría fugado en el mismo período de tiempo.

Entre los imputados se encuentran el expresidente Macri, sus exministros Nicolás Dujovne (Hacienda), Luis Caputo (Finanzas) y los extitulares del Banco Central Adolfo Sturzenegger y Guido Sandleris.

De la denuncia surgía que de la conducta imputada a los acusados se desplegó en el contexto de una política económica, monetaria y financiera que permitió “generar ganancias extraordinarias mediante la colocación de letras en moneda nacional, de corto vencimiento, que pagaban una elevadísima tasa de interés”.

En la presentación de la querella criminal se resaltó que ya a principios de 2018, y como consecuencia del sobreendeudamiento -el mayor en los mercados internacionales desde 2016-, Argentina “perdió el financiamiento internacional privado en dólares, a la par que los inversores especulativos desarmaron sus posiciones en letras en pesos y dolarizaron sus tenencias para asegurar sus ganancias ante la debacle, mediante la formación de activos externos”.

ESCANDALO CON EL CAMBIO DE POSICION DE LAURIA : AVANZARON LAS FOTOMULTAS

ESCANDALO CON EL CAMBIO DE POSICION DE LAURIA : AVANZARON LAS FOTOMULTAS

En diálogo con Cazador de Noticias, el concejal del Frente de Todos, Roberto “Chucho” Páez aseveró que “se comenzó con muchas irregularidades el tratamiento del expediente de las fotomultas y continúa así; porque para tratar un expediente de esta envergadura, un enlatado que nos manda el intendente Montenegro se convocó a la comisión de Seguridad el miércoles al mediodía, se requiere un tiempo previo para analizar y hacer un buen debate legislativo. Es muy sospechoso, es escandaloso como quieren tratar este expediente”.

Refiriéndose al concejal Nicolás Lauría, el concejal Páez subrayó que “es sospechoso que el presidente de la comisión no haya estado presente en el tratamiento especial, todo me está indicando que tenía la razón para desconfiar, porque terminó votó un expediente con muchas dudas”

Asimismo, remarcó que “no hay ninguna posibilidad de modificación, con esta convalidación que está mandando el intendente Montenegro. Y esto si tiene fines recaudatorios no como nos dijo el intendente Montenegro. Se está tratando de transferir recursos, casi dos presupuestos de Partido General Pueyrredón. No podemos dejar en mano de 4 vivos el tema de las fotomultas”.

Subrayó, además, que “no dudo de la capacidad de UNSAM, pero no tienen los dispositivos para realizar este trabajo. Seguramente hay empresas privadas detrás de esto, ¿por qué no se apeló a la UNMdP? Esto es un escándalo. Habíamos solicitado que se deje en Comisión para pedir informes y se pueda analizar en profundidad y ver cuáles son las modificaciones que entre todos podemos ayudar y mejorarlo”.

“El fondo de la cuestión es que el Municipio se lleva solo el 24%, desde el punto de vista económico es malo para los vecinos y vecinas, peor que el otro que no era bueno para el municipio, Se aprobó, ¿Por qué tanto apuro?”, concluyó cuestionando.

Comienzan las indagatorias por la mesa judicial antisindical bonaerense de Vidal

Comienzan las indagatorias por la mesa judicial antisindical bonaerense de Vidal

El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak comenzará este jueves a tomar declaración indagatoria a los empresarios, exfuncionarios bonaerenses y exespías acusados participar en 2017 en el armado de causas dirigidas a perjudicar a la seccional platense de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) y a su entonces titular, Juan Pablo “Pata” Medina.

La ronda de indagatorias comenzará a las 10.30, con el empresario Ricardo José Alconada Magliano, presidente de la constructora OCSA S.A., según surge de la resolución judicial a la que accedió Télam.

Alconada Magliano es uno de los empresarios que participó de la reunión realizada el 15 de junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia (Bapro), donde exfuncionarios del gobierno de María Eugenia Vidal y exdirectivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) los instruyeron sobre qué tipo de presentaciones y movimientos estratégicos debían hacer para lograr el encarcelamiento del “Pata” Medina.

La causa se inició luego de que la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, presentara ante la Justicia un video -supuestamente encontrado entre los registros digitales de ese organismo- en el que se podía ver a exfuncionarios de Vidal y directores de la AFI instruyendo a empresarios de la construcción para avanzar contra Medina y otros dirigentes sindicales.

A los imputados se los acusa de haber participado de una estrategia dirigida a perjudicar al dirigente sindical de la Uocra de La Plata, su entorno y a la entonces conducción de la seccional de la capital bonaerense, para la cual se recurrió a maniobras de inteligencia ilegal y se manipuló el accionar de la Justicia, según pudo reconstruir Télam de fuentes judiciales con acceso al expediente.

“Créeme que si yo pudiera tener, y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría“, se lo escuchaba decir al entonces ministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas en aquella reunión que se produjo el 15 de junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia (Bapro).

MESA JUDICIAL BONAERENSE comienzan las indagatorias a los empresarios exfuncionarios bonaerenses y exespas del gobierno de Mara Eugenia Vidal foto captura video

MESA JUDICIAL BONAERENSE: comienzan las indagatorias a los empresarios, exfuncionarios bonaerenses y exespías del gobierno de María Eugenia Vidal (foto captura video)

En esa mesa estaban, entre otros, el exdirector de legales de la AFI Juan Sebastián De Stéfano; el entonces jefe de Contrainteligencia del organismo Diego Dalmau Pereyra y el exjefe de Gabinete de la central de espías Darío Biorci.

Los investigadores ya lograron probar que después de aquella reunión llevada a cabo en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del séptimo piso de la sede del Bapro ubicada en las cercanías de Plaza de Mayo los empresarios imputados realizaron presentaciones ante el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que luego se presentaron ante la justicia federal de Quilmes.

Luego, el juez federal de Quilmes, Luis Armella, dio inicio a una investigación judicial por supuesta asociación ilícita contra el Pata Medina a partir de una denuncia anónima referida a hechos supuestamente ocurridos en La Plata.

El magistrado avanzó en la investigación a pesar de que la fiscalía, por aquellos días, opinó que la denuncia debía ser tramitada ante la justicia federal de La Plata y no en Quilmes, lo que podría ser materia de investigación también en este expediente en el que ahora el Pata Medina es querellante por el supuesto armado ilegal de causas en su contra.

La ronda de indagatorias convocada por el juez Kreplak alcanza también al exministro Villegas (14 de marzo), al extitular de la cartera provincial de Justicia Adrián Grassi (17 de marzo), al senador provincial de Juan Pablo Allan (21 de marzo) y al intendente de La Plata, Julio Garro (23 de marzo).

Marcelo Villegas ministro de Trabajo del gobierno bonaerense de Vidal que quera una Gestapo para terminar con los sindicalistas

Marcelo Villegas ministro de Trabajo del gobierno bonaerense de Vidal que quería una Gestapo para terminar con los sindicalistas.

La ronda de indagatorias cierra con los exdirectivos de la AFI: para el 25 de marzo está convocado Darío Biorci (excuñado de la subdirectora de la central de espías, Silvia Majdalani), mientras que De Stéfano está citado para el 29 y Dalmau Pereyra para el 31.

La aparición del video que dio inicio a esta causa tuvo el miércoles su primera consecuencia a nivel judicial: el Tribunal Oral Federal 2 de La Plata suspendió el inicio del juicio oral al “Pata” Medina en la causa que lo investiga por asociación ilícita y lavado de dinero, que estaba previsto para mañana, para analizar los planteos de nulidad formulados por la defensa del sindicalista.

Con la abstención del FDT y Crear Juntos, Sánchez Herrero seguirá al frente del HCD

Con la abstención del FDT y Crear Juntos, Sánchez Herrero seguirá al frente del HCD

n función de lo resuelto en la comisión de Labor Deliberativa, este miércoles en la sesión preparatoria se ratificó la integración de la mesa directiva del Concejo Deliberante, con la abstención en cuanto a la presidencia y la secretaría por parte de los bloques del Frente de Todos y de Crear Juntos.

Con el apoyo de los presidentes de los bloques oficialistas de la UCR, Vamos Juntos y la Coalición Cívica, y del bloque de Acción Marplatense, la radical Marina Sánchez Herrero y su correligionario Norberto Pérez continuarán como presidenta y secretario del Cuerpo Deliberativo, a pesar de los cuestionamientos que recibieron por el manejo del expediente de las Fotomultas.

Sin abstenciones y por unanimidad de los jefes de todas las bancadas, fueron ratificadas la concejal del Frente de Todos, Virginia Sívori y Paula Mantero (Acción Marplatense) en las vicepresidencias primera y segunda respectivamente.

También, se resolvió mantener la composición de los integrantes de las comisiones internas y los días de reunión establecidos y que las sesiones ordinarias se celebren el segundo y cuartos jueves de cada mes a las 12 horas.

Por otra parte, se procedió a la incorporación formal de la concejal suplente del Frente de Todos Verónica Lagos en reemplazo de Ariel Ciano, a quien se le otorgó la licencia para asumir como director de Aerolíneas Argentinas.

Sin aclarar los “puntos oscuros”, Montenegro priorizó en su agenda el convenio de Fotomultas

Sin aclarar los “puntos oscuros”, Montenegro priorizó en su agenda el convenio de Fotomultas

En su discurso de apertura del nuevo periodo legislativo de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, el jefe comunal Guillermo Montenegro ubicó al convenio de las fotomultas entre las prioridades de lo que será la agenda legislativa para el gobierno.

“Acercamos a este recinto un proyecto integral que nos permitirá contar con cámaras que no solo servirán para detectar infracciones, sino que se sumarán al sistema de monitoreo para la seguridad en general. No me parecía necesario aclararlo, pero voy a hacerlo para que quede expuesto hoy aquí: el plan de seguridad vial no tiene un fin recaudatorio”, sostuvo.

No obstante, la aclaración no alcanza a despejar las sospechas que quedaron flotando en el recinto de sesiones tras la sesión extraordinaria del 8 de febrero, que pusieron en el centro de la escena a una empresa privada detrás de la Universidad Nacional Tecnológica de San Martín, la cual obtendría pingües beneficios en la distribución de lo que se recaude en concepto de multas.

Con respecto al convenio anterior con la Universidad Tecnológica de la Plata, la Provincia mantiene el 20%, pero el Municipio en lugar de quedarse con el 50%,  apenas ingresaría a las arcas municipales el 24 % de la recaudación, desde ese punto de vista no cabe duda que el convenio para  la Comuna “no tiene un fin recaudatorio” como afirmó el jefe comunal, sin aclarar que el 56 %  de lo recaudado corresponderá teóricamente a la universidad de San Martín,  que oficiaría de pantalla de la empresa Secutrans, la cual se haría cargo del sistema – aunque no figura en el expediente – y se llevaría la parte del León.

No es un dato menor para la oposición que, en una simulación de recaudación que hicieron, concluye que las 198 cámaras que se prevén instalar registrarían multas por alrededor de 60 mil millones de pesos.

Si bien el convenio que debe convalidar el Concejo Deliberante todavía no recibió tratamiento en comisiones, ya comenzó la instalación de los primeros dispositivos. Lo reconoció, en la comisión de Hacienda, el secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti, quien allí también sugestivamente confirmó que entre las metas de este año para el Ejecutivo figura elevar al Concejo Deliberante las propuestas para designar a los jueces de Falta vacantes.