En el marco de una conferencia de prensa que se desarrolló este lunes en la sede de la Asociación de Empleados de Casinos Nacionales, el secretario general de la Asociación Gremial de Empleados de Administración, Maestranza y Servicios de Casinos (AMS), Roberto “Chucho” Páez, dio detalles sobre la denuncia del “apriete sindical” que sufrió junto a su hija de 10 años el último sábado, por el cual responsabilizó a gente del Sitaclah.

Páez relató que “a las 15.10 del sábado salía de mi casa con mi hija, de 10 años, de la mano. Íbamos a ver un partido de fútbol de mi hijo mayor. Fui interceptado por tres desconocidos, me amenazaron e increparon, y me dicen que yo era uno de los culpables junto al compañero Marcos Labrador de que el sindicato de ellos no tenía ámbito de actuación en los casinos, y que ellos eran de parte de un sindicato denominado SITACLAH. Yo les digo que no tengo tanto poder para trabar estas cuestiones que se dirimen en el ámbito del Ministerio de Trabajo, no se dirimen entre trabajadores y ellos me replican que esto se tiene que terminar porque dentro de diez días volveremos de otra manera”.

Agregó que en esas circunstancias “mi hija se largó a llorar. Pasamos un momento tremendo, toque el timbre y bajo mi señora, mientras estos sujetos se fueron caminando por la calle Italia hasta Balcarce. Mi señora agarró el auto para ver en que se movilizaban, pero no logró ubicarlos, indudablemente tenían algún auto en las cercanías que les sirvió de apoyatura. Esta fue toda la situación con todo lo que trae aparejado, a la nena le han quedado secuelas, la tuvimos que trasladar a otro domicilio para que pudiera dormir a la noche”.

Refirió, además, que “inmediatamente, me dirigí a la Comisaria Cuarta, donde fui muy bien atendido y se tomó la denuncia. También me comunique con el Secretario de Seguridad, quien se puso a disposición y me mandó algunas filmaciones que hay que corroborar para ver la certeza que tienen”, añadiendo que “el comisario de la Cuarta, Miguel Leguizamón se contactó conmigo a la tarde, me dijo que veía necesario poner un rondín, también se comunicó el jefe de la Departamental para ponerse a disposición”.

Con respecto a los presuntos autores de las amenazas, precisó que “esta gente ya tiene otros antecedentes y una metodología de actuación ; han realizado lo mismo hace unos años atrás, en el domicilio particular de un director de Casinos ; también, son los mismos que bloquearon el acceso al Casino Central este verano no habiendo ninguna cuestión que fuera conflictiva; hace un mes atrás quisieron entrar al Casino Central por la fuerza y fueron desalojados por la policía, con la presencia de un director provincial que estaba de casualidad estaba en Mar del Plata; son los mismos que amenazaron al Secretario de Obras, Jorge González hace un tiempo atrás; y que se metieron en la oficina de la Secretaria de Desarrollo Social, Vilma Baragiola , quien se comunicó conmigo y me manifestó el accionar de esta gente, expresándome toda su solidaridad”.

Agradeció a los medios de difusión que se hicieron eco del hecho, y las muestras de solidaridad recibidas por parte de la directora del Anses, Fernanda Raverta, del diputado nacional, Leopoldo Moreau, del Ministro de Trabajo de la provincia Walter Correa, del secretario de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, obviamente de mis compañeros de bloque, del presidente del bloque de Vamos Juntos, Agustín Neme, del concejal Fernando Muro, de los dos concejales de Acción Marplantense Horacio Taccone y Paula Mantero y del concejal Alejandro Carrancio”.

“Un sinnúmero de organizaciones, instituciones gremiales, sociales, culturales y políticas se solidarizaron porque esto nos afecta a todos, la violencia la tenemos que erradicar entre todos porque no se concibe más vivir en esta sociedad donde quieren implementar métodos de la selva, del más fuerte, que no tienen nada que ver con el sistema de vida que hemos elegido los argentinos”, concluyó.

En medio de la polémica desatada por el traslado de la zona roja, el Municipio informó que en las próximas horas habilitará una línea de WhatsApp para que los vecinos puedan denunciar a quienes ejerzan la prostitución fuera de la zona roja habilitada.

Se trata de la línea 2234368599, que pertenece a la Patrulla Municipal. La medida se da en el marco de la ordenanza 25.590 aprobada por el Concejo Deliberante, el Municipio y cuenta con una nueva herramienta para que los vecinos puedan denunciar si se ejerce la prostitución en las veredas de sus domicilios. Decreto, que firmará el intendente Guillermo Montenegro en las próximas horas, subraya que esto “constituye una reparación histórica para miles de vecinos que sufren las consecuencias del ejercicio de la prostitución frente a sus viviendas familiares, desde hace décadas”, y que “la falta de reglamentación estatal sobre esta cuestión afectaba notablemente la calidad de vida de las familias de distintos barrios de nuestro Partido”.

“Nunca más un vecino de Mar del Plata tendrá en el frente de su casa a alguien ejerciendo la prostitución, y si esto ocurre tiene que denunciarlo”, señaló el secretario de Seguridad, Martín Ferlauto quien además detalló que el intendente firmará el decreto en las próximas horas y comenzará a regir lo dispuesto por la ordenanza en el término de 10 días corridos desde su publicación.

Alan Roberto Cardoso, el joven de 20 años que se habría interpuesto con su moto ante el remís de Carlos Guzmán para evitar que escapara, se entregó este miércoles a la mañana en el palacio de Tribunales, acompañado por una abogada.

Para los investigadores, Cardoso habría actuado en complicidad con Emmanuel Hervort, alias “El Tuerto”, en el intento de robo que el domingo a la madrugada terminó en el asesinato a sangre fría del remisero Carlos Guzmán, de 56 años.

El secretario de Seguridad municipal, Martín Ferlauto, sostuvo este miércoles que el sistema de reconocimiento facial permitirá “vivir más seguros” a los vecinos, garantizó el descarte de datos de personas no buscadas y marcó el objetivo de lograr “el mayor consenso posible” para sancionar la iniciativa.

Al exponer en la Comisión de Legislación del Concejo Deliberante, el funcionario ratificó su postura favorable al proyecto, establecida en un informe enviado previamente a la Comisión de Seguridad, y señaló que el municipio considera que la herramienta es “muy importante para la seguridad del partido”.

El secretario mencionó “cuatro aplicaciones principales” del software de reconocimiento facial. La primera es la búsqueda de prófugos de la Justicia. La segunda es la identificación de personas en flagrante comisión de delitos. La tercera, la búsqueda de personas perdidas. Y la cuarta, la constatación de si se violó o no una restricción de acercamiento en casos de violencia de género.

Ferlauto buscó responder los principales cuestionamientos opositores. Con respecto a la posible violación de derechos, afirmó que “ninguno es absoluto”. “Todos admiten ser reglamentados. Eso forma parte de la propia Constitución y de los tratados internacionales que son la fuente de reconocimiento de todos los derechos”, señaló.

“Se ha dicho que viola los derechos fundamentales. Desde nuestro punto de vista, la palabra ‘violar’ es incorrecta, porque implica que la norma o el programa a implementar resulta contrario al orden jurídico en su conjunto, y el orden constitucional tolera reglamentaciones a derechos siempre que sea para proteger otros bienes jurídicos y se tenga un fin lícito”, argumentó.

“En este caso –añadió– no solamente creemos que el fin es lícito, sino que además es noble: proteger la seguridad de los vecinos, lo que también constituye un derecho humano”.

Ferlauto indicó que “esta medida es razonable, ajustada a derecho y positiva”, al punto de que permitirá “defender los derechos de los vecinos a vivir seguros”.

El funcionario destacó dos “garantías” para una “buena utilización del sistema”. “La información biométrica que capture el sistema y no sirva para lograr la identificación de una persona buscada debe ser descartada inmediatamente, no puede ser almacenada por la Municipalidad”, dijo en primer término. Y en segundo lugar puntualizó la conformación de una comisión –sugerida por la Subsecretaría Legal y Técnica– “para garantizar el descarte de la información”.

“Política de Estado”

Ferlauto marcó la intención de que el reconocimiento facial se convierta en “una política de Estado” en materia de seguridad, “que trascienda la gestión del intendente”, como el sistema de videovigilancia.

Respecto de la forma contratación (la oposición reclama una licitación), el secretario dijo no tener “ninguna objeción a que se lleve adelante por los medios previstos en la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM)”; es decir, por el método correspondiente en virtud de los montos involucrados.

“Si tiene que hacerse por licitación, se hará por licitación. Nunca se propuso hacerlo por contratación directa”, aclaró, y dio una idea del precio: el municipio de Lanús, donde se implementa un sistema similar al que pretende contratar General Pueyrredon, paga “entre 800 mil y 900 mil pesos mensuales”.

En ese marco, resaltó el objetivo de lograr consensos políticos sobre la utilización de la herramienta para que, una vez aprobado el proyecto, el municipio celebre convenios con diversos organismos provinciales y nacionales para tener a disposición las bases de datos necesarias para implementar el sistema.

A instancias de una moción del concejal de Acción Marplatense, Horacio Taccone, la comisión de Legislación resolvió, este lunes, convocar a la próxima reunión al secretario de Seguridad, Martín Ferlauto, a fin de evacuar las dudas de los ediles respecto al proyecto del Ejecutivo para implementar el software de reconocimiento facial para la detección de prófugos de la Justicia.

Cabe traer a colación que el informe de la Subsecretaría de Legal y Técnica planteó como necesario “lograr un equilibrio del uso de esta tecnología con el respeto de los derechos de la privacidad individuales”, por lo que se encomendó la creación o puesta en marcha de un organismo de control interno que brinde mayor transparencia a la utilización del sistema.

Por su parte, el informe del secretario de Hacienda, German Blanco, si bien no dio precisiones sobre sobre el presupuesto que se debería asignar para la compra del sistema, indicó que “las modalidades de contratación” posibles son “en forma directa, concurso de precios y licitación pública o privada”, en lo que se entiende como una señal del Ejecutivo para consensuar un dictamen con la oposición.

Durante el debate, el edil del Frente de Todos, Vito Amalfitano, planteó que “recibimos con beneplácito que, finalmente, se haya escuchado nuestro pedido para que se convoque a una licitación pública y que no salga por contratación directa. Ahí al menos nos superamos un poquito con respecto al proyecto de fotomultas”.

Sin embargo, cuestionó que “este tema no se debatió como debería haberse debatido en este Cuerpo independientemente de lo mediático, ya que en la comisión de Seguridad prácticamente el expediente se aprobó a libro cerrado, y que propusimos una Jornada de Trabajo para debatirlo con todas las partes, pero la propuesta fue archivada”.

Asimismo, hizo hincapié en que “según el informe de la Secretaría de Hacienda – que se recibió hoy a las ocho de la mañana y del que conocemos detalles muy escuetos -, no se sabe cuánto esto le va a costar a vecinos y vecinas, porque no lo dice la respuesta, y en cuanto a la respuesta de Seguridad, el secretario reconoce que en este sistema se implica vulnerar derechos, entonces tenemos que estar atentos a esto y al menos escucharlo a ver qué derechos se vulneran”.

“Respecto a la respuesta de Legal y Técnica – prosiguió-, Martinelli nos dio la razón en muchos cuestionamientos que nosotros presentamos cuando no se quiso debatir el tema porque pide un organismo de control interno, garantizar la eliminación automática de datos biométricos de personas que no estén implicadas en delitos, que se dé información técnica sobre el sistema. Dijo que debe ser regulada de manera que se garantice la protección de los derechos de privacidad y /o intimidad de los derechos de los individuos”. Y dijo que la captura de datos biométricos a una persona a través de las cámaras de vigilancia urbana es efectuada sin su consentimiento lo que ha dado lugar a planteos judiciales, tanto en el país como en el exterior, considerándose que puede traer resultados negativos, discriminatorios, perjudiciales e injustos. A la vez que se cuestiona cuál es la utilización que le dará el Estado a esos datos que recaba”.

Tras manifestar el acompañamiento de su bancada a la moción de convocar al secretario de Seguridad, Amalfitano concluyó sentenciando:“Fíjense la complejidad del tema y lo poco que se debatió porque el propio Subsecretario de Legal y Técnica pone todos estos reparos, que deberían estar contemplados en el análisis y que no fueron contemplados. Todo lo contrario, se archivó una Jornada de Trabajo para contemplar todos estos detalles que dice un funcionario municipal. Es muy contradictorio que se diga que se debatió lo que no se debatió”.

Por su parte, el edil pultista Horacio Taccone sostuvo que “no recibo con beneplácito las afirmaciones de los funcionarios de gobierno en relación a que están dispuestos a llamar a una licitación pública porque es lo que corresponde, sí nos alegramos porque se empiece a cumplir con la ley, estamos en serios problemas”.

Y concluyó planteando que “por los montos en juego van a tener que convocar a una licitación y para eso hace falta un pliego. Entonces, a los efectos de que no se demore lo que el oficialismo considera que esto puede llegar a ser una solución para los problemas de seguridad, trabajen con el pliego y envíenlo cuanto antes para que lo podamos empezar a analizar en el Concejo”.