La justicia uruguaya convocó a una audiencia por la solicitud de detención preventiva y extradición del diputado del Parlasur Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, formulada por la jueza federal María Romilda Servini en el marco de la causa en la que se investigan las presiones del gobierno de Cambiemos al Grupo Indalo.

La audiencia fue convocada para hoy a las 14.30 en Montevideo por la jueza letrada especializada en Crimen Organizado de primer turno, Adriana Chamsarian, según informaron a Télam voceros de la justicia uruguaya.En la resolución, con la que convocó a la audiencia, la jueza Chamsarian dejó asentado que ya recibió las presentaciones de Rodríguez Simón vinculadas con la fijación de su domicilio en ese país y la constancia de la solicitud presentada ante la CORE.

El parlamentario del Mercosur, a quien la justicia investiga por su supuesta participación en la mesa judicial de Cambiemos, había presentado su pedido de ser considerado como refugiado político ante la CORE, presidida este año por la cancillería uruguaya, pero la definición pasó a manos de la justicia luego de que la jueza Servini enviara un exhorto a ese país para reclamar la detención y extradición de Pepín.

La definición le quedó a la justicia, porque el artículo 41 de la Ley de Derecho al Refugio de Uruguay habilita a que “cuando los pedidos de extradición recaigan sobre solicitantes de refugio, será el Juez de la causa quien, en forma excepcional, previo informe de la Comisión de Refugiados, adoptará resolución sobre la solicitud de refugio, antes de resolver sobre la extradición”.

La CORE, según pudo saber Télam de fuentes diplomáticas, ya viene trabajando en el planteo formulado por Rodríguez Simón, pero el informe no estará listo para mañana.

La jueza de la extradición, Chamsarian, quedó entonces a cargo de las tres definiciones claves del proceso: primero tendrá que resolver el pedido de refugió para pasar a fallar sobre la detención y la extradición solicitadas por Servini, según indicaron fuentes de la justicia y la diplomacia uruguaya.

El código procesal penal de ese país establece que a la audiencia de debate “deberán comparecer la persona requerida asistida de defensor, el abogado del Estado requirente y el Ministerio Público”.

La jueza informará a las partes sobre el pedido de detención y extradición que pesa sobre Rodríguez Simón y pondrá a su disposición la información incorporada al expediente para que el imputado por la justicia argentina pueda ofrecer su descargo.

“Si la persona requerida manifestara su consentimiento para ser entregada al Estado requirente, lo que podrá hacer en cualquier estado del proceso, el tribunal lo resolverá sin más trámite”, reza el código procesal penal uruguayo en relación a este tipo de trámites.

Es de esperar que la defensa de Rodríguez Simón exponga en la audiencia su situación en relación al pedido de ser acogido por Uruguay como refugiado político, trámite que inició ante la CORE (Comisión de Refugiados) que funciona por vía separada del Poder Judicial.
La CORE está integrada por un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo, uno de la Dirección Nacional de Migración, uno de una universidad, un legislador, dos de organizaciones no gubernamentales y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados o su representante, que será siempre miembro invitado para las reuniones de la Comisión de Refugiados, con derecho a voz, pero sin voto.

Durante la semana, el Poder Ejecutivo uruguayo emitió algunas señales tendientes a hacer público que no tiene interés en frenar el avance del proceso a través del cual se definirá el futuro de Rodríguez Simón y, sobre todo, si es devuelto a la Argentina donde es investigado por la justicia.