En respuesta a los índices de desocupación que dio a conocer la última medición del Indec, el concejal del Frente de Todos y Secretario Adjunto de la CGT, Miguel Guglielmotti, remarcó que en Mar del Plata y Batán “faltan políticas efectivas para generar empleo”.

La desocupación en la ciudad trepó al 8,6%, siendo 2,8% superior a la del primer trimestre y ubicándola como el segundo conglomerado con mayor desempleo del país. “Nuestra ciudad tiene permanentemente entre 120 mil y 125 mil personas con problemas de empleo. Cuando se conocieron los índices anteriores, nosotros sostuvimos que se debía a una temporada de verano histórica, como resultado de políticas nacionales y provinciales como el PreViaje, y advertimos al intendente que Mar del Plata y Batán iban a seguir con problemas de desempleo por la falta interés que muestran él y sus funcionarios por producir cambios reales en la matriz productiva”, sostuvo Guglielmotti.

Sobre los recursos que destina la Municipalidad al mundo de la producción, el concejal manifestó: “Montenegro y sus funcionarios creen que el desempleo se resuelve enseñando a los vecinos y vecinas a confeccionar un currículum mediante una página web. Es hora que se pongan a trabajar de manera seria si en verdad les interesa generar trabajo para los marplatenses y batanenses”.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), en la ciudad existen: 27 mil personas desocupadas, 46 mil personas ocupadas demandantes de un nuevo empleo y 47 mil subocupadas

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner compartió un recorte audiovisual de la audiencia por el juicio conocido como Vialidad, donde su abogado defensor, Carlos Beraldi, “demolió las mentiras y fake news” de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

La dirigente, quien se defenderá a sí misma el viernes en el juicio, afirmó que los fiscales que pidieron que se la condene a 12 años de cárcel “parecen trolls” y, tras reiterar que su abogado “demolió las mentiras y fake news” de los acusadores, parafraseó a Juan Domingo Perón y les espetó que “se vuelve de cualquier lugar, menos del ridículo”.

El juicio

En el cierre de su alegato técnico, el abogado Carlos Beraldi ratificó que “la doctora Fernández de Kirchner va a tomar parte en la exposición de este alegato y lo va a hacer de acuerdo al artículo 104 que le da ese derecho como abogada para poder actuar en causa propia”.

El artículo 104 del Código Procesal Penal establece que “el imputado tendrá derecho a hacerse defender por abogado de la matrícula de su confianza o por el defensor oficial; podrá también defenderse personalmente siempre que ello no perjudique la eficacia de la defensa y no obste a la normal sustanciación del proceso”.

En paralelo a las palabras de Beraldi, la Vicepresidenta oficializó el pedido con un escrito presentado en el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 en el que dejó constancia que de acuerdo al artículo 104 asumirá personalmente su propia asistencia técnica, “la cual será ejercida en forma conjunta con el doctor Carlos Alberto Beraldi, quedando el doctor Ary Rubén Llernovoy designado en la causa como abogado sustituto”.

A última hora de la tarde del martes, el TOF 2 autorizó a la titular del Senado a exponer en el alegato del viernes, según confirmaron a esta agencia fuentes judiciales.

Minutos después del pedido de su letrado al tribunal, la Vicepresidenta compartió en sus redes sociales un extracto del alegato de Beraldi en el que, según la titular del Senado, su representante legal “demolió las mentiras y fake news de (Diego) Luciani y (Sergio) Mola”.

“Más que fiscales, parecen trolls” agregó Fernández de Kirchner, y sumó una frase de Perón al cierre de su mensaje: “Se vuelve de cualquier lugar, menos del ridículo”.

La Vicepresidenta difundió el pasaje en el que Beraldi refuta la afirmación de la Fiscalía sobre que el 28 de noviembre de 2015 la entonces Presidenta delineó el plan “limpia todo” en función de un mensaje del exsecretario de Obras Públicas, José López.

“López se iba a reunir con la Presidenta y a partir de allí se iban a delinear los actos siguientes”, recordó Beraldi, e inmediatamente reprodujo un pasaje del alegato del fiscal Luciani que definía al 30 de noviembre como “día clave” porque el empresario contratista Lázaro Báez se reunía con “la señora”, es decir, la jefa de Estado a punto de concluir su mandato.

La Fiscalía sostuvo que la prueba del encuentro entre Báez y Fernández de Kirchner era que el avión presidencial Tango 01 había efectuado un vuelo rasante que fue consignado por el sitio “El Destape”.

Beraldi aclaró que ese vuelo rasante ocurrió el 29, no el 30, según publicó el diario La Nación, y que “ese día, en horas de la tarde justamente, minutos después como dice el fiscal, la Presidenta había viajado a la provincia de Río Negro, a la ciudad de Bariloche, donde llevó a cabo toda una serie de actos oficiales que concluyó con un acto público”.

Beraldi también recordó que los fiscales Luciani y Mola consideraron indicio de delito las visitas de integrantes de la familia de empresarios Eskenazi a la Quinta de Olivos durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner.

Por ello replicó que las visitas a la residencia presidencial durante el mandato de Mauricio Macri “han sido una constante de muchos magistrados que han intervenido en este proceso en forma directa. No hace falta que los nombre”. Y se preguntó: “¿De esto pretenden sacar estos mismos fiscales un indicio de complicidad delictiva?”.

“Es una cuestión tan clara y evidente que todos lo comprendemos y sabemos que esto no puede ser sostenido de ninguna manera” porque llevaría “la doble vara a límites inconmensurables”, añadió el abogado.

La defensa recordó “las visitas de los jueces y fiscales que intervienen en esta causa a la Quinta de Olivos, a la Casa Rosada, al Ministerio de Seguridad y a la Agencia Federal de Inteligencia durante la presidencia de Mauricio Macri, al igual que las actividades deportivas que realizaron en la quinta Los Abrojos”.

Todo ello fue objeto de recusaciones que hasta el momento no prosperaron.

También como parte de la estrategia de la defensa el abogado Ari Llernovoy cuestionó los informes de las pericias técnicas presentadas por la fiscalía.

Incluso, el abogado citó un informe de la consultora “Consulbaires” de 2016, pedida por el entonces director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, para determinar si el relleno de los terraplenes era el consignado por el contratista y se constató que había más material que el previsto.

¿Puede convertirse el Golf Club de Playa Grande, dentro de nueve años, en el Central Park de Mar del Plata o en el gran pulmón verde de la ciudad en un lugar paradisíaco, frente al mar? El senador provincial Pablo Obeid (Frente de Todos) presentó hoy un proyecto para que el Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires declaren “Paisaje Protegido de Interés Provincial”, en los términos de la ley 12.704, el predio de dominio público que hoy ocupa el Golf Club de Playa Grande.

El legislador marplatense busca con su iniciativa que las 30 hectáreas, propiedad del Estado, puedan convertirse, vencida la concesión que hoy tiene el Mar del Plata Golf Club (lo que ocurrirá en diciembre de 2031), en un gran parque público. Para ello, el gobierno provincial y el municipal deberían conformar un Comité de Gestión de dicho espacio público, sumando al mismo a representantes de las instituciones de la comunidad local con interés sobre el tema, según se consigna en el proyecto.

En los fundamentos se refiere que los terrenos son de dominio público y han sido transferidos por la provincia de Buenos Aires a la municipalidad de General Pueyrredon por medio de la ley 12.585 del año 2000 (iniciativa del ex senador radical Néstor Mario Saggese). El inmueble posee 293.623,043 metros cuadrados de superficie, casi 30 hectáreas, que se extienden a lo largo de 9 cuadras por 3, emplazados sobre la costa local.

“Por su ubicación y características, estos terrenos de dominio público, ubicados en el centro del enorme ejido urbano de Mar del Plata, forman parte de un espacio único, de los lugares más hermosos del sector costero, enclavado en una zona con añosas arboledas, con una marcada y singular atracción estética, configurando un paisaje que motiva el interés de protegerlo, con el fin de elevar la calidad de vida de la población y la protección del medio ambiente”, consideró Obeid.

“Proteger los espacios públicos”

Tras apuntar que Mar del Plata es hoy una ciudad de casi un millón de habitantes, el senador provincial remarcó que tal situación “obliga a repensar, planificar y proteger los espacios públicos para esparcimiento, recreación y disfrute de todos los vecinos”.

Recordó que a partir de la citada ley provincial 12.585, el municipio de General Pueyrredon sancionó en el año 2001 la ordenanza municipal 14.404 mediante la cual otorgó a la Asociación Civil Golf Club Mar del Plata, la concesión de uso y explotación de dicho predio, abonando al municipio un canon anual de diez mil dólares (833 dólares mensuales), convenio que se formuló por el plazo de 30 años, venciendo en diciembre de 2031.

Mediante el proyecto, se busca “proteger dicho espacio verde” en base a lo dispuesto por la ley 12.704 y su decreto reglamentario (2314/2011), generando las condiciones para que los gobiernos provincial y municipal conformen, como se consignó anteriormente, un Comité de Gestión de dicho espacio público.

El mismo deberá elaborar un Plan de Manejo Ambiental, donde se establecerán “las vías de preservación del lugar y los pasos a seguir para poder transformar posteriormente el lugar en un Parque Público, con lo cual se dará cabal cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1 de la ley 12.704 respecto a que las áreas declaradas Paisaje Protegido poseerán carácter de acceso público, tendiendo al bienestar común, con el fin de elevar la calidad de vida de la población y la protección del medio”.

Según Obeid, la normativa citada “responde a un real compromiso a nivel provincial, nacional e internacional, de protección y conservación del ambiente, procurando así el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras”. Y en este contexto, expresó que la declaración de “Espacio Verde de interés Provincial” o “Paisaje Protegido de Interés Provincial” para el predio que hoy ocupa el Golf “constituye la herramienta adecuada para otorgarle protección específica al área que buscamos conservar, priorizando la función social de la propiedad y el acceso y disfrute de todas y todos los vecinos de Mar del Plata”.

En diálogo con la prensa marplatense, el senador provincial justicialista insistió en que el principal objetivo del proyecto es “preservar la zona y evitar que se pueda realizar allí cualquier tipo de construcción en el futuro”, al tiempo que resaltó la importancia de “poner el debate sobre la mesa” en torno a lo que puede llegar a suceder dentro de nueve años en ese espacio, planificando con el debido tiempo.

“Hoy ese espacio verde y enorme está cedido y explotado por el Golf, y el proyecto, además de garantizar para el futuro este lugar, pretende abrir la discusión y buscar consensos en la ciudadanía para determinar si ese lugar no tiene que transformarse en un gran parque público al que puedan acceder y disfrutar los marplatenses, como sucede por ejemplo con el Parque San Martín”, graficó Obeid. A la vez, insistió en que deberían “buscarse en la comunidad local, con el Ejecutivo municipal, los consensos para determinar cual es el mejor uso que se le puede dar a ese lugar”.

Antes de presentar el proyecto en la legislatura, el marplatense refirió que Mar del Plata “es una de las ciudades que más canchas de Golf tiene”, dijo que su iniciativa “nada tiene que ver con coartar una actividad deportiva” y sostuvo que se trata “de un espacio de tierras públicas cuyo futuro se puede planificar con el debido tiempo”.

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Gabriel Nicolás Carrizo, acusado de participar en la organización del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tenía en su celular un mensaje en el que se afirmaba la voluntad de “matar al jefe de La Cámpora”, informaron este lunes a Télam fuentes de la investigación.

“Estamos pensando en matar al jefe de La Cámpora esta vez”, “Están llegando todos. Vamos a tener una reunión grupal”, son los mensajes detectados en el celular de Carrizo que le mandó a una persona agendada como ‘Jony White’, tan solo dos horas después del fallido ataque contra la exjefa de Estado.

El mensaje, según pudo reconstruir esta agencia, salió del celular del cuarto detenido por el ataque a la Vicepresidenta a las 23.40 del 1° de septiembre y no sería el único que lo compromete en la causa en la que se investiga el intento de magnicidio.

El receptor del mensaje, ‘Jony White’, es una persona de estrecho vínculo con Carrizo cuya identidad se mantendrá reservada para no frustrar medidas de prueba en curso en la investigación, dijeron las fuentes.

Carrizo está detenido desde el miércoles pasado y se hizo conocido el 2 de septiembre cuando acompañó a Brenda “Ámbar” Uliarte, procesada por el intento de atentado, durante una entrevista que le concedieron al noticiero televisivo de Telefe.

En aquella entrevista, Carrizo se presentó como el dueño de la máquina de hacer los copos de azúcar que vendían “Ámbar” y su novio, Fernando Sabag Montiel, el hombre que apuntó a la cabeza de la Vicepresidenta con una pistola Bersa calibre .32 que tenía cinco balas en el cargador.

Junto con Carrizo y Uliarte, de la entrevista otorgada a Telefe Noticias también participaron Sergio Orozco, Leonardo Volpintesta, Miguel Ángel Castro Riglos y Lucas Acevedo.

De los cinco que se presentaron junto con Uliarte, hasta hora solo Carrizo está imputado en la investigación, mientras que el resto permanece en el expediente en calidad de testigos.

Las comunicaciones

Los mensajes de WhatsApp conocidos este lunes no le habían sido exhibidos a Carrizo durante la indagatoria del viernes pasado, por lo que si la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Rívolo los consideran como elementos de prueba, se descuenta que dispondrán que se le amplíe la indagatoria.

Entre los mensajes que sí se le exhibieron, figura un diálogo con su hermanastra identificada como “Andrea”, a quien la misma noche del atentado fallido le dijo que el ataque debió haberse concretado en otra fecha y que él le había aportado a los agresores una pistola de un calibre diferente al que finalmente utilizaron.

“Estuvo muy cerca, falló el arma, no lo entiendo, andaba bien”, se lamentó el acusado en un intercambio de mensajes con “Andrea”, según pudo reconstruir Télam de fuentes con acceso a la investigación.

El diálogo que llamó la atención de los investigadores y que ocurrió después del ataque -por el que están procesados el agresor Fernando Sabag Montiel y su novia Brenda Uliarte- fue el siguiente:

– Nicolás Gabriel Carrizo: Andrea, el arma es mía.

– Andrea: No está a tu nombre Gaby.

– Carrizo: No, pero aparecen mis huellas.

– Andrea: Gaby no quedan tus huellas. No te comas la cabeza. Tiene la huella del otro chabón.

– Carrizo: Esto estaba planificado para dentro de una semana. Hizo todo mal. Es un pelotudo.

– Carrizo: Estamos decididos a matarla a la puta esa.

– Andrea: Pensá en tu hermano Gaby.

– Carrizo: Cristina tiene miedo, salió mal pero tiene miedo.

– Andrea: Pensá en Facu.

– Carrizo: Mi amigo estuvo a un segundo de convertirse en héroe nacional Andrea… Estuvo muy cercaaa. Falló el arma. No lo entiendo, andaba bien.

Horas más tarde, Carrizo le mandó otro mensaje a la misma persona.

– Carrizo: Mira no sé si es una buena noticia pero el arma con la que intentó ponerla no es la mía, yo le di un 22 corto… recién hablé con la novia y la tiene ella así que mañana la vamos a ocultar y vamos a ir a Crónica a hablar.

En ese diálogo “Andrea” le habría sugerido que diera una entrevista televisiva como finalmente hizo.

Cuando la jueza Capuchetti le preguntó en la indagatoria por esa secuencia de mensajes, Carrizo intentó hacerlos pasar por una persona de su familia. “Acá es donde le quiero explicar para sacar malos entendidos. Le estaba haciendo una joda a mi hermanastra, voy a parecer un gil, le estaba haciendo creer que era parte de esto, no fue real”, afirmó ante una pregunta que le hizo la jueza María Eugenia Capuchetti.

“No estaba vinculado con Brenda ni con ‘Nando’ y ahora entiendo porque estuve en el calabozo, por esa mierda que dije, les juro que fue mentira. Me la mandé con hacer esa joda, yo siempre jodo así. Yo les quiero decir que, si voy preso por una pelotudez, es que yo me pego un tiro, yo nunca pensé que esto iba a terminar vinculándome”, continuó hasta romper en llanto.

“Yo se lo juro por Dios, yo lo que quería hacerles creer a Andrea y a mi hermanastro era que esto era un plan, con fines de joder, hacer show, no era en serio, no existe esa arma, no hay nada. Investiguen, fíjense, yo nunca estuve cerca ni de la casa de Cristina. Vine acá con los celulares, yo no tuve nada que ver”, agregó.

Una hipótesis que manejan los investigadores es que el arma a la que se hace referencia en los intercambios de WhatsApp realmente existió y que Carrizo, junto con Uliarte, se encargaron de descartarla el día posterior al ataque cuando se encontraron y comenzaron un periplo que terminaría en la entrevista televisiva.

Fuentes de la investigación confirmaron a Télam, además, que de la información incorporada al expediente surge que Sabag Montiel y Uliarte habían compartido información sobre otra pistola, una que pareciera ser calibre 9 milímetros.

Los mismos voceros aseveraron que del teléfono de Carrizo surgen otras conversaciones y participaciones en grupos de whatsapp con mensajes que podrían estar vinculados al ataque contra la vicepresidenta y con planes de atacar a otros dirigentes políticos.

En su indagatoria Carrizo aseguró que trataba a Sabag Montiel (“Nando”) y a Uliarte hace pocos meses, que los conoció en una fiesta que él mismo organizó y que luego le ofreció trabajo a él en su grupo de vendedores de copos de nieve: fue allí que explicó que les cobraba una suerte de canon y los proveía de los insumos y elementos para la venta.

Carrizo está acusado de “haber tomado parte, prestando su acuerdo y cooperación, junto con, cuanto menos, Femando André Montiel Sabag, Brenda Uliarte y Agustina Mariel Díaz, en la planificación del intento premeditado de dar muerte a Cristina Fernández de Kirchner”.

“Intervino de forma activa en la planificación del suceso, habiendo aportado para su realización un arma de fuego tipo pistola calibre .22 corto, la cual finalmente no fue la empleada para concretar el delito planificado. Tal circunstancia se desprende de los mensajes mantenidos entre el aquí compareciente y ‘Andrea’, como así también con otros contactos”, según surge de la imputación que le leyeron.

Además, fue acusado por “haber falsificado o participado en la falsificación de los certificados de discapacidad”, algo que surge de los mensajes detectados en su celular con el propio Sabag Montiel, el atacante de la Vicepresidenta, a quien tenía agendado como “Nando”.

El último fin de semana, la jueza Capuchetti le rechazó la excarcelación tras considerar que su libertad podría representar un riesgo para la investigación, a la vez que le solicitó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria “que arbitre los medios necesarios a los efectos de que se le brinde apoyo psicológico como así también que se extremen los recaudos a los efectos de salvaguardar su integridad física”.

El juez federal Alfredo López no dio lugar al recurso de amparo presentado por la Fundación Alameda contra la ordenanza de la nueva Zona Roja.

Cabe recordar que la medida había sido solicitada por Néstor Escudero, en representación de la Alameda, cuyo histórico titular, Gustavo Vera, está desde 2020 de licencia por su cargo en la Dirección Operativa del Comité de Lucha contra la Trata de Personas.

Según pudo averiguar LA CAPITAL, López señaló que Escudero “no acreditó la presentación” de la fundación, es decir que no contaba con las facultades legales para representar a la Alameda, por lo que se le solicitó que aclare la situación.

Sin embargo, por el momento, y a días de que entre en funcionamiento la nueva Zona Roja impulsada por el municipio, el juez no recibió otra presentación.

La Fundación Alameda, entidad con una larga trayectoria de actuación en causas judiciales contra la trata y la explotación sexual de personas, había solicitado una medida de no innovar.

Entre sus argumentos, señalaba que mediante la ordenanza 25590, promulgada por el decreto 1597/22 y publicada en el Boletín Oficial municipal del 25 de julio, la intendencia local “promueve y fomenta la regulación de la prostitución y auspicia multas y cárcel a personas en situación de prostitución, lo cual choca con la legislación vigente, las convenciones internacionales que la Argentina suscribió y además genera un ámbito de explotación sexual en el que la policía local, como ya ocurrió en otras épocas en Mar del Plata, se convierte en una suerte de proxeneta que ‘regula’ y castiga a personas en estado de vulnerabilidad social”.

El objetivo de la presentación era que se declare la inconstitucionalidad de la norma, ya que, según indicó “afecta derechos humanos contemplados en los pactos internacionales incorporados a la Constitución Nacional”.

El recurso había sido presentado el mismo día que el municipio confirmó que el lugar elegido para autorizar la oferta y demanda de sexo en la vía pública será la avenida 10 de febrero, en las inmediaciones de los cementerios Parque y Colinas de Paz. Y a días de que quienes ejerzan la prostitución fuera de esa zona sean pasibles de multas y arrestos.

Sin embargo, la solicitud no tuvo lugar por el momento y vale señalar que no es la primera presentación judicial contra la ordenanza de Zona Roja. La primera había sido impulsada por el propio Gustavo Vera y fue rechazada por el juez López.

El magistrado rechazó in límine el recurso de amparo presentado por el titular del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas al considerar que la Secretaría de Coordinación Presupuestaria y Planificación del Desarrollo –que tiene bajo su órbita al Comité– carece de la representatividad del Estado nacional, debido a que depende de la Jefatura de Gabinete de la Nación, por lo que debió ser esa dependencia la impulsora de la medida cautelar.

Al igual que ocurrió en esta última oportunidad, López no se pronunció sobre la ordenanza aprobada por mayoría en el Concejo Deliberante el 24 de junio, sino que marcó inconsistencias en la presentación judicial. En aquel momento puntualizó, por caso, que no se identificaba debidamente al demandado: en algunos tramos se hablaba de la municipalidad y en otros menciona al concejo deliberante, señaló

A cinco días de que empiece a regir la ordenanza que indica llevar la Zona Roja a la avenida 10 de Febrero, las organizaciones que nuclean a las trabajadoras sexuales en Mar del Plata anunciaron que no la acatarán y pidieron una reunión con el intendente en la que solicitarán un lugar más cerca del centro para desarrollar la actividad.

En el mismo sentido, las agrupaciones en conjunto con los vecinos de los barrios que rodean la nueva Zona Roja realizarán mañana una conferencia de prensa en conjunto para explicar los motivos del rechazo a la zona designada en el sur de la ciudad.

La ordenanza que regula la Zona Roja entrará en vigencia este sábado, cuando se cumpla el plazo establecido por el intendente Guillermo Montenegro en el decreto reglamentario.

De esta manera, el único lugar en que se permitirá la oferta y demanda de sexo en la vía pública será un tramo de la avenida 10 de Febrero, entre las 22 y las 6.

No obstante, los diferentes colectivos que nuclean a las trabajadoras sexuales anunciaron que desconocerán la ordenanza y no irán a a esa zona.

“No vamos a ir porque básicamente es ir a la muerte. Por eso pedimos una reunión con Montenegro porque lo que va a pasar es que las trabajadoras van a desconocer la ordenanza”, señaló Victoria Disalvo, de la Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual.

En la misma dirección, advirtió que si no hay un cambio de lugar, las trabajadoras “van a caminar en los lugares habituales y va a haber problemas con la policía y los vecinos, y eso es lo que queremos evitar”.

Las trabajadoras sexuales organizadas bajo “Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual”, “Red Personas Viviendo con VIH Mar Del Plata” pidieron formalmente una reunión con Guillermo Montenegro para dialogar “acerca de las conflictividades en las denominadas ‘zonas rojas’ y su relocalización en la ciudad de Mar del Plata”.

En concreto, pedirán que se modifique la zona elegida y se designe un lugar más cerca del centro.

Vecinos de Las Canteras, Santa Celina, Don Diego, Lomas del Golf y Florencio Sánchez ya expresaron su rechazo a la ubicación de la Zona Roja y este martes compartirán una conferencia de prensa con los colectivos de las trabajadoras.

Denuncias y multas

Los vecinos podrán denunciar a través de la línea de WhatsApp 2234-368599, perteneciente a la Patrulla Municipal, a quienes mantengan actividades sexuales en la vía pública en las puertas de sus hogares.

Las sanciones por no respetar la normativa -es decir, por prostituirse en cualquier otro punto fuera de la zona asignada- van de los $172.000 a los $861.000, aunque para situaciones más graves la normativa contempla de 5 a 30 días de arresto. Los juzgados de falta serán los encargados de determinar qué infracción corresponde.

Amparo

La Fundación Alameda presentó un amparo colectivo contra la ordenanza que crea una “Zona Roja” en Mar del Plata.
La entidad, con una larga trayectoria de actuación en causas judiciales contra la trata y la explotación sexual de personas, solicitó una medida de no innovar.

No es la primera presentación judicial contra la ordenanza de Zona Roja. La primera había sido impulsada por el propio Gustavo Vera y fue rechazada por el juez Alfredo López.

El sistema de fotomultas comenzaría a funcionar en octubre en Mar del Plata, adelantaron desde el municipio. Al mismo tiempo, indicaron que en la primera etapa contarían con unos cincuenta nuevos equipos para detectar infracciones de tránsito, las cuales prevén sanciones de hasta más de 170 mil pesos.

“Principios de octubre es la fecha pensada para que comience el funcionamiento. Estamos haciendo todo para poder llegar con esos tiempos”, le manifestó el director general de Transporte, Federico Chioli, a LA CAPITAL.

En este sentido, Chioli indicó que ya hay algunos cinemómetros instalados en distintos puntos de la ciudad y que, desde la comuna, aguardan por la aprobación del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para comenzar a emplearlos. En paralelo, se continúa con la colocación de más equipos.

“Apelamos a que en la etapa inicial tengamos entre 45 y 50 equipos”, aseguró el director general de Transporte y adelantó que, con el correr de las semanas, buscarán llegar a contar con 30 cinemómetros y 200 equipos semafóricos.

Cabe recordar que los cinemómetros son los dispositivos que detectarán los vehículos que excedan la velocidad máxima, mientras que, con las cámaras semafóricas, se vigilará que los rodados no invadan la línea de frenado o la senda peatonal, como así también que no crucen en rojo.

Los valores de las multas para estas infracciones están establecidos en la Ley Nacional de Tránsito y el reglamento 523/09, donde se fijan las cantidades mínimas y máximas de (UF) que deberá abonar un conductor en caso de cometer determinadas faltas.

A su vez, el valor de las UF equivale al precio por litro de nafta de mayor octanaje informado por el Automóvil Club Argentino (ACA) sede ciudad de la Plata, que en las últimas semanas aumentó de $156,80 a $172.30.

De esta forma, frenar sobre la línea peatonal o invadir la línea de frenado implicará multas que van desde 50 a 100 UF, es decir, de $8.615 a $17.230.

En tanto, la sanción por exceder los límites de velocidad permitidos va desde 150 a 1000 UF, el equivalente a entre $25.845 y $172.300, mientras que la multa por cruzar un semáforo en rojo contempla el pago de 300 a 1000 UF, lo que representa actualmente entre $51,690 y $172.300.

Vale aclarar que los jueces de falta municipales son quienes, de acuerdo a las características particulares de cada infracción cometida y detectada por el sistema de fotomultas, determinarán el valor final de la multa que deberá pagarse.

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Precisiones

Días atrás, el bloque del concejales del Frente de Todos presentó un proyecto de ordenanza para que se garantice la señalización de las cámaras que se utilizarán para realizar fotomultas.

El bloque opositor aseguró que se “están instalando dispositivos que los vecinos desconocen”. Y afirmó que “muchos de los dispositivos no cuentan con cartelería”.

Al respecto, Chioli contestó que el municipio “va a dar cumplimiento con lo que dice la normativa” y añadió que “la señalización se va a hacer previamente a que los equipos estén en funcionamiento”.

“Ahora hay tres cinemómetros colocados. Todavía no nos han dado el ‘ok’ para que empiecen a funcionar, pero antes de que empiecen a funcionar va a estar la cartelería”, afirmó.

Asimismo, el funcionario remarcó que “con una antelación suficiente”, en la página web del municipio “se cargaron todos los puntos con las localizaciones donde se van a instalar los equipos para que la población pueda tomar conocimiento de ello”.

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Puntos críticos

En este marco, el director de Transporte aseguró que los equipos del sistema de fotomultas se colocarán en distintos puntos de la ciudad que “obedecen estrictamente a los puntos críticos que fueron relevados por el Observatorio de Seguridad Vial durante el período 2019-2021 como puntos críticos de siniestralidad con lesionados”.

En este sentido, más allá del extenso listado que difundió el municipio con los sitios en los que se colocarán los dispositivos, desde la comuna señalaron a la intersección de Colón y Jara y a la zona de Playa Chica como los lugares que más preocupación generan por la cantidad de accidentes que registran.

Ya lo mencionó el intendente (Guillermo) Montenegro y está a las claras: manejamos mal”, consideró Chioli. Además, sostuvo que, pese al “Plan Integral de Seguridad Vial se están haciendo todos los días con intervenciones en escuelas y establecimientos”, todavía “hace falta más”.

“Las fotomultas forman parte de ese Plan Integral que presentó el intendente en el COM (Centro de Operaciones y Monitoreo) y son una herramienta más que aporta elementos de tecnología para colaborar en el objetivo que tenemos, que es la eliminación de siniestralidad vial”, añadió el funcionario.

federico chioliEl director general de Transporte, Federico Chioli.

Recaudación

Por último, el director de Transporte se refirió a una crítica que se le hace al proyecto de las fotomultas y aseguró que “claramente no tiene un fin recaudatorio”.

Para nosotros, lo más importante es poder bajar los índices de siniestralidad que tenemos y pacificar el tránsito. La recaudación no es el objetivo de esto”, recalcó.

En este sentido, destacó que el “el intendente ya manifestó que los fondos que ingresen por esto, por las infracciones, se van a destinar el 100% a lo que es la seguridad vial”. “Se va a invertir en infraestructura vial, capacitaciones y demás. Está el compromiso de que todo lo que ingrese por esto se destine a la seguridad vial”, concluyó.

El gobierno oficializó este jueves el pedido de nulidad de contratos de concesión de autopistas Acceso Norte y Acceso Oeste, al considerarlos “lesivos al interés general”, mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial.

El Decreto 633/2022 fue adelantado el miércoles por el presidente Alberto Fernández, quien señaló que “son contratos que, a nuestro juicio, son absolutamente distorsivos y han generado un enorme daño económico al Estado nacional y, fundamentalmente, a los usuarios”.

El mandatario lo expresó al hablar sobre los convenios firmados en 2018 por la administración del entonces presidente Mauricio Macri.

El Presidente hizo el anuncio desde la Casa Rosada, junto al ministro de Obras Púbicas, Gabriel Katopodis, quien recibió el encargo de gestionar la nulidad de los contratos ante el fuero contencioso administrativo federal.

El decreto lleva la firma del Presidente, del ministro Katopodis, y del jefe de Gabinete, Juan Manzur.

El artículo 1 señala: “Decláranse lesivos al interés general, en virtud de la existencia de graves vicios que afectan a su legitimidad, los Decretos Nros. 607 y 608 del 2 de julio de 2018, respectivamente, aprobatorios de los Acuerdos Integrales de Renegociación Contractual de los Contratos de Concesión del Acceso Norte y del Acceso Oeste a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud de lo expuesto en el considerando de la presente medida”.

Además la norma instruye a Vialidad Nacional a ” interponer, por conducto de sus órganos dependientes, la pertinente acción de lesividad con el objeto de obtener la declaración judicial de nulidad de los actos citados en el artículo 1°”.Asimismo comunica la decisión a la Oficina Anticorrupción, a la Procuraduría de Investigaciones Administrativos, a la Procuración del Tesoro, a la Auditoría General de la Nación, a la Sindicatura General de la Nación, al Ministerio de Economía, de Obras Públicas y a la Dirección Nacional de Vialidad.

Así el Presidente ordena iniciar una acción judicial para lograr la nulidad de los contratos de concesión de las autopistas de los accesos Norte y Oeste a las empresas Autopistas Del Sol S.A. (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO), respectivamente.

De acuerdo con los contratos firmados en la época de Macri, y según lo solicitado por las empresas, en algunas estaciones de peaje se debería estar pagando 1.830 pesos si no hubiera actuado el Gobierno meses atrás para establecer los valores.

Además, el miércoles Fernández anticipó que la demanda que el Estado presentará en la Justicia por la concesión de las autopistas de los accesos Norte y Oeste “seguramente será acercada como prueba” en la justicia penal federal, “donde se investigan estos contratos en la llamada causa Peajes”, en la que se investiga la renegociación de contratos para la concesión de autovías durante el Gobierno de Cambiemos.

La concejal del Frente de Todos, Mariana Cuesta, propuso la implementación de un nuevo sistema para transformar servicio alimentario en jardines y escuelas municipales con el objetivo de garantizar que los chicos y las chicas de General Pueyrredon reciban alimentos nutritivos y saludables.

La presidenta de la comisión de Educación y Cultura del Concejo Deliberante elevó un pedido de informes al Ejecutivo en el cual los responsables de la Secretaría de Educación de la comuna confirmaron que desde hace tres años en el almuerzo de los diez jardines que reciben este servicio, no se incluyen carnes rojas y tampoco cuentan con nutricionistas.

“Es necesario pensar un nuevo sistema de alimentación. La propuesta es transformar lo que ocurre actualmente en las escuelas municipales, donde no hay planificación realizada por nutricionistas del menú y tampoco sabemos qué criterio se utiliza para brindar el servicio. Buscamos un sistema que dé respuesta a las necesidades de los y las estudiantes”, explicó la concejala.

A través de un proyecto de ordenanza, Cuesta propuso que las autoridades garanticen una “alimentación adecuada, variada y nutritiva”, a cargo de la Secretaria de Educación, pero que contará con el apoyo del Consejo Alimentario Escolar.

El objetivo del CAE será realizar un análisis detallado de la situación de cada establecimiento, para fijar qué tipo de servicio alimentario le corresponde, de acuerdo a las necesidades particulares de la comunidad educativa.

También elaborará estándares de alimentación nutritiva y saludable y confeccionará guías con recomendaciones y sugerencias, a partir de reglas y consideraciones de los organismos pertinentes.

El CAE, además, se ocupará de producir los menús para todos los estudiantes de General Pueyrredon. Desarrollará opciones con dietas especiales para los alumnos que así lo requieran, por patologías o cuestiones de salud. También habrá opciones vegetarianas y bajas en sodio para quienes lo dispongan.

El organismo, a su vez, realizará capacitaciones a estudiantes y familias y asumirá el rol de formar de manera continua al personal docente y equipos auxiliares en materia de alimentación en espacios escolares.

El CAE estará conformado por dos representantes de la cartera educativa, dos del Concejo Deliberante, al menos dos nutricionistas, un representante del Sindicato de Trabajadores Municipales y un integrante de la Secretaría de Hacienda.

A su vez, el proyecto establece que la Secretaría de Educación deberá elevar al CAE informes semestrales sobre la aplicación de la ordenanza.

Otro de los puntos que plantea la iniciativa de Cuesta es que el municipio deberá priorizar a empresas y Pymes locales, pequeños y medianos productores agroecológicos, sectores de la agricultura familiar y cooperativas y asociaciones de la economía popular a la hora de la compra de los alimentos.

La directora Ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta destacó la puesta en marcha de la nueva ruta área que va a unir las ciudades de Mar del Plata y Tucumán a partir del 5 de octubre con dos vuelos semanales los miércoles y domingos.

En un encuentro con el presidente de Aerolíneas, Pablo Ceriani y con el Director de Desarrollo Turístico de la firma, Ariel Ciano, la dirigente marplatense y funcionaria del Gobierno Nacional, dialogó sobre seis destinos directos domésticos desde y hacia Mar del Plata: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Bahía Blanca; en octubre se suma Tucumán y para la temporada de verano Rosario.

Raverta  destacó que continúa  “trabajando en el fortalecimiento de la economía de General Pueyrredon trazando rutas para la construcción de un país cada vez más federal”.

“Venimos trabajando en conjunto para ampliar los destinos que unan a General Pueyrredon con diferentes ciudades del país, promoviendo el turismo e incentivando las economías regionales que favorezcan el desarrollo económico y la generación de empleo”, remarcó la referente del Frente de Todos en Mar del Plata.

Desde el 5 de octubre, estará activa la ruta entre Tucumán y Mar del Plata, que volverá a funcionar inicialmente con dos vuelos semanales, los miércoles y los domingos.

“En julio se puso en marcha el Corredor Atlántico que une CABA, Mar del Plata, Bahía Blanca, Trelew, Comodoro Rivadavia, y Río Gallegos, impulsando las industrias naval, pesquera y el turismo. Además tenemos vuelos todo el año de Mar del Plata a Mendoza y a Córdoba”, añadió Raverta.