En consonancia con numerosas movilizaciones que se realizaron a lo largo y ancho de nuestro país, bajo la consigna “Por un Poder Judicial Independiente y Democrático “, se llevó a cabo este martes por la tarde en nuestra ciudad la marcha del 1 F , en la que diversas organizaciones políticas y sociales se manifestaron frente a la Cámara Federal ubicada en la Diagonal Pueyrredon entre Belgrano y Moreno por la renuncia de los miembros de la Corte, con el objetivo de generar una reforma judicial que implique “una justicia que sea realmente independiente”.

Participaron entre otros referentes de Mar del Plata y Batán, el concejal del FdT y secretario general del Sindicato de Trabajadores de Administración, Maestranza y Servicios de Casinos, Roberto “Chucho” Páez, el Defensor del Pueblo Daniel Barragán y los dirigentes de la CTA,Graciela “Gachi” Ramundo y Raül Calamante, el dirigente del partido de la Concertación Forja, Edgardo “Mosquito” Díaz, Sergio Salinas Porto y Pablo Galarreta del Frente Grande, Pedro Ferrer del Partido Comunista, Adrián Carril de Kolina, y un nutrido grupo de jubilados del Frente de Todos.

Aproximadamente se hicieron presentes unas 300 personas se hicieron presentes que, tras la lectura de un documento, con las adhesiones de las diferentes organizaciones sociales y políticas, cerraron el acto con la entonación de las estrofas del himno nacional argentino y se desconcentraron sin inconvenientes.

El Estado nacional presentó un recurso de apelación contra la medida cautelar dictada por el juez federal de Mar del Plata Alfredo López, que suspendió la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en hospitales nacionales, y planteó la recusación del magistrado por su falta de imparcialidad, informaron fuentes judiciales.

A través de un escrito de 188 páginas, al que tuvo acceso Télam, el Estado pidió que se deje sin efecto la resolución dictada el pasado 7 de junio por López, titular del Juzgado Federal 4 de la localidad balnearia, que ordenaba la suspensión de la aplicación de la Ley 27.610, sancionada por el Congreso Nacional el 30 de diciembre de 2020 y promulgada el 14 de enero de 2021, y también del Protocolo para la atención integral de personas con derecho a la interrupción legal del embarazo.

El magistrado consideró en su resolución que estas normas violan la protección integral de la vida desde la concepción, a partir de una presentación realizada por Héctor Adolfo Seri, un abogado jubilado de la ciudad, para que se dictara su inconstitucionalidad.

El recurso por parte del Estado fue presentado por la abogada Mariana Muriel Brun, delegada del Cuerpo de Abogados del Estado en Mar del Plata.

Por un lado, planteó la recusación de López por considerar que se comprobaron “graves circunstancias que ponen seriamente en duda” su actuación “como juez imparcial en esta causa”.

A su vez, en la apelación de la medida cautelar dictada, también solicitó que “se conceda el recurso con efecto suspensivo y, oportunamente, se revoque la resolución” del magistrado “en tanto causa gravamen irreparable”.

El escrito consideró que “en un fallo sin precedentes”, el juez “deliberadamente abandona su condición de imparcial y decide tomar las riendas del proceso contra la ley 27.610”, sancionada por el Congreso Nación el 30 de diciembre de 2020 y promulgada por el Poder Ejecutivo el 14 de enero de 2021.

En esa línea, indicó que “la suspensión de la vigencia” de la norma “afecta gravemente el interés público en tanto el aborto es un problema de salud pública por varios factores, entre ellos: la cantidad de mujeres, adolescentes y niñas a las que afecta, por la permanencia de este problema en el tiempo, y por los riesgos que tienen en la salud sexual y reproductiva de miles de mujeres y personas con capacidad de gestar”.

Respecto a la “verosimilitud del derecho invocado” en el fallo, destacó que “invoca el derecho a la vida, pero su interpretación es sesgada exclusivamente para la vida intrauterina”.

“Pretende con su pluma desarticular una política pública estatal, que fue decidida a instancias y con la participación del pueblo argentino, representado por distintos sectores de la sociedad civil en uno de los debates más amplios y democráticos que se desarrollaron en la República Argentina”, señaló el recurso.El planteo del Estado indicó que “existen en el presente caso motivos de público conocimiento que impiden” a López “continuar interviniendo”, “sin que ello implique una vulneración del debido proceso legal”.

En ese sentido, se destacaron “distintas expresiones vertidas” por el juez públicamente, que “pueden ser consideradas como adelanto de opinión, en tanto guardan directa relación con el asunto de fondo a decidir en esta causa”.

El escrito incluyó la reproducción de declaraciones públicas y periodísticas brindadas por el magistrado sobre el caso y sobre el aborto, así como posteos en sus cuentas de la red social Twitter, en las que se refirió -por ejemplo- a “las verdes femibolches, idiotas útiles de la oligarquía globalista”.

“En el caso bajo análisis, no nos encontramos frente a una opinión emitida en abstracto en torno a un posible caso hipotético, sino referido a una cuestión estrictamente ligada con una causa en trámite ante el Juzgado a su cargo y respecto de la cual debe decidir”, señaló la presentación estatal.

Fuentes judiciales indicaron a Télam que en caso de que el juez rechace el pedido de recusación, deberá tomar intervención la Cámara Federal de Apelaciones marplatense.

Los argumentos

En cuanto a la apelación de la resolución del juez, el Estado cuestionó también “la improcedencia de la vía legal utilizada para la acción de amparo”, y destacó que “el ciudadano accionante no cuenta con legitimación activa en tanto no encuadra en ninguno de los tres supuestos habilitados por la norma constitucional: el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley”.

Mientras tanto, y a una semana de conocerse su resolución para suspender la IVE, López intervino este lunes en una concentración junto a manifestantes en contra del aborto frente a la sede de su juzgado, donde se vivieron algunos momentos de tensión, ya que en el mismo lugar fue convocada previamente una marcha de militantes a favor de la interrupción voluntaria del embarazo y en repudio a este fallo.

Tras la intervención de un cordón policial para evitar incidentes, el magistrado señaló: “Están acá para recusarme, para alejarme de la causa”.

La justicia uruguaya convocó a una audiencia por la solicitud de detención preventiva y extradición del diputado del Parlasur Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, formulada por la jueza federal María Romilda Servini en el marco de la causa en la que se investigan las presiones del gobierno de Cambiemos al Grupo Indalo.

La audiencia fue convocada para hoy a las 14.30 en Montevideo por la jueza letrada especializada en Crimen Organizado de primer turno, Adriana Chamsarian, según informaron a Télam voceros de la justicia uruguaya.En la resolución, con la que convocó a la audiencia, la jueza Chamsarian dejó asentado que ya recibió las presentaciones de Rodríguez Simón vinculadas con la fijación de su domicilio en ese país y la constancia de la solicitud presentada ante la CORE.

El parlamentario del Mercosur, a quien la justicia investiga por su supuesta participación en la mesa judicial de Cambiemos, había presentado su pedido de ser considerado como refugiado político ante la CORE, presidida este año por la cancillería uruguaya, pero la definición pasó a manos de la justicia luego de que la jueza Servini enviara un exhorto a ese país para reclamar la detención y extradición de Pepín.

La definición le quedó a la justicia, porque el artículo 41 de la Ley de Derecho al Refugio de Uruguay habilita a que “cuando los pedidos de extradición recaigan sobre solicitantes de refugio, será el Juez de la causa quien, en forma excepcional, previo informe de la Comisión de Refugiados, adoptará resolución sobre la solicitud de refugio, antes de resolver sobre la extradición”.

La CORE, según pudo saber Télam de fuentes diplomáticas, ya viene trabajando en el planteo formulado por Rodríguez Simón, pero el informe no estará listo para mañana.

La jueza de la extradición, Chamsarian, quedó entonces a cargo de las tres definiciones claves del proceso: primero tendrá que resolver el pedido de refugió para pasar a fallar sobre la detención y la extradición solicitadas por Servini, según indicaron fuentes de la justicia y la diplomacia uruguaya.

El código procesal penal de ese país establece que a la audiencia de debate “deberán comparecer la persona requerida asistida de defensor, el abogado del Estado requirente y el Ministerio Público”.

La jueza informará a las partes sobre el pedido de detención y extradición que pesa sobre Rodríguez Simón y pondrá a su disposición la información incorporada al expediente para que el imputado por la justicia argentina pueda ofrecer su descargo.

“Si la persona requerida manifestara su consentimiento para ser entregada al Estado requirente, lo que podrá hacer en cualquier estado del proceso, el tribunal lo resolverá sin más trámite”, reza el código procesal penal uruguayo en relación a este tipo de trámites.

Es de esperar que la defensa de Rodríguez Simón exponga en la audiencia su situación en relación al pedido de ser acogido por Uruguay como refugiado político, trámite que inició ante la CORE (Comisión de Refugiados) que funciona por vía separada del Poder Judicial.
La CORE está integrada por un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo, uno de la Dirección Nacional de Migración, uno de una universidad, un legislador, dos de organizaciones no gubernamentales y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados o su representante, que será siempre miembro invitado para las reuniones de la Comisión de Refugiados, con derecho a voz, pero sin voto.

Durante la semana, el Poder Ejecutivo uruguayo emitió algunas señales tendientes a hacer público que no tiene interés en frenar el avance del proceso a través del cual se definirá el futuro de Rodríguez Simón y, sobre todo, si es devuelto a la Argentina donde es investigado por la justicia.

El Ente Nacional de Telecomunicaciones interpondrá un recurso extrarodinario ante la Corte Suprema con el objeto de revertir la medida cautelar a favor de la empresa Telecom, que suspende los artículos que definieron como servicio público a Internet, telefonía móvil y cable.El Ente Nacional de Telecomunicaciones (Enacom) interpondrá un recurso extrarodinario ante la Corte Suprema de Justicia con el objeto de revertir la medida cautelar a favor de la empresa Telecom, que suspende los artículos 1 al 6 del DNU 690/2020, que declaró servicio público a las telecomunicaciones.

El organismo recurrirá al máximo tribunal en busca de revertir la decisión de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que el viernes admitió una presentación de Telecom Argentina y decretó una medida cautelar en su favor que suspende los artículos 1 al 6 del DNU 690/2020, con voto mayoritario de los jueces José Luis López Castiñeira y Luis María Márquez.

“Enacom interpondrá un recurso extraordinario federal para elevar la controversia a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y continuará con sus políticas públicas en la defensa del derecho humano de las telecomunicaciones y de todos los usuarios y usuarias”, informó el organismo en un comunicado, a última hora del sábado.

Al respecto, sostuvo que “la decisión del Poder Judicial no sorprendió a Enacom”, porque “no modifica lo que venía ocurriendo en la práctica desde la promulgación de dicho DNU ratificado por Ley, ya que Telecom incumple el mismo desde hace más de 8 meses”.