El gobierno oficializó este jueves el pedido de nulidad de contratos de concesión de autopistas Acceso Norte y Acceso Oeste, al considerarlos “lesivos al interés general”, mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial.

El Decreto 633/2022 fue adelantado el miércoles por el presidente Alberto Fernández, quien señaló que “son contratos que, a nuestro juicio, son absolutamente distorsivos y han generado un enorme daño económico al Estado nacional y, fundamentalmente, a los usuarios”.

El mandatario lo expresó al hablar sobre los convenios firmados en 2018 por la administración del entonces presidente Mauricio Macri.

El Presidente hizo el anuncio desde la Casa Rosada, junto al ministro de Obras Púbicas, Gabriel Katopodis, quien recibió el encargo de gestionar la nulidad de los contratos ante el fuero contencioso administrativo federal.

El decreto lleva la firma del Presidente, del ministro Katopodis, y del jefe de Gabinete, Juan Manzur.

El artículo 1 señala: “Decláranse lesivos al interés general, en virtud de la existencia de graves vicios que afectan a su legitimidad, los Decretos Nros. 607 y 608 del 2 de julio de 2018, respectivamente, aprobatorios de los Acuerdos Integrales de Renegociación Contractual de los Contratos de Concesión del Acceso Norte y del Acceso Oeste a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud de lo expuesto en el considerando de la presente medida”.

Además la norma instruye a Vialidad Nacional a ” interponer, por conducto de sus órganos dependientes, la pertinente acción de lesividad con el objeto de obtener la declaración judicial de nulidad de los actos citados en el artículo 1°”.Asimismo comunica la decisión a la Oficina Anticorrupción, a la Procuraduría de Investigaciones Administrativos, a la Procuración del Tesoro, a la Auditoría General de la Nación, a la Sindicatura General de la Nación, al Ministerio de Economía, de Obras Públicas y a la Dirección Nacional de Vialidad.

Así el Presidente ordena iniciar una acción judicial para lograr la nulidad de los contratos de concesión de las autopistas de los accesos Norte y Oeste a las empresas Autopistas Del Sol S.A. (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO), respectivamente.

De acuerdo con los contratos firmados en la época de Macri, y según lo solicitado por las empresas, en algunas estaciones de peaje se debería estar pagando 1.830 pesos si no hubiera actuado el Gobierno meses atrás para establecer los valores.

Además, el miércoles Fernández anticipó que la demanda que el Estado presentará en la Justicia por la concesión de las autopistas de los accesos Norte y Oeste “seguramente será acercada como prueba” en la justicia penal federal, “donde se investigan estos contratos en la llamada causa Peajes”, en la que se investiga la renegociación de contratos para la concesión de autovías durante el Gobierno de Cambiemos.

El operador judicial del Gobierno de Juntos por el Cambio (JxC) Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, prófugo de la Justicia argentina, desafió este lunes a los tribunales y a la propia Interpol al presentarse en la sesión del Parlasur en Montevideo, momento en el que fue abucheado por la gran mayoría de los parlamentarios presentes, quienes decidieron votar su destitución definitiva como legislador en el próximo plenario.

“Le pedí al Presidente que no le diera la palabra a Rodríguez Simón porque no corresponde“, dijo a Télam el vicepresidente del Parlasur por Argentina, Oscar Laborde, sobre la primera aparición pública del exfuncionario de Mauricio Macri desde que está prófugo de la Justicia argentina.

Rodríguez Simón decidió no presentarse a declarar en el marco de una causa penal por amenaza y extorsión y se fugó a Uruguay, donde vive desde hace más de un año con un pedido de captura internacional de Interpol.

“Se lo abucheó y se le gritó prófugo”, agregó Laborde respecto al momento en el que “Pepín” Rodríguez Simón se retiró del establecimiento, luego de que el presidente del Parlasur, Tomás Bittar Navarro, decidiera no darle la palabra.

Fabin Pepn Rodrguez Simn en la sesin del Parlasur

Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, en la sesión del Parlasur.

Por su parte, la parlamentaria del Mercosur y dirigente radical argentina María Luisa Storani pidió desde la Unión Cívica Radical que Rodríguez Simón se entregue y declare.

“Solicitamos al Sr. Parlamentario Fabián Rodríguez Simón que se presente ante la Justicia Argentina”, dijo Storani durante el plenario.

En tanto, la parlamentaria del Mercosur Cecilia Britto (Frente de Todos) remarcó a Télam que la mayoría de los parlamentarios se opone a su presencia: “Incluso Storani, vicepresidenta de la UCR, pidió que se someta a la justicia”, dijo.

El operador macrista debi retirarse de la sede del organismo internacional

El operador macrista debió retirarse de la sede del organismo internacional.

La parlamentaria argentina por el Frente para la Victoria Elena Corregido también reprobó la aparición del exfuncionario macrista: “No podemos consentir que un prófugo de la Justicia esté sentado aquí decidiendo sobre cuestiones vitales para los países de la región”.

En este marco, siete legisladores pidieron la destitución de Rodríguez Simón como diputado del Parlasur.

Quienes se opusieron a su expulsión fueron el parlamentario por Juntos por el cambio (JxC) Humberto Benedetto y el legislador del Parlasur por el Partido Colorado uruguayo Conrado Rodríguez.

En el próximo plenario del Parlamento del Mercosur será votada su expulsión definitiva, en la que se necesitarán dos tercios de los legisladores presentes para aprobarla.

La Directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, informó este domingo que durante el actual Gobierno bajó a más de la mitad la cantidad de personas que se fue del país en comparación con la etapa de la administración de Mauricio Macri entre 2015 y 2019.

“El promedio diario de personas que salieron y no volvieron por 1 año durante el macrismo es de 164 x día. Mientras, al tomar los datos de la declaración jurada migratoria (desde 2020), el promedio diario de personas que consignaron mudanza es de 78 por día. Menos de la mitad”, explicó Carignano en Twitter, adjuntando cuadros estadísticos.

Aclaró que “al día de hoy, los únicos datos oficiales se obtienen de la declaración jurada migratoria que implementamos el 7/9/20. No hay datos oficiales previos“.

“Esta es la información oficial. Dato mata relato“, sentenció la funcionaria.

De esta manera, Carignano salió al cruce de Macri, quien dijo este domingo que el país atraviesa “el mayor éxodo de argentinos de su historia”.

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, acusó a Macri de “manipular la ilusión y el ánimo” de la ciudadanía “con noticias falsas”.

Cerruti desmintió que “haya más argentinos emigrando que en ninguna otra época” y Carignano avaló la información con los datos oficiales que distribuyó por la red social.

Los jueces Borinsky y Carbajo entendieron que esa decisión del tribunal de apelaciones platense constituyó un “exceso de jurisdicción”, por lo que ordenaron “remitir la presente a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de esta Ciudad a los efectos de continuar con la tramitación de la causa”, según consta en el fallo al que accedió Télam.

El planteo de la defensa de Nieto, ejercida por el abogado Gervasio Fraga, apunta a anular la extracción de datos del celular del secretario privado de Macri.

La sorpresiva decisión de Casación generó una veloz respuesta del abogado Carlos Beraldi, representante legal de la querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien ya formuló una presentación en la que advirtió que se opondrá al traslado del expediente al territorio porteño.

El letrado sostuvo que la nueva decisión resulta arbitraria y va en contra de un pronunciamiento anterior de la propia Casación en la misma causa, en la que se había dispuesto que la eventual materialización del cambio de jurisdicción se daría cuando lo resuelto por ese tribunal adquiriera firmeza, algo que aún no ocurrió.

El fallo de Casación llega días después de que Borinsky rechazara planteos de recusación contra él con su propio voto junto al de su colega Carbajo, formulados por distintas querellas que consideraban que debía dejar de intervenir en el expediente luego de conocerse que había visitado al expresidente Macri en la Quinta de Olivos