El fiscal federal Juan Manuel Pettigiani avaló el informe ambiental presentado por el gobierno nacional y de esta manera dictaminó a favor de la exploración petrolera a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata.

De esta manera, el proyecto cuenta con un respaldo judicial clave, pero no decisivo: ahora el juez federal Santiago Martín deberá resolver si levanta definitivamente la medida cautelar y autoriza la explotación off shore.

En una resolución de 15 páginas, Pettigiani consideró que la actividad petrolera “podría advertirse como estratégica para el crecimiento económico y social” y afirmó que considera “cumplido” que habrá un resguardo de la sostenibilidad ambiental. “El Estado Nacional con lo dictado en la resolución 7/2020 habría dado cumplimiento con los puntos requeridos a fin de continuar las actividades propias de la actividad off shore”, afirmó.

La resolución favorable de Pettiagiani se suma a la del intendente Guillermo Montenegro, quien ya había presentado judicialmente su conformidad con el informe ambiental presentado por el gobierno nacional.

La polémica por la actividad off shore comenzó a fin del año pasado cuando la gestión de Alberto Fernández anunció que la empresa Equinor, YPF y Shell iban a comenzar la exploración petrolera en la costa argentina.

Esta situación generó que diversos sectores presentaran un amparo ante el juez federal Santiago Martín. Después de analizar el caso, el magistrado avaló el pedido de ambientalistas y del intendente Guillermo Montenegro y suspendió la actividad off shore. Su decisión fue apelada por el gobierno nacional.

El 3 junio la Cámara Federal de Apelaciones revirtió la resolución de primera instancia y dejó sin efecto cautelar dictada por Martín, pero mediante otra resolución hizo requerimientos para terminar de despejar algunas incógnitas sobre el eventual impacto ambiental del proyecto.

En un extenso escrito presentado el 5 de agosto, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación entregó la reclamada declaración de impacto ambiental complementaria. En esa presentación, el gobierno garantizó la presencia de la secretaría de control y monitoreo ambiental, que depende del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Además, anunció la conformación de una comisión especial integrada por personal técnico de diferentes áreas para que lleven a cabo ese control.

Otro de los requerimientos de los camaristas se basaba en las medidas de protección de la fauna marina, que había sido uno de los temas recurrentes en las instancias participativas que se realizaron. En ese sentido, Parques Nacionales consideró que la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto abordó a este Monumento Natural Nacional adecuadamente y que las medidas del Plan de Gestión Ambiental son apropiadas para mitigar potenciales impactos.

La opinión de Parques durante el proceso permitió fortalecer las medidas del PGA de Equinor. Por ejemplo, incorporando una medida de “coordinación y soporte a la Red Federal de Varamientos durante el período de la operación”.

Por otra parte, también se había requerido un análisis de los “impactos directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos” del proyecto en el área de intervención y los plazos temporales del proyecto. Ante esta situación, Equinor actualizó e incorporó nuevos análisis sobre los impactos acumulativos y sinérgicos, junto con información provista por la Secretaría de Energía.

El fiscal Juan Manuel PettigianiEl fiscal Juan Manuel Pettigiani

En base a este informe, Pettigiani consideró que “la actividad hidrocarburífera resultaría central para una cuestión tan profunda como es la realización de nuestro proyecto de Nación”. “En tal sentido, la exploración off shore autorizada por el gobierno nacional, con el resguardo de la sostenibilidad ambiental que considero cumplida, podría advertirse como estratégica para el crecimiento económico y social por lo que entiendo que su ejecución se impone, de manera perentoria en una sociedad con los alarmantes niveles de pobreza que presenta la nuestro”, afirmó.

Se trata de la medida que ordenó la suspensión del proyecto de exploración petrolera a 300 kilómetros de las costas de esa ciudad bonaerense tras hacer lugar a una medida cautelar. El Ejecutivo pidió la recusación del juez por “falta de imparcialidad”.El Gobierno nacional apeló este martes el fallo de la Justicia de Mar del Plata que ordenó la suspensión del proyecto de exploración petrolera a 300 kilómetros de las costas de esa ciudad bonaerense tras hacer lugar a una medida cautelar, y además pidió la recusación del juez Santiago Martín al entender que hubo “falta de imparcialidad” por la relación que mantiene con uno de los peticionantes.

El escrito de apelación consideró “absolutamente innecesarios o prematuros la cautelar dispuesta y los conjeturales impactos acumulativos de las exploraciones a realizarse sobre el Mar Argentino”, al entender que “los supuestos impactos auditivos, interferencias en corrientes migratorias, interrupciones de amantamiento en crías de mamíferos marinos, son hoy por hoy absolutamente conjeturales”.

Tras recordar que las tareas de prospección sísmica iniciarían dentro de ocho meses -octubre de 2022, “dicha información se encuentra a estudio de las áreas técnicas del Ministerio de Ambiente; de modo que sólo cabe preguntarse ¿Cuál es el perjuicio irreparable?”, planteó el Gobierno.

“Sólo existen conjeturas que no señalan de manera meditada qué etapa del proyecto es la que produce el daño que arguyen y en que dimensión. Se incumple así con el postulado de acreditar este requisito, lo que impone también por estas razones, el rechazo de la cautelar solicitada”, agregó el escrito.

Además de los fundamentos conceptuales y técnicos que refutan el fallo de la semana pasada del Juzgado Federal N°2 de Mar del Plata, la apelación presentada por el Ministerio de Ambiente incluye una recusación al juez actuante por manifiesta vinculación con los principales actores que promueven la cautelar que frenó la actividad, explicaron fuentes oficiales.

Como prueba a considerar, el escrito propuso entre otros el tuit del constitucionalista Daniel Sabsay donde “festeja abrazando al juez de la causa el dictado de la cautelar junto a uno de los letrados de los amparistas”, el abogado ambientalista José Esain, quien es patrocinante en esta misma causa del Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA).

Al hacer lugar a la medida cautelar, el juez Martín había ordenado la semana pasada la suspensión de la aprobación del proyecto de exploración petrolera que pasó por una instancia de Audiencia Pública en 2021 y contaba con la aprobación del Ministerio de Ambiente.

El magistrado determinó frenar las tareas de exploración por parte de la petrolera estatal noruega Equinor en el mar en busca de reservas de petróleo hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.

Tras la presentación de la apelación, el secretario de Energía, Darío Martínez, expresó que el Gobierno apeló este fallo porque “sus fundamentos están desvinculados de la realidad, y el fallo genera profundo daño al desarrollo de la producción y a la generación de trabajo y actividad económica en las ciudades costeras”.

Martínez agregó que el fallo “ignora absolutamente los máximos niveles de cuidado del ambiente y los estrictos estándares internacionales de seguridad operativa comprobada que se han alcanzado en la producción offshore y que aplicarán en estos proyectos”.

Según Martínez, “este fallo está fundamentado en preceptos erróneos, equivocados, sin relación con la actividad petrolera que se va a desarrollar, y denota profundo desconocimiento sobre la misma, su historia y sus características”.

“Por otra parte -continuó- genera un freno injustificado a la generación de miles de puestos de trabajo para los argentinos y argentinas que viven en las ciudades ribereñas y oportunidades de mayor actividad para sus pymes, así como priva al país de desarrollar y aprovechar los recursos energéticos que necesita”.

Generación de empleo

En ese sentido, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aseguró que el desarrollo de la explotación de hidrocarburos en alta mar en la costa atlántica podría generar alrededor de 220.000 puestos de trabajo directos e indirectos y exportaciones por unos US$ 25.000 millones anuales.

Para Kulfas, “si todo saliera bien, el impacto en divisas sería tal que desaparecería el problema del cepo cambiario o al menos sería mucho más flexible que hoy”.

En diálogo con radio Nacional, el funcionario sostuvo que el Gobierno “no está ni a favor del vale todo ni por el prohibicionismo” y, tras destacar que por primera vez en los estudios de factibilidad participó el Ministerio de Ambiente, remarcó que “todo se hizo en un marco de fuertes resguardos ambientales”, además de recordar que el desarrollo offshore estará localizado “a 300 kilómetros de la costa”.

El proyecto petrolífero

El proyecto de exploración petrolífera del lecho marino en el Mar Argentino fue adjudicado en 2019 e implica un compromiso de inversiones por casi US$ 800 millones por parte del consorcio de empresas que encabeza Equinor en sociedad con YPF y Shell.

El 30 de diciembre pasado, el Gobierno otorgó la Declaración de Impacto Ambiental y autorizó a las empresas a realizar los estudios de exploración sísmica.

Sin embargo, el viernes último, la Justicia Federal de Mar del Plata ordenó la suspensión del proyecto al hacer lugar a una medida cautelar impulsada por el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, y organizaciones ambientalistas.