Por unanimidad, el Cuerpo Deliberativo aprobó el pedido del interbloque Juntos por el Cambio para que las autoridades nacionales y provinciales revean el Decreto de Necesidad y Urgencia por el cual se modificó el criterio para la recategorización de fases para los distintos municipios, afectando a General Pueyrredón que a raíz de ello descendió a fase 2.
Durante el debate, la concejal radical Cristina Coria sostuvo que “nos estamos dirigiendo, con mucho respeto, ni siquiera estamos imponiendo una idea, lo que estamos haciendo es pedir sí cabe la posibilidad de que se revalúen estos parámetros, que traen muchas dificultades a nuestro distrito”.
Desde el Frente de Todos, que junto al Frente Renovador se abstuvo, la edil Marina Santoro defendió el último DNI presidencial, aduciendo que “no son medidas que restringen la libertad sino medidas que al contrario nos cuidan, se trata de criterios establecidos por parámetros objetivos”.
Asimismo, recalcó que “no se trata de “un capricho presidencial” ni responde a “especulaciones políticas”, hay que ser muy mal pensado para pensar que hay una intencionalidad política para perjudicar a la ciudad porque está gobierna por Juntos por el Cambio cuando casi toda la provincia está sumergida en esta segunda ola, no somos solamente Mar del Plata y Batán. De hecho, el martes pasado había 122 distritos en alerta epidemiológica y este martes son 114, y más de la mitad están gobernados por el Frente de Todos”.
Cabe traer a colación que antes de la modificación del parámetro por el cual un distrito pasa a estar en alerta epidemiológica, o sea el equivalente a la fase 2 que establece la provincia y hoy rige en General Pueyrredón, se debían reunir dos indicadores: más de 500 casos acumulados en los últimos 14 días cada 100 mil habitantes, y una ocupación de camas de terapia intensiva del 80%. Y con la última modificación, cuya revisión solicita el HCD, alcanza con tener uno de los dos criterios para caer en la fase más restrictiva.
Con el acompañamiento de Acción Marplatense y el concejal atlántico Mauricio Loria, el interbloque de Juntos por el Cambio logró la aprobación por mayoría de la ordenanza ómnibus que confiere, entre otras cuestiones, las atribuciones al intendente Guillermo Montenegro para fijar el valor de la tarifa del servicio de colectivos hasta fin de año. Con lo cual es inminente el aumento del boleto, que según los corrillos del Palacio municipal pasaría del costo actual de $ 35,14 a un monto que oscilaría entre los $ 55 y $ 60.
Como habían adelantado, durante el tratamiento en comisiones, el Frente de Todos y el bloque unipersonal del Frente Renovador votaron contrariamente.
El expediente aprobado incluye, además, la declaración de emergencia del servicio de transporte por un año, prorrogable por el mismo periodo y la extensión del contrato de concesión, cuya prorroga dispuesta por el ex intendente Arroyo vence el 19 de junio.
Para camuflar la cruda realidad de un nuevo mazazo contra los usuarios, la ordenanza también encomienda a Montenegro gestionar, ante el gobierno nacional, “la equiparación de los subsidios para el transporte público con los que se otorgan para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), a los efectos de equiparar la tarifa para los vecinos usuarios del partido de General Pueyrredón”.
Asimismo, prevé la convocatoria “a todos los funcionarios y legisladores marplatenses que ocupan lugares de gestión y representación en los gobiernos nacional y provincial con el fin de asegurar un frente único de trabajo por la equidad tarifaria”.
Al pasar a la votación uninominal, se pronunciaron a favor de la ordenanza que habilita al jefe comunal para aumentar el boleto los concejales de Vamos Juntos Agustín Neme, Mercedes Morro, Guillermo Volponi y Nicolas Lauria; los radicales Vilma Baragiola, Cristina Coria, Ariel Martínez Bordaisco y Marianela Romero; de la Coalición Cívica Angélica González y Liliana Gonzalorena; de Agrupación Atlántica Mauricio Loria; y de Acción Marplatense Horacio Taccone y Paula Mantero.
Votaron en contra Roberto “Chucho” Páez, Vito Amalfitano, Daniel Rodríguez, Marcos Gutiérrez, Roberto Gandolfi, Sol De La Torre, Marina Santoro, Virginia Sívori, y Verónica Lagos del Frente de Todos, Ariel Ciano del Frente Renovador y Alejandro Carrancio de la Agrupación Crear.
Cabe destacar que Carrancio había planteado modificar la ordenanza proponiendo que “se fije como tope máximo para el aumento que el que fuera determinado desde el último aumento hasta el día de la fecha con posteriores variaciones hasta el 31 de diciembre corriente año el que fuera fijado por el Consejo Nacional de Salario Mínimo Vital y Móvil, y, de esa forma, no le estamos aplicando todo el peso del aumento a los usuarios”.
También condicionó su voto a que “la extensión de la emergencia del servicio de transporte público sea solamente por un año, sin prórroga automática por parte del intendente, y que la misma sea solicitada al Concejo Deliberante para que decida sí lo amerita”.
Ambas mociones fueron rechazadas, por lo cual Carrancio votó en contra de los artículos 1 y 2 de la ordenanza ómnibus, que declaran la emergencia y la delegación de facultades para fijar la tarifa.