El Concejo Deliberante aprobó este jueves por mayoría el proyecto del oficialismo para implementar un sistema de reconocimiento facial.

La iniciativa, que llegaba al recinto como despacho de minoría, fue sancionada gracias al voto doble de la presidenta del cuerpo, la radical Marina Sánchez Herrero, y el respaldo de Nicolás Lauría (Creciendo Juntos). El Frente de Todos, Acción Marplatense y Alejandro Carrancio (el compañero de bancada de Lauría) promovieron otro despacho para que el Ejecutivo envíe al Concejo el pliego licitatorio, pero no obtuvieron los votos suficientes para aprobarlo.

El presidente del bloque oficialista (Vamos Juntos), Agustín Neme, inscribió la próxima implementación del reconocimiento facial dentro de las políticas de la gestión de Guillermo Montenegro para mejorar la seguridad.

Mencionó la “inversión permanente” para ampliar la cantidad de cámaras de seguridad del centro de monitoreo, la incorporación de cámaras privadas, el anillo digital para detectar autos con pedido de secuestro y la compra de 20 camionetas “totalmente equipadas” que fueron entregadas a la policía bonaerense para usar en Mar del Plata.

También destacó “el arreglo y mantenimiento de patrulleros”, el incremento de los fondos que el municipio destina al combustible de los móviles policiales (dijo que se duplicaron), la incorporación del sistema para saber dónde están ubicados y la gestión para que “más de 80 vehículos que eran utilizados por delincuentes” hoy estén “a disposición de marplatenses y batanenses”.

El edil oficialista definió al reconocimiento facial como “una clara herramienta de seguridad ciudadana”, y afirmó que significará “un salto de calidad” en esa materia. “Permite detectar a personas que estén cometiendo un delito, a las que se encuentren prófugas de la Justicia, pero también sirve para casos de violencia de género, para personas perdidas y para casos de mujeres que son víctimas de la trata”, enumeró.

Puntualizó que, con este dispositivo, en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) fueron detenidos “más de 1700 delincuentes que eran buscados por la Justicia”, entre ellos “narcotraficantes, violadores y asesinos”.

Neme destacó que, como pidió la oposición, la ordenanza redactada por el oficialismo estipula que la contratación del software de reconocimiento facial se realizará mediante una licitación pública. Pero descartó que el pliego pase por el Concejo debido a que la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM) “no lo exige”.

Horacio Taccone, de Acción Marplatense, llamó “ideología del maquillaje” a la enumeración de acciones en materia de seguridad que formuló Neme. “Digamos las cosas como son: los 80 vehículos están a disposición de los funcionarios, que muchas veces los utilizan como vehículo particular”, lanzó.

Enseguida aclaró que el pedido de que el pliego de reconocimiento facial pase por el Concejo era para que el cuerpo lo mejorara. Y lamentó que el oficialismo le haya dicho “no” al comité de ética que planteaba el despacho opositor.

La presidenta del Concejo, Marina Sánchez Herrero, debió apelar a su voto doble.

La presidenta del bloque del Frente de Todos, Marina Santoro, contó que reprogramó el inicio de su alocución en virtud de discurso de Neme. “No vemos una clara gestión para combatir los problemas de inseguridad que sufren nuestros vecinos”, le respondió, y recordó que “se subejecutó el presupuesto de Seguridad” y que “mejorar el estado de las calles y las luminarias” también implica mejorar la seguridad. En ese marco, le pidió al gobierno municipal “menos eslogan y más gestión concreta”.

El debate incluyó una discusión acerca de la postura inicial del Frente de Todos. El oficialismo le reprochó que en un principio hablaba de la intención de “espiar” a los marplatenses, mientras que Santoro explicó que esa preocupación estaba fundada en el recurso de amparo que había prosperado en CABA y en “las violaciones a los derechos humanos” que se producían en el mundo.

“Nunca nos opusimos a que se incorporara tecnología a una política pública pensada para que los vecinos y las vecinas vivan mejor”, agregó Santoro, pero recordó que la redacción original del Ejecutivo “era muy flojita” y los informes se demoraron en llegar. “Por eso propusimos una jornada de trabajo. La archivaron, algo inédito”, afirmó.

Aunque se suponía que iba a votar como votó, la palabra de Lauría era una de las más esperadas de la sesión, porque su voto era el único capaz de destrabar la votación en favor del oficialismo.

El edil consideró que el envío del pliego de licitación al Concejo supondría una “dilación”, mientras que “la cuestión de la seguridad de los vecinos es grave y urgente”. “Una licitación ya es transparente y lleva muchísimo tiempo. Volver a tratarlo en el Concejo implicaría muchísimos meses más”, advirtió.

Después de que la oposición rechazara las acusaciones del intendente de que pone “palos en la rueda”, el radical Daniel Núñez dijo que “hay determinadas actitudes” que van en ese sentido. “Esto era un ejemplo”, lanzó. De todos modos, el concejal del interbloque de Juntos por el Cambio reconoció que el proyecto original del Ejecutivo “era pobre”, por lo que el oficialismo debió mejorarlo. “Nos generaba dudas; esto nos genera más certezas”, admitió.

Qué dice la norma

La ordenanza aprobada crea el Programa de Reconocimiento Facial como complemento del Sistema de Video Vigilancia Urbana. Entiende por reconocimiento facial “al uso de sistemas analíticos y algoritmos aplicados a las cámaras de video vigilancia que permitan la identificación de personas, objetos y/o comportamientos dinámicos”.

Los objetivos son “fortalecer los sistemas de seguridad comunitaria, promover la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, garantizar más y mejores escenarios para la convivencia ciudadana, generar mecanismos de prevención y disuasión de situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad de las personas y sus bienes, contribuir a la instrucción, coordinación y colaboración en la investigación de contravenciones y delitos, y aprovechar la capacidad de detección de movimiento para identificar personas prófugas de la justicia, con búsqueda de paradero, así como también la detección de distintos objetos y/o comportamientos dinámicos”.

Carrancio y Lauría, que forman parte del mismo bloque, volvieron a votar distinto.

La norma le encomienda al Ejecutivo a adquirir, mediante licitación pública, la solución de software tecnológica necesaria para el establecimiento del sistema. El pliego de bases y condiciones deberá contemplar expresamente “el tipo de información a recabar, protocolos y responsables del manejo y/o descarte de dicha información” y “medidas de seguridad y fiabilidad del sistema, especialmente respecto a la información biométrica de personas en caso de no ser identificadas y/o no coincidir con ningún parámetro de búsqueda”.

Toda información no relevante para las funciones del sistema “deberá ser inmediatamente descartada”, aclara la ordenanza.