Según contaron desde la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva en 180 días hubo unas 7.700 consultas en la línea gratuita de salud sexual y se capacitó a 1.100 equipos de salud.

A seis meses de la entrada en vigencia de la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), hay en el país más de 1.100 equipos de salud capacitados que garantizan el acceso al derecho, un protocolo nacional que estandariza la práctica que muchas veces encuentra obstáculos, por lo que el Ministerio de Salud sigue capacitando profesionales y en la primera mitad del año ya atendió 7.700 consultas en la línea gratuita de salud sexual.

El 14 de enero de 2021 se promulgó la ley 27610 que, desde ese momento, entró en vigencia en todo el país.

Este jueves se cumplen seis meses de la aplicación de la norma, aniversario que llega con “buenas noticias”, dijo a Télam, Valeria Isla, directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva.

Sustentó su afirmación en la implementación del Protocolo para la Atención Integral de las personas con derecho a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo, que se oficializó el 28 de mayo, en ocasión del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, con su publicación en el Boletín Oficial.

El protocolo destinado a los equipos de salud brinda herramientas concretas para acceder a la IVE hasta la semana 14 de gestación, y a la ILE (interrupción legal del embarazo) por causales: peligro para la vida, para la salud de la mujer o violación.

Isla destacó también que “hay insumos disponibles en los centros de salud” para realizar la práctica, y que “hay mas de 1.100 equipos de salud en todo el país que la garantizan”.

“Estamos realizando capacitaciones para todas las provincias para ampliar el número de profesionales que garanticen la práctica”, añadió.

Además, confirmó que en estos seis meses se recibieron “mas de 7.700 consultas” al 0800-222-3444, la línea telefónica nacional, gratuita y confidencial de salud sexual y reproductiva, sobre acceso al derecho y también sobre obstáculos detectados.

Cuando eso ocurre “intervenimos y solucionamos las consultas que nos llegan de todo el país”, aseguró la funcionaria.

De acuerdo a un informe elaborado por la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (DNSSR) al que tuvo acceso Télam, en el primer semestre del año se concretaron reuniones con quienes tienen a cargo las áreas provinciales responsables del cumplimiento de la ley.

Así, se identificaron nuevos servicios y zonas que realizan la práctica, tiempos de respuesta, temas para futuras capacitaciones, situaciones de hostigamiento y estigma a servicios o profesionales, otros obstáculos para el acceso al derecho, el grado de apoyo de autoridades, organizaciones de la sociedad civil y sociedades profesionales.

El documento oficial detalla una serie de capacitación, que superan los 8.000 encuentros, que se concretaron con profesionales de distintas provincias, sobre los ejes de la ley IVE y sobre acceso a la ILE.

También se incluyó la actualización sobre métodos médicos para 58 profesionales del país.

A la vez, se realizaron y difundieron videos destinados a equipos de salud para detectar situaciones de abuso sexual y embarazo forzado en niñez y adolescencia, y se desarrolló en Jujuy, Misiones y Entre Ríos un modelo de atención interinstitucional para dar respuesta rápida a las víctimas con apoyo del Fondo de Población de Naciones Unidas.

Para acompañar la implementación de la normativa de IVE, la Dirección conformó un equipo de abogadas especialistas en derecho a la salud y derechos sexuales y reproductivos que asesoran en causas judiciales, a equipos y profesionales de la salud y en situaciones relacionadas con detección temprana y prevención de abuso sexual a niñas, niños y adolescentes.

Este equipo ya realizó 22 intervenciones: 18 por problemas relacionados con el acceso a IVE/ILE en el marco de la nueva ley, y 4 por acceso a anticoncepción en el marco de las restricciones relacionadas con la pandemia por coronavirus.

A partir de las consultas recibidas, la Dirección “se comunicó con autoridades de 11 provincias, articuló con 2 direcciones del Ministerio de Salud de la Nación y con la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, para informar a las autoridades sobre los hechos, fortalecer las respuestas oportunas para garantizar la accesibilidad a los servicios y el conocimiento de los estándares legales vigentes, antes los reclamos recibidos”, se explica en el informe.

El documento oficial también releva los 30 reclamos judiciales contra la ley IVE que se presentaron en el país. Ninguno prosperó y la ley está vigente.

Para acceder a la práctica, la DNSSR planifica y financia la compra de métodos anticonceptivos y otros insumos de salud sexual y reproductiva, y a través del Programa Remediar los distribuye en todo el país para promover el acceso gratuito de las personas que utilizan el sistema público.

En el caso específico del acceso a la interrupción del embarazo, la Dirección adquiere misoprostol a nivel centralizado, y la distribución de los tratamientos a las provincias se realiza a través del Programa Remediar.

Así, durante el primer semestre 2021 se distribuyeron 15.445 tratamientos de misoprostol y “se iniciaron dos procesos de compra”, uno a UNFPA (Fondo de Población de Naciones Unidas) y otro a LIF (Laboratorio Industrial Farmaceútico de Santa Fe) “por un total de 100.000 tratamientos de Misoprostol 200 mcg”, reveló el informe de Salud.

Allí se resaltó que el acceso al aborto y a una atención de calidad “depende, entre otros factores, de contar con información adecuada que permita conocer la demanda real/efectiva de las prestaciones, las necesidades/disponibilidad de insumos y de recursos humanos capacitados, la identificación de efectores que garantizan la prestación y sus características, así como las barreras y facilitadores en los territorios”.

Este sistema “se encuentra en desarrollo y articulación con las jurisdicciones provinciales”.

La DNSSR trabaja con un Consejo Asesor y articula tareas con la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito y la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir.