La Justicia le prohibió a tres funcionarios municipales y a tres sindicalistas acercarse a menos de 200 metros de tres concejales radicales que los denunciaron por amenazas y violencia física.

El caso es insólito: tres de los denunciados forman parte de la gestión de gobierno del intendente Guillermo Montenegro y las víctimas son concejales que defienden en el Concejo Deliberante las iniciativas que presenta el Ejecutivo. Pero no solo eso: la jefa en Desarrollo Social de los acusados, Vilma Baragiola, declaró en su contra y dijo que le advirtieron sobre lo que iba a suceder. En el medio del escándalo se encuentra, a su vez, la interna del radicalismo.

La resolución es contra el subsecretario de Gestión Territorial, Daniel Teruel y los directores coordinadores de Desarrollo Social Lucas Amodey y Santiago Reyes. También alcanza al titular del Sindicato de Trabajadores de Casino, Lotería, Agencias e Hipódromos, Cristian Echeverría y los dirigentes del mencionado sindicato, Diego Paredes y Federico Cardozo.

Los tres funcionarios de Desarrollo Social y los tres sindicalistas tienen prohibido acercarse a los concejales radicales Daniel NuñezGustavo Pujato y Marianela Romero y al militante de la UCR, Luciano Pagni Salaverry.

El expediente judicial se inició el 23 de marzo de este año cuando los concejales denunciaron ante la ayudante fiscal Carolina Castañeda que sufrían “coacciones, amenazas, hostigamientos y otras actitudes patoteriles por parte de los funcionarios municipales Amodey, Reyes y Terruel, así como también de los sindicalistas de la CTA, Echeverría, Paredes y Cardozo”.

En la presentación, reconstruyeron que el 8 de marzo en avenida Luro e Hipólito Yrigoyen, Reyes amenazó al concejal Nuñez con “hacerlo sufrir las consecuencias” de negarle el salón del comité de la UCR a la Juventud Sindical.

Luego, el 21 de marzo, los denunciantes aseguraron que Teruel y Amodey ingresaron a la oficina de Nuñez del Palacio Municipal y le dieron un ultimátum: tenía hasta el jueves para dar una respuesta y que de no ser así “debería atenerse a las consecuencias”.

Por último, el 24 de marzo, Nuñez denunció que Paredes, Cardozo y otros miembros de la organización “quisieron obligarlos a bajar las banderas, utilizando la violencia física baja lo amenaza de que la iban a pasar mal”.

Después de esa serie de hechos, el 26 de abril, la casa donde viven la exmujer y la hija de Nuñez apareció con pintadas.  En la causa, la secretaria de Desarrollo Social, Vilma Baragiola, declaró que ” a través de personas enviadas por la facción denunciada le hicieron llegar que escracharían su domicilio como también de otros funcionarios de la UCR”. Y agregó que al enterarse de lo ocurrido en la vivienda de Nuñez “se sintió también intimidada en la medida que entendió que dicho episodio  no se encontraba aislado de las referencias que le hicieron llegar meses atrás”.

El ataque a la casa familiar de Nuñez recibió un fuerte repudio de todas las fuerzas políticas en la última sesión del Concejo Deliberante.

En base a las pruebas presentadas, la jueza de Garantías Lucrecia Bustos ordenó una medida cautelar que le prohíbe a los denunciados acercarse a menos de 200 metros de los denunciantes y de mantener todo tipo de contacto por cualquier medio.

La situación de varios exfuncionarios bonaerenses y exdirectivos de la AFI durante la gestión de Cambiemos se complicó este lunes a partir de la decisión de la justicia de imputarlos en el expediente que investiga el accionar de una mesa judicial para perseguir dirigentes gremiales en la provincia de Buenos Aires.

La fiscal federal de La Plata Ana Russo amplió la imputación a todos los participantes de la reunión de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia, en la que se promovió el armado de causas judiciales contra sindicalistas, de acuerdo con lo expresado entonces por Marcelo Villegas, exministro de Trabajo de la exgobernadora María Eugenia Vidal, a favor de impulsar una “Gestapo” para perjudicar a dirigentes gremiales.

Este hecho fue considerado este lunes como “muy preocupante” por el presidente Alberto Fernández, quien rechazó los argumentos esgrimidos por Vidal sobre la mesa judicial bonaerense y advirtió: “Es un delito utilizar la maquinaria del Estado para volcarla en perjuicio de una persona y construir las razones para poder detenerla”.

“Es muy preocupante que haya mandado a un ministro y a un intendente a reunirse con agentes de inteligencia y empresarios para inventar la manera de meter preso a un sindicalista“, afirmó el Presidente en alusión a Vidal, en una entrevista con radio AM750.

La investigación, impulsada a partir de una denuncia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), se apoya en el hallazgo de un video en el que puede verse al exministro Villegas y otros exfuncionarios macristas reunidos con empresarios y espías con el supuesto objetivo de promover una persecución judicial a sindicalistas.

De aquella reunión participaron, además de Villegas, Adrián Grassi (exsubsecretario de Justicia de la Provincia de Buenos Aires), Roberto Gigante (exministro de Infraestructura bonaerense), el senador provincial de Juan Pablo Allan, el intendente de La Plata, Julio Garro, y cinco empresarios, según surge del texto de la denuncia.

También estuvieron en ese encuentro -concretado en la sede porteña del Banco Provincia- Diego Dalmau Pereyra, exjefe de Contrainteligencia de la AFI; Darío Biorci, cuñado y exjefe de Gabinete de Silvia Majdalani, y Sebastián De Stéfano, exjefe del área de jurídicos de la central de espías.

La representante del Ministerio Público Fiscal presentó el requerimiento de instrucción ante el juez federal de la Plata Ernesto Kreplak.

La Justicia deberá determinar qué hacía ese video en manos de la AFI, comandada, entonces, por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y si lo que allí quedó registrado es efectivamente la planificación de una estrategia para perseguir a dirigentes a los que el gobierno de Vidal consideraba adversarios políticos o enemigos.

Esto no fue algo improvisado Los que piensan que Macri es nada ms que un tilingo se equivocan puntualiz Caamao

“Esto no fue algo improvisado. Los que piensan que Macri es nada más que un tilingo, se equivocan”, puntualizó Caamaño.

Este lunes, la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, consideró que la instalación de una mesa judicial durante el Gobierno de Cambiemos “no fue algo improvisado” y aseguró que el exmandatario Mauricio Macri “viene armando esto desde que era presidente de Boca”.

“Esto no fue algo improvisado. Los que piensan que Macri es nada más que un tilingo, se equivocan”, puntualizó Caamaño en diálogo con AM 750 y en el mismo sentido profundizó: “Esto (la coordinación entre espionaje y Poder Judicial) él lo viene armando desde hace muchos años, desde que era presidente de Boca. Las causas cuando llegan a Comodoro PRO se frenan”.

Además, Caamaño insistió en la sospecha de que las cámaras que grababan las reuniones en la sede del Banco Provincia “fueron puestas por la AFI” y definió como “una Caja de Pandora” todo el material encontrado en las oficinas del organismo que conduce, por lo que no descartó que puedan aparecer en el futuro nuevos videos.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, consideró que la justicia “debe meterse de lleno” en la investigación y “sancionar a los responsables”.

Por otra parte, este martes, senadores bonaerenses habilitarán formalmente el allanamiento a las oficinas del legislador Juan Pablo Allan, solicitada por el juez Kreplak.

Si bien el legislador del PRO ya había dado su consentimiento para que se realizara el procedimiento judicial, fue convocada una sesión especial a partir de las 14 para cumplir con el aval formal del cuerpo, necesario para materializar el allanamiento.

En tanto, el diputado Eduardo Valdés -miembro de la bicameral de Inteligencia- evaluó este lunes que lo revelado en la reunión del 2017 tuvo su correlato en acciones que llevó adelante el Gobierno de Mauricio Macri contra sindicalistas.

Señaló que en ese encuentro los participantes discutían cómo preconstituir causas judiciales contra el extitular del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) Omar “Caballo” Suárez y el exjefe de la Uocra platense, Juan Pablo “Pata” Medina, quienes finalmente debieron cumplir una condena.

“Todo lo que hablan ahí se concretó con todas las armas que decían que había que usar. Se armaron esas bases de espionaje puestas en la provincia de Buenos Aires para espiar a sindicalistas y opositores”, subrayó.

Adelantó además que la Bicameral de inteligencia “van a presentarse ante el Consejo de la Magistratura” para denunciar por prevaricato a los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi por el fallo en el que consideraron que no hubo asociación ilícita en la causa por espionaje ilegal conocida como “Súper Mario Bros”.

En este contexto, el Frente de Todos buscará esta semana iniciar el proceso para impulsar el juicio político del procurador general de la Suprema Corte bonaerense, Julio Conte Grand, uno de los mencionados en la reunión del 2017 como articulador en el armado de causas.

“Creo que hay que rendir cuentas todos los días”, aseguró María Eugenia Vidal casi al final de la entrevista en el canal de cable La Nación+, en la que se refirió por primera vez al video, dado a conocer por Página/12, donde varios ex jerarcas de su Gobierno coordinaban con empresarios y altos funcionarios de los servicios de inteligencia cómo armar causas para “terminar con los gremios” encarcelando a los dirigentes sindicales. El mismo video que pasó a la historia porque en él su ex ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, expresó el deseo de armar una “Gestapo” para hacerlo. A ninguno de los periodistas se le ocurrió preguntarle a la ex gobernadora si no veía una contradicción entre “rendir cuentas todos los días” y haber dejado pasar unos diez antes de salir a tratar de explicar esa reunión inexplicable.

Sobre los agentes de la AFI: no sabe no contesta

A pesar del tiempo transcurrido y de lo amigable de la charla, Vidal ni siquiera consiguió dar alguna versión coherente sobre qué hacían tres de los más importantes funcionarios de la AFI en una reunión “institucional y de trabajo” (como ella la definió) convocada por sus ministros en las oficinas utilizadas habitualmente por el gobierno provincial para tratar temas delicados.

Lo único que atinó a decir fue que el encuentro “fue ilegalmente grabado” y que la presencia de los espías allí “la va a tener que explicar la AFI“, más precisamente los que la dirigían en ese momento, el amigo íntimo de Mauricio Macri, Gustavo Arribas, y su segunda Silvia Majdalani.

Los espías presentes eran nada menos que Sebastián De Stefano, exdirector de Asuntos Jurídicos de la AFI, Darío Biorci, cuñado y exjefe de Gabinete de Majdalani, y Diego Dalmau Pereyra, exdirector operacional de Contrainteligencia del organismo. Todas figuras de peso en la inteligencia macrista. “Estuve hablando con varios de los participantes y no sabían que ellos eran agentes de la AFI”, intentó explicar Vidal con dudoso poder de convencimiento.

María Eugenia Vidal, marca registrada

Antes había recurrido a sus trucos habituales. Mirar fijamente a la cámara y asegurar que en su gobierno “no hubo ni mesa judicial ni causas armadas”. Concentró toda su argumentación en lo impresentable que era el “Pata” Medina y que cualquiera sabía que era culpable, por lo que no hacía falta inventar nada para meterlo preso. Un argumento que bien le hubiera venido conocer antes a su ministro de Trabajo, así se ahorraba convocar a los empresarios para explicarles cómo tenían que comportarse para que los jueces amigos tengan las excusas legales suficientes para perseguir a los gremialistas.

Nadie le preguntó por todos los otros apuntados por la “Gestapo” bonaerense, desde otros gremialistas como los Moyano o los dirigentes docentes, hasta el propio ex gobernador Daniel Scioli y su ex jefe de Gabinete Alberto Pérez, quien se presentó ante el juez para que se investigue cómo ses armaron las causas en su contra.

La “Gestapo” para terminar con los gremios

En cuanto a la definición de su ex ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, sobre su deseo de crear una “Gestapo” para barrer con los sindicatos, Vidal minimizó el hecho político y lo señaló como una “expresión repudiable” porque “la Gestapo no es algo para banalizar”. Y se apresuró a agregar que el propio Villegas se encargó de comunicarse con las organizaciones de la comunidad judía para disculparse.

Curiosamente, como ya explicó Martín Granovsky en Página/12, lejos de banalizar el Holocausto Villegas expresó su admiración por la Gestapo y en todo caso su tristeza por no poder contar con un organismo como ese para terminar con la molestia sindical. Como bien se encargó de recordar Vidal, Villegas terminó su frase diciendo “pero hay leyes” que impedían crear una Gestapo, por lo que necesitaba de la colaboración de los empresarios para usar a la justicia para llegar al objetivo.

El video y la interna de Juntos por el Cambio

Lo que sí hizo la ex gobernadora fue insistir con  la “ilegalidad” de la filmación de la reunión. “Hasta ahora no apareció la orden de ningún juez que ordenara grabar esa reunión. Para mis ministros y los empresarios eran una reunión de trabajo”, señaló Vidal. La ahora diputada nacional sostuvo que “la gente de la AFI va a tener que explicar en sede judicial” el porqué de la grabación de la reunión y la presencia de los espías en la “mesa de trabajo”

Con su mejor cara de Poker, aseguró que “Macri no me mandó a espiar” y concentró sus recelos sobre Arribas. Casualmente el empresario futbolístico terminó al frente del aparato de inteligencia por su íntima amistad con el ex presidente, tanto que terminó viviendo en su domicilio cuando viajó de emergencia para asumir el cargo.

Inocente, la exgobernadora no quiso hablar de ello ni de la casualidad de que hay otra causa que investiga cómo la AFI la espiaba, a ella y a otros dirigentes del PRO como Horacio Rodríguez Larreta, para que Macri estuviese al tanto de sus posibles desafíos políticos.

Para terminar de completar el panorama, uno de los espías presentes en la reunión, Sebastián De Stéfano, está muy vinculado a Daniel Angelici, otro íntimo amigo de Macri y uno de sus operadores judiciales.

El comunicado del PRO, en la misma sintonía

Pocos minutos antes de la aparición de Vidal, el PRO emitió un comunicado en el que carga contra el gobierno nacional y no hace ninguna autocrítica sobre la “Gestapo” que deseó organizar Villegas. El documento no fue respaldado por la coalición de Juntos por el Cambio.

“En los últimos días, hemos presenciado otra operación judicial del Frente de Todos con el fin de deslegitimar la lucha contra las mafias que impulsó el gobierno de María Eugenia Vidal en la Provincia de Buenos Aires“, comienza el comunicado titulado “Los mafiosos no pueden convertirse en víctimas”.  En la misma sintonía que Vidal, en el documento se expone que no hubo “ninguna mesa judicial en la provincia de Buenos Aires” y que la Justicia “actuó en base a pruebas concretas e irrefutables”.

En tanto, también apuntaron contra el exlider de la UOCRA, Juan Pablo “Pata” Medina, y el extitular del Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y la Minoridad (Soeme), Daniel Balcedo, a quienes calificaron como “millonarios que utilizaron prácticas delictivas para enriquecerse”. 

Todos los políticos que denunciaron al escandaloso video, lo hicieron por cómo queda expuesto el armado de las causas y aclararon que no intentaban defender a Medina sino investigar la forma en que se armaban las causas.

Por último, manifestaron que “el trabajo y la lucha” de la gestión de Cambiemos “contra las mafias” en el territorio bonaerense “no haya sido un esfuerzo en vano”.