Si bien con los votos del pultismo, el oficialismo logró que el controvertido expediente de las fotomultas eludiera el paso por la comisión de Educación, donde la oposición más férrea conformada por el Frente de Todos y Crear Juntos cuentan con la mayoría, quedó flotando en el recinto de sesiones un manto de sospecha  que ya no se limita sólo a un cambio de giro de  comisión reñido con el reglamento interno que no tuvo explicaciones plausibles, sino que apunta a cuestiones de fondo, que ponen en el centro de la escena a una empresa privada detrás de la Universidad Nacional Tecnológica de San Martín, la cual obtendría pingües beneficios en la distribución de lo que se recaude en concepto de multas.

En su intervención, el edil de Crear Juntos Alejandro Carrancio denunció que se busca “convertir a la ciudad en una trampa recaudatoria, que beneficiaría a un proveedor operativo  privado, que es el mismo prestador que en todos los lugares con los cuales tiene convenio  la Universidad Nacional Tecnológica de San Martín ,  lo hace a través de dos empresas: Secutrans o Transito Seguro, que siempre termina arreglando con Secutrans, que es la empresa que está detrás de la Universidad ¿Quién es Secutrans y quienes la conforman? ¿Qué antecedentes tienen? En el expediente no se aporta información de esta empresa”, agregando que “ por lo tanto, investigamos y averiguamos que el titular Secutrans es el señor Leandro Camani, un personaje mediático que tiene cierta predisposición con las cuestiones faranduleras, y que es el mismo que se filmó  con el celular mientras conducía temerariamente su automóvil importado  a 160 kilómetros por hora por la avenida Libertador,  donde la máxima velocidad permitida era 60 kilómetros por hora, ese video todavía está en las redes sociales de Camani, nunca lo borro”.

Asimismo, el edil aseguró que este personaje “estuvo involucrado en una causa donde se lo sindicaba como el artífice de una habilitación ilegal de un local bailable denominado Beara,  donde luego de un derrumbe perdieron la vida dos chicas”, mencionando también que  “a fines del 2018, en San Antonio de Areco se le rescinde el contrato por incumplimiento y, también, en el municipio de Escobar tuvo problemas por incumplimientos contractuales por la provisión de semáforos y equipos de control de la violación de la luz roja, con lo cual cuando hablamos de antecedentes veamos cuáles son buenos y también cuáles dejan mucho que desear,  porque hemos tenido experiencias que no han sido buenas”.

Además,  comparó que en el anterior convenio con la Universidad Nacional Tecnológica de La Plata,  el cual recientemente fue rescindido,  “  el 20 % de lo que se producía  por el cobro de las infracciones de fotomultas  iba a ser para la provincia , el 50 % quedaba en las arcas municipales y el 30 % se lo llevaba la universidad, pero  este convenio propone una distribución muy distinta que es del 20%  para la provincia, el 24 %  para el municipio,  el 56 % para la universidad, que seguramente Camani se lleva la mayoría y un pequeño porcentaje quede para la universidad, o sea el 76% del producido por las fotomultas queda fuera de las arcas municipales”.

Alertó, también, que “estamos en una diferencia muy importante con lo que fue el convenio con la Universidad de La Plata en el 2017, al cual le hicimos un montón de modificaciones, ya que en aquel momento se pedía la autorización, que habilitaba que le hagamos modificaciones al convenio, pero acá se trata de una convalidación, o sea aprobamos o no aprobamos, los márgenes son mucho más limitados, con lo cual tenemos que estar de acuerdo o no a libro cerrado”.

Desde la bancada de Acción Marplatense, que acompañó con su voto al interbloque gobernante para que pudiera sortear el obstáculo de la comisión de Educación, su presidente Horacio Taccone admitió que el convenio “no nos convence, no nos entusiasma y hasta acá, solo tenemos objeciones”.

A su turno, el concejal del Frente de Todos, Roberto Páez remarcó que “nos piden desde el Ejecutivo una convalidación, que de acuerdo a los números la transferencia de recursos que se hace del estado municipal hacia una Universidad, dónde por detrás existe un privado, es de más de un presupuesto y medio, ¿y a libro cerrado?  Un absurdo”.

A renglón seguido, destacó que “el Intendente Montenegro fue el que dejó sin efecto el convenio anterior, seguramente porque creía que era malo para todos los marplatenses, este convenio es muchísimo peor. Y de acuerdo a los datos que nos pasaron, tenemos derecho a tener un manto de sospecha”, añadiendo que “Mar del Plata tiene más de 400000 vehículos más lo que se agregan en la temporada, hay un afán recaudatorio muy grande. El secretario de gobierno cuando vino al recinto, nada es casual, y habló de la designación de los jueces de falta que faltan”.

En tanto que su par de bancada, Virginia Sívori en la misma línea sostuvo que “se ocultan ciertos negocios detrás de conceptos tan nobles como la seguridad vial, lo de los giros se podría haber resuelto si de verdad no tenían nada que ocultar”.