La Justicia le prohibió a tres funcionarios municipales y a tres sindicalistas acercarse a menos de 200 metros de tres concejales radicales que los denunciaron por amenazas y violencia física.

El caso es insólito: tres de los denunciados forman parte de la gestión de gobierno del intendente Guillermo Montenegro y las víctimas son concejales que defienden en el Concejo Deliberante las iniciativas que presenta el Ejecutivo. Pero no solo eso: la jefa en Desarrollo Social de los acusados, Vilma Baragiola, declaró en su contra y dijo que le advirtieron sobre lo que iba a suceder. En el medio del escándalo se encuentra, a su vez, la interna del radicalismo.

La resolución es contra el subsecretario de Gestión Territorial, Daniel Teruel y los directores coordinadores de Desarrollo Social Lucas Amodey y Santiago Reyes. También alcanza al titular del Sindicato de Trabajadores de Casino, Lotería, Agencias e Hipódromos, Cristian Echeverría y los dirigentes del mencionado sindicato, Diego Paredes y Federico Cardozo.

Los tres funcionarios de Desarrollo Social y los tres sindicalistas tienen prohibido acercarse a los concejales radicales Daniel NuñezGustavo Pujato y Marianela Romero y al militante de la UCR, Luciano Pagni Salaverry.

El expediente judicial se inició el 23 de marzo de este año cuando los concejales denunciaron ante la ayudante fiscal Carolina Castañeda que sufrían “coacciones, amenazas, hostigamientos y otras actitudes patoteriles por parte de los funcionarios municipales Amodey, Reyes y Terruel, así como también de los sindicalistas de la CTA, Echeverría, Paredes y Cardozo”.

En la presentación, reconstruyeron que el 8 de marzo en avenida Luro e Hipólito Yrigoyen, Reyes amenazó al concejal Nuñez con “hacerlo sufrir las consecuencias” de negarle el salón del comité de la UCR a la Juventud Sindical.

Luego, el 21 de marzo, los denunciantes aseguraron que Teruel y Amodey ingresaron a la oficina de Nuñez del Palacio Municipal y le dieron un ultimátum: tenía hasta el jueves para dar una respuesta y que de no ser así “debería atenerse a las consecuencias”.

Por último, el 24 de marzo, Nuñez denunció que Paredes, Cardozo y otros miembros de la organización “quisieron obligarlos a bajar las banderas, utilizando la violencia física baja lo amenaza de que la iban a pasar mal”.

Después de esa serie de hechos, el 26 de abril, la casa donde viven la exmujer y la hija de Nuñez apareció con pintadas.  En la causa, la secretaria de Desarrollo Social, Vilma Baragiola, declaró que ” a través de personas enviadas por la facción denunciada le hicieron llegar que escracharían su domicilio como también de otros funcionarios de la UCR”. Y agregó que al enterarse de lo ocurrido en la vivienda de Nuñez “se sintió también intimidada en la medida que entendió que dicho episodio  no se encontraba aislado de las referencias que le hicieron llegar meses atrás”.

El ataque a la casa familiar de Nuñez recibió un fuerte repudio de todas las fuerzas políticas en la última sesión del Concejo Deliberante.

En base a las pruebas presentadas, la jueza de Garantías Lucrecia Bustos ordenó una medida cautelar que le prohíbe a los denunciados acercarse a menos de 200 metros de los denunciantes y de mantener todo tipo de contacto por cualquier medio.

El Concejo Deliberante tratará hoy, en su segunda sesión ordinaria del año, el proyecto para facultar al Ejecutivo local a fijar el valor de la tarifa del transporte colectivo de pasajeros hasta el 10 de diciembre.

La iniciativa con dictamen de comisión fue impulsada por el bloque de Acción Marplatense y acompañada por el interbloque de Juntos por el Cambio, en tanto que la bancada del Frente de Todos se manifestó en contra.

El texto reitera el pedido al Ejecutivo para que gestione ante el Gobierno nacional “un tratamiento equitativo con el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en materia de subsidios al servicio de transporte público de pasajeros, a efectos de mitigar el costo del boleto para los vecinos del Partido de General Pueyrredon”.

Con esa condición, le otorga “la responsabilidad y las facultades para fijar la tarifa” al intendente Guillermo Montenegro hasta la finalización de su mandato.

El Departamento Ejecutivo deberá proteger y asegurar una tarifa accesible para los usuarios, debido a la erosión sistemática de los ingresos fijos de la comunidad como consecuencia del índice inflacionario”, señala el proyecto.

También afirma que la gestión y la facultad conferida requieren “una verificación documentada y remitida” al Concejo “de la totalidad de los costos inherentes al servicio informados por los concesionarios; la vigilancia del efectivo cumplimiento de recorridos, frecuencias y pautas de higiene”, y la información “de todas las gestiones realizadas, así como la remisión de toda la documentación atinente al control y veracidad de los costos, frecuencias y demás pautas de calidad en el servicio”.

La tarifa plana vigente es de $ 119,38. La Cámara Marplatense de Empresas del Transporte Automotor de Pasajeros (Cametap) había solicitado incrementarla un 75%, a $ 209,38, mientras que el estudio técnico de costos elaborado por la Subsecretaría de Movilidad Urbana del municipio dio $ 186,77, lo que supone un incremento de 56% respecto del valor actual.

Edgardo Diaz, delegado local de IPS se reunió con el Jefe de Complejo Penitenciario Zona Este, Inspector Mayor (E.G.) Roberto Astete junto al Secretario de Coordinación Inspector Mayor (E.G.) Esteban Fraga, estuvieron presentes también el Delegado del Círculo de Suboficiales Retirados del SPB, Carlos Erripa y los Directores de las Unidades penales 15, 44 y 50.

Dicha reunión tuvo como finalidad la planificación de un trabajo mancomunado para la organización de futuras actividades a realizarse para los beneficiarios del IPS pertenecientes al Servicio Penitenciario así como también para los activos en edad de empezar su trámite jubilatorio de las distintas Unidades del Complejo Penitenciario Zona Este.

La dirigente marplatense y directora de Anses Fernanda Raverta se acercó a Parque Peña para dialogar con vecinos y vecinas sobre sus problemas, necesidades y reclamos. Destacó que el barrio “necesita de todos y de todos” y que “sus vecinos se merecen vivir en un barrio mejor: más seguro, con más luminarias y calles asfaltadas. Y nosotros vamos a hacerlo”.

“Parque Peña creció al menos un 90% en los últimos 10 años, es decir, más que el promedio del resto de la ciudad. Sin embargo, este proceso no fue acompañado por un desarrollo de servicios públicos acorde”, describió Raverta, quien agregó que “hoy son 30 mil vecinos que no encuentran respuesta a sus demandas más urgentes”.

En efecto, el barrio atraviesa diversas problemáticas que terminan sufriendo sus vecinos. Así se lo plantearon sus habitantes y comerciantes a la dirigente marplatense. “Los vecinos y vecinas nos plantearon la urgencia de sus problemas vinculados a las calles, las luminarias, la inseguridad, la salud, el transporte”, afirmó Raverta, quien recogió el testimonio de más vecinos: “El barrio tiene bastantes carencias y necesidades, pero el municipio no ha hecho absolutamente nada”.

La dirigente local visitó la despensa, el kiosco, la verdulería y granja, el pet shop y el supermercado, todos en la calle Scaglia, donde se formó un microcentro del barrio. Luego se dirigió hasta Cabrera y Los Helechos, donde fue recibida por Delfina, Gisela y Sofía, todas parte del barrio que la esperaban junto a muchos vecinos, con quienes habló sobre la realidad de Parque Peña.

“Aquí se hace patente la necesidad que tiene este barrio como tantos de nuestra ciudad de tener servicios públicos básicos hoy ausentes o con mala prestación”, resaltó Raverta y agregó: “Se agregaron problemas específicos como el acceso a la red de agua corriente o un polideportivo cuya construcción quedó paralizada en 2015 faltando el 30% de su obra”.

 

Los vecinos también reclaman la ampliación de la atención del CAPS. “Como nos comentó Adriana, vecina de acá, el problema de atención primaria, que es una responsabilidad del municipio, es gravísimo, es vergonzoso el abandono en que nos deja el intendente, no hay turnos ni atención, estamos olvidados, en especial en materia de salud”, dijo.

Raverta advirtió también el estado de las calles, las cuales “la mayoría no están asfaltadas”, y las pocas que sí lo están, como Scaglia, con un gran tránsito, están “muy deterioradas”.

“Durante los días de lluvia se tornan intransitables”, lamentó un habitante del lugar. El reclamo a la gestión municipal de Guillermo Montenegro fue hecho en 2020, pero “nunca cumplió con nada”, señaló Raverta a partir del testimonio de vecinos.

“Los vecinos se merecen un barrio más seguro, con más luminarias y calles asfaltadas, y con presencia del municipio en salud”, volvió a manifestar Fernanda , quien se comprometió a “hacer todo para poder lograr un barrio mejor, porque es posible y es lo que queremos”.

LA PLATA (Corresponsal).- El gobierno bonaerense confirmó que en aproximadamente diez días comenzarán los trabajos para construir la Circunvalación.

El administrador de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, Hernán Y Zurieta precisó a LA CAPITAL los trabajos tienen un plazo de ejecución de 12 de meses.

La primera etapa de la circunvalación contempla el recorrido desde el Puerto por Edison hasta Mario Bravo, desde allí hasta Antártida Argentina, luego hasta la calle 515 y finalmente la conexión con el Parque Industrial.

“La obra ya fue licitada y en noviembre fue adjudicada. Yo calculo que en no más de una semana o 10 días estaremos empezando con la etapa 1 de la circunvalación y pavimentación del camino 045-02, que nosotros tenemos identificado de esa manera, que son más de 16 kilómetros que van desde la ruta 88 y va a llegar casi hasta la Jorge Newbery contra la (ruta) 11”, indicó Hernán Y Zurieta, Administrador de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires.

La obra tiene una importancia central para el entramado productivo, conectando al Puerto con el Parque Industrial General Savio, y sobre los costos y el tiempo de ejecución, el funcionario bonaerense aseguró que “el monto de la obra supera los 3 mil millones de pesos y se estima poder terminarla en 12 meses” aunque desde el organismo aclararon que los plazos pueden estirarse por cuestiones climáticas.

Sobre el inicio de la obra, el que fuera tres veces intendente de Punta Indio aseguró que “hoy ya prácticamente están todos los trámites administrativos casi terminados, por lo que en una semana o 10 días estamos en condiciones de decir que comienza la obra”.

“Después habrá una recorrida de obra, pero el objetivo que tiene el gobernador es comenzar la obra en los próximos días. Es una gran decisión de Axel de invertir y darle a la ciudad un ingreso sur que agilizará un poco lo que hoy pasa por el centro”, consideró.

En cuanto a la continuidad de los trabajos, el funcionario aclaró que “lo demás se está diseñando y se irá resolviendo en cuantos tramos se va haciendo. Pero esto sería lo más importante, porque tiene que ver con poder llegar de la ruta 88 a la zona industrial y acercarse al puerto. Es una etapa clave la pavimentación de este camino”.

Con esta confirmación, se valida el compromiso del mandatario provincial que había indicado a este medio afines de enero en Chapadmalal que “no es solo la circunvalación en términos turísticos sino productivos, que es lo que siempre hablamos con Fernanda (Raverta) y Pablo (Obeid)”.

Una vez terminada la primera etapa, se avanzará con las demás, que contemplan conexiones con las rutas 88, 226, 11 y la Autovía 2 también con la intención de agilizar el transporte de la producción y garantizando la circulación para el tránsito liviano.

La concejala del Frente de Todos, Mariana Cuesta, reclamó el avance del proyecto que plantea la creación del Servicio Alimentario de Educación Municipal para garantizar que todos los alumnos y alumnas del sistema educativo municipal reciban alimentos más nutritivos y de calidad y planteó que “mejorar la alimentación en las escuelas municipales no puede entrar en la grieta”.

La actual presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del Concejo presentó el proyecto para la creación de este organismo en septiembre del año pasado y pidió que avance su tratamiento. “Es un proyecto que busca garantizar una alimentación adecuada, variada y nutritiva para todas y todos los estudiantes del sistema educativo municipal. Y es un objetivo que debería encontrarnos a todos los concejales en la misma vereda: en la del trabajo en beneficio de los chicos de Mar del Plata y Batán”, sostuvo la concejala.

La propuesta de Cuesta incluye la creación de un Consejo Alimentario Escolar (CAE), que estará integrado por nutricionistas e ingenieros en alimentos; integrantes de las secretarías de Educación y Hacienda, el Concejo Deliberante y del Sindicato de Docentes Municipales.

El mismo realizará un análisis de la situación de cada establecimiento educativo municipal y a partir de allí establecerá qué tipo de servicio alimentario es el más adecuado para cada comunidad educativa. También elaborará estándares de alimentación nutritiva y saludable y confeccionará guías con recomendaciones y sugerencias. A su vez, el CAE se ocupará de producir los menús para todos los estudiantes de General Pueyrredon, que incluirán dietas especiales para alumnos que lo requieran, tanto por patologías o cuestiones de salud. También habrá opciones vegetarianas y bajas en sodio para quienes lo dispongan.

La concejala del Frente de Todos remarcó que “acordar una mejor alimentación de los chicos de las escuelas municipales” debe ser un “objetivo común del Concejo Deliberante en el inicio del año legislativo”.

“Sabemos que este es un año complejo, pero es fundamental dejar de lado las diferencias políticas y, al menos con un tema tan sensible como la alimentación de las y los chicos, trabajar todos juntos”, finalizó Cuesta.

Cinco meses sin respuesta

El proyecto fue presentado por la concejala Mariana Cuesta en septiembre del año pasado. Apenas se trató en la Comisión de Educación se decidió solicitar informes a las distintas áreas del Departamento Ejecutivo involucradas en el tema en dos oportunidades. Ante la falta de respuestas por parte del Gobierno de Guillermo Montenegro, el Frente de Todos, con el apoyo de Acción Marplatense y la abstención de Juntos, impulsó la aprobación del proyecto.

Ahora deberá ser la comisión de Legislación la que continúe con el tratamiento del Servicio Alimentario de Educación Municipal. “Hay temas en los que no puede haber grieta. Estoy convencida de que garantizarles a todos los alumnos y alumnas de los jardines y escuelas municipales una alimentación más nutritiva y saludable es uno de esos temas”, concluyó.

En un acto que convocó a más de mil militantes en la puerta del Comité ubicado en San Martín entre Dorrego y 14 de Julio de Mar del Plata, Aldana Echeverría, presidenta de la Juventud Radical de ese distrito costero elegida con el 60 por ciento de los votos, señaló que “las autoridades locales no les permiten utilizar las instalaciones” y deben “trabajar en la calle”.

“El actual presidente del Comité, Daniel Núñez, nos niega el acceso a las oficinas que pertenecen a la Juventud. El triunfo en las urnas nos da legitimidad para utilizar la sede que pertenece a todos los radicales. No se puede desconocer el mandato de los afiliados que nos llevaron a este lugar”, indicó Echeverría.

“Si el Comité está abierto para algunos, tiene que estar abierto para todos. Nosotros ganamos legítimamente las elecciones y tenemos derecho a usar la sede. Pensamos que iba a haber un mínimo gesto de diálogo, pero nos encontramos con las puertas cerradas”, aseguró.

Para finalizar, Echeverría señaló: “Igualmente no nos van a parar. Vamos por una Provincia distinta, vamos con Gustavo Posse”.

Por su parte, el histórico dirigente radical Eduardo “Turco” Abud consideró: “Acá no hay códigos. Es la primera vez que pasa una cosa así desde que soy afiliado en 1982. Hicimos una elección clarita y ganamos la Juventud con el 60 por ciento de los votos e hicimos una gran elección en mayores donde alcanzamos el 40 por ciento. Por eso creo que algún derecho tenemos”.

Taxistas y remiseros de Mar del Plata garantizaron este martes que el fin de semana de Carnaval el servicio que prestan “será completamente normal”, pero aclararon que no cesarán en la “lucha” en defensa de sus derechos.

Tras una reunión, los dirigentes del sector resolvieron no llevar adelante medidas de fuerza durante el fin de semana “más importante de la temporada” y desearon que “tanto marplatenses como turistas puedan disfrutar de la ciudad en su plenitud”.

Mencionaron además que continuarán “exigiendo al municipio el cumplimiento de la ordenanza 23928, que regula el control del transporte ilegal en la ciudad”, y adelantaron que en los próximos días llevarán a cabo una conferencia de prensa en la que comunicarán “los pasos a seguir”.

En el marco de su protesta contra las plataformas de transporte como Uber o Cabify, el 24 de enero los taxistas y remiseros realizaron un paro y movilización en la que llegaron a bloquear la zona de Playa Grande. Tres días después volvieron a interrumpir el servicio durante 24 horas y se manifestaron con un corte parcial de la ruta 2, en la previa del último fin de semana de enero.

Además, el lunes de la semana pasada se concentraron en las afueras del Polideportivo mientras se realizaba la entrega de los premios Estrella de Mar.

Las entidades que nuclean a taxistas y remiseros se reunirán hoy a las 10 para definir las próximas medidas en el marco del conflicto que mantienen con el municipio por la presencia de aplicaciones de transporte en la ciudad.

El viernes pasado, las entidades pidieron una reunión “urgente” con el intendente Guillermo Montenegro y advirtieron que si en el plazo de 48 horas no obtienen una respuesta, plantearán nuevas medidas de fuerza.
Cumplido el plazo, hoy se definirán los pasos a seguir.

Taxistas y remiseros vienen de realizar dos medidas de fuerza este año El viernes 27 de enero se concentraron desde el mediodía a la medianoche en el acceso a la Autovía 2 donde hubo cortes, aunque dejaron un carril habilitado para el acceso a la ciudad.

En tanto, el martes 24 hubo una concentración en la avenida Colón y luego se realizaron cortes en diferentes puntos estratégicos de la ciudad.

En la nota presentada en el municipio, las entidades pidieron “tratar en exclusividad la búsqueda de soluciones a las diferencias de criterio que hoy las entidades que nuclean a taxistas y remiseros y autos rurales mantienen con el Poder ejecutivo municipal”.

“Insistimos en el carácter de urgente de dicha reunión con Guillermo Montenegro porque sabemos las dificultades que han originado a marplatenses y turistas la falta de diálogo que se tenido en el útimo año con el señor intendente de nuestra ciudad”, afirmaron.

La nota fue presentada por Sociedad conductores de Taxs, AMPAT, Federación Nacional de Conductores de Taxi, Sindicato Único de Peones de Taxi, Sindicato marplatense de peones de taxi, Remises Paso CAr, Cooperativa Remicoop, titulares de Agencias de Autos Rural, Taxi Puerto, Malvinas Cooperativas de Taxi.
“Vamos a esperar que nos atiendan responda en un plazo de 48 horas. En caso negativo, seguiremos el plan de lucha para visualizar nuestro malestar”, señalaron a LA CAPITAL.

Las entidades le presentaron semanas atrás al intendente un petitorio con cuatro puntos que sintetizan el reclamo y que tiene como eje que el municipio controle el uso de aplicaciones de transporte, actualmente prohibidas por ordenanza.

El Frente de Todos advirtió que la Patrulla Municipal las realiza en lugares no señalizados.

El bloque del Frente de Todos del Concejo Deliberante presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo puntualice por qué la Patrulla Municipal realiza multas de tránsito en lugares no señalizados del barrio Constitución.

Según explicó la autora del pedido, Marina Santoro, los vecinos que suelen dejar sus vehículos a 100 metros de la costa, entre las calles Julián Aguirre y Fray Mamerto Esquiú, recibieron infracciones de tránsito “por un supuesto mal estacionamiento”, pero “es el mismo sitio en que vienen estacionando, en muchos casos, desde hace cuarenta años”.

Los vecinos “desconocen desde cuándo está prohibido el estacionamiento, y qué calle o calles implica esta prohibición”, comentó Santoro. “También refieren la ausencia de señalización adecuada que indique en qué horarios estaría prohibido estacionar”, añadió.

La concejala opositora agregó que, “sin mediar explicación o señalización, se procede a multar diariamente a los vecinos del barrio”.