El proyecto presentado por el edil de la Coalición Cívica, Angélica González, buscando crear un registro de conductores para habilitar la llegada de plataformas digitales como Uber o Cabify, quedó en suspenso en la comisión de Movilidad Urbana a la espera de los informes de la Secretaría de Gobierno, la Subsecretaría de Legal y Técnica, la Secretaría de Desarrollo Productivo y el Emsur, solicitados por los ediles.

Durante el debate, edil del Frente de Todos Vito Amalfitano recordó a la autora de la iniciativa que “fue el propio intendente quien les dijo a representantes de las entidades de taxis que no permitiría empresas como Uber o Cabify”.

Por su parte, la concejal oficialista González reconoció que su iniciativa va contramano de la postura del jefe comunal, asintiendo que “es cierto y de conocimiento público lo que está planteando usted. También es cierto que eso es una postura del Ejecutivo y nosotros somos un Cuerpo Deliberante y tenemos la posibilidad de discutir y acercar nuevas propuestas”.

Aunque todo parece indicar que ni el jefe comunal ni su bancada de Vamos Juntos estarían dispuestos a asumir el riesgo de faltar a la palabra empeñada con las entidades representativas de taxistas y remiseros, la edil del espacio que lidera a nivel nacional Elisa Carrio  concluyó insistiendo en que “me gustaría que tuviéramos la capacidad de ampliar el pensamiento, de poder dar la discusión y proyectarnos quizás a la posibilidad de cambio, esto no implica sacarle trabajo a nadie, sino abundar en la posibilidad de propuestas para el ciudadano marplatense y batánense,  y también aumentar el trabajo para las personas  que en este momento están brindando servicio a través de otro tipo de transporte”.

En el marco de un año electoral, una vez más el Concejo Deliberante fue escenario de un acalorado debate que tuvo como protagonistas al Frente de Todos y al oficialismo, en esta ocasión el entuerto tuvo lugar en la comisión de Legislación y el disparador fue un proyecto de resolución expresando repudio a las declaraciones públicas del viceministro de Salud Bonaerense Nicolás Kreplak, en el sentido que los ciudadanos del Partido de Gral. Pueyrredón “siempre tuvieron un comportamiento de negar a la epidemia y los cuidados”.
La edil de la Coalición Cívica, Angélica González, quien aspira a renovar su banca, como autora de la iniciativa encendió la mecha, fundamentando que “son declaraciones poco responsables y ligeras, sobre todo teniendo en cuenta que la población ha sido afectada por la pandemia y el aislamiento. Aquí se han respetado protocolos y se ha comprometido la gestión, al combatir la peligrosidad de las fiestas clandestinas, por ejemplo. Esto no es una declaración de un funcionario serio de un gobierno”.
La contrarréplica no se hizo esperar, recogiendo el guante la curul del Frente de Todos, Marina Santoro, adujo que “si vemos la totalidad de la declaración y no solamente la partecita, que remite la concejala de la Coalición Cívica vemos que a lo que está haciendo alusión el viceministro es al compromiso que deberían haber asumido las autoridades locales, es decir que se está refiriendo a la gestión del Ejecutivo, no hace mención a los ciudadanos ni califica a los vecinos de Mar del Plata”.
Asimismo, arremetió tildando de “malicioso” y “con intenciones electorales” el debate planteado por la concejala González. Ésta, a su vez, duplicó la apuesta, acusando al viceministro bonaerense de hacer campaña electoral, insistiendo que había hecho objeto a la población marplatense y batánense de una ofensa.
De ahí en más, se recalentó el debate con acusaciones cruzadas que desembocaron en el retiro – desde la virtualidad – de los concejales del Frente de Todos, dejando sin quorum la reunión y el expediente que, era el último del orden del día, quedó humeando en la comisión.
Con el acompañamiento de Acción Marplatense y el concejal atlántico Mauricio Loria, el interbloque de Juntos por el Cambio logró la aprobación por mayoría de la ordenanza ómnibus que confiere, entre otras cuestiones, las atribuciones al intendente Guillermo Montenegro para fijar el valor de la tarifa del servicio de colectivos hasta fin de año. Con lo cual es inminente el aumento del boleto, que según los corrillos del Palacio municipal pasaría del costo actual de $ 35,14 a un monto que oscilaría entre los $ 55 y $ 60.
Como habían adelantado, durante el tratamiento en comisiones, el Frente de Todos y el bloque unipersonal del Frente Renovador votaron contrariamente.
El expediente aprobado incluye, además, la declaración de emergencia del servicio de transporte por un año, prorrogable por el mismo periodo y la extensión del contrato de concesión, cuya prorroga dispuesta por el ex intendente Arroyo vence el 19 de junio.
Para camuflar la cruda realidad de un nuevo mazazo contra los usuarios, la ordenanza también encomienda a Montenegro gestionar, ante el gobierno nacional, “la equiparación de los subsidios para el transporte público con los que se otorgan para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), a los efectos de equiparar la tarifa para los vecinos usuarios del partido de General Pueyrredón”.
Asimismo, prevé la convocatoria “a todos los funcionarios y legisladores marplatenses que ocupan lugares de gestión y representación en los gobiernos nacional y provincial con el fin de asegurar un frente único de trabajo por la equidad tarifaria”.
Al pasar a la votación uninominal, se pronunciaron a favor de la ordenanza que habilita al jefe comunal para aumentar el boleto los concejales de Vamos Juntos Agustín Neme, Mercedes Morro, Guillermo Volponi y Nicolas Lauria; los radicales Vilma Baragiola, Cristina Coria, Ariel Martínez Bordaisco y Marianela Romero; de la Coalición Cívica Angélica González y Liliana Gonzalorena; de Agrupación Atlántica Mauricio Loria; y de Acción Marplatense Horacio Taccone y Paula Mantero.
Votaron en contra Roberto “Chucho” Páez, Vito Amalfitano, Daniel Rodríguez, Marcos Gutiérrez, Roberto Gandolfi, Sol De La Torre, Marina Santoro, Virginia Sívori, y Verónica Lagos del Frente de Todos, Ariel Ciano del Frente Renovador y Alejandro Carrancio de la Agrupación Crear.
Cabe destacar que Carrancio había planteado modificar la ordenanza proponiendo que “se fije como tope máximo para el aumento que el que fuera determinado desde el último aumento hasta el día de la fecha con posteriores variaciones hasta el 31 de diciembre corriente año el que fuera fijado por el Consejo Nacional de Salario Mínimo Vital y Móvil, y, de esa forma, no le estamos aplicando todo el peso del aumento a los usuarios”.
También condicionó su voto a que “la extensión de la emergencia del servicio de transporte público sea solamente por un año, sin prórroga automática por parte del intendente, y que la misma sea solicitada al Concejo Deliberante para que decida sí lo amerita”.
Ambas mociones fueron rechazadas, por lo cual Carrancio votó en contra de los artículos 1 y 2 de la ordenanza ómnibus, que declaran la emergencia y la delegación de facultades para fijar la tarifa.