En este caso he resuelto fundar mi voto, solicitando la
inserción de sus fundamentos, obviando un discurso porque
pretendo la mayor precisión en mis expresiones dada la
trascendencia y dimensión que tiene para la vida de los
argentinos, la resolución de este debate acerca del acuerdo
con el Fondo Monetario Internacional.
Como he dicho estamos de cara a una decisión que afectará, no
sólo el desenvolvimiento de éste y futuros gobiernos, sino las
condiciones de desarrollo y de vida, de presentes y futuras
generaciones de argentinos.
No es la primera vez que nuestro país se encuentra encorsetado
y restringido en sus potencialidades por endeudamientos que
limitaron y cercenaron el desarrollo de nuestra economía,
afectando severamente el tejido social y, en muchos casos,
hasta el sistema institucional en nuestra patria. Son muy
pocas las excepciones a esta desgraciada regla. Sólo los
gobiernos de Hipolito Yrigoyen, Juan Domingo Perón, Arturo
Illia y Néstor y Cristina Kirchner no se endeudaron. Por el
contrario, en el caso de las gestiones de Illia y de Néstor y
Cristina Kirchner, el país se desendeudó. Por eso es muy fácil
advertir que los períodos que acabo de reseñar se
distinguieron del resto por los índices de crecimiento, de
distribución de la riqueza en favor de los sectores
asalariados, de equilibrios sociales estables y de un visible
y contundente mejoramiento en la calidad de vida de todos los
sectores de la sociedad. Por el contrario, los períodos de
endeudamiento tanto en breves gobiernos democráticos como en
las extensas etapas de gobiernos autoritarios que tuvimos que
atravesar, marcaron fuertes retrocesos en los ingresos de los
argentinos que fueron crecientemente empujando al
empobrecimiento, el deterioro del aparato productivo y,
desgraciadamente, a la pérdida de oportunidades para
consolidar un verdadero proyecto de nación sostenidamente
pujante, de continuo desarrollo y con una robusta inclusión
social.
Desgraciadamente en esta carrera y contraposición entre
endeudamientos casi sistémicos y breves períodos de autonomía,
han pesado más a lo largo de nuestra historia las etapas de
sujeción a las imposiciones de nuestros acreedores que
aquellas en las que tuvimos la libertad de definir con plena
soberanía nuestros propios instrumentos de política económica.
Pero en este devenir histórico no se registra ni en velocidad
de tiempo ni en magnitud una crisis de deuda como la que
arrancó en el año 2015 con la gestión del gobierno de Mauricio
Macri. Si bien es cierto que puede afirmarse que en tiempos
contemporáneos el ciclo de endeudamiento y fuga de capitales
se inició en la administración de Martínez de Hoz durante la
dictadura militar y continuó en la década de los noventa,
también no es menos cierto, asegurar que durante el gobierno
de Cambiemos esa práctica perversa adquirió dimensiones
inimaginables que hoy constituyen, sin exageración, un
verdadero drama argentino.
Con sólo subrayar que nos hemos transformado en el deudor más
importante de la historia del Fondo Monetario Internacional
desde su creación hasta la fecha, bastaría para dar respaldo a
nuestra afirmación. Pero no es el único dato de la tragedia el
endeudamiento con el FMI. A esto hay que agregar una enorme
deuda con bonistas y fondos de inversión privados, sumar la
deuda en divisa extranjera de las provincias, y también la
deuda financiera externa de las empresas privadas que, durante
el período de gobierno de Mauricio Macri, creció en alrededor
de veinte mil millones de dólares.
Una vez más se repitió el fatal encadenamiento entre apertura
indiscriminada de la cuenta de capital, endeudamiento, fuga e
irrupción del Fondo Monetario como garante último de los
especuladores internacionales y también locales, que transitan
por este corredor que los lleva a obtener siderales
ganancias, producto del saqueo a la riqueza que generan los
argentinos. Pero, reitero, la fatalidad de este recorrido
nunca alcanzó la dimensión y el volumen que tuvo a lo largo
del 2015 al 2019.
Dicho esto está claro que el gran desafío que tenía, no sólo
un nuevo gobierno sino todos los actores sociales y
económicos, era cómo encarar una estrategia de normalización
de la economía frente al desastre financiero, de deuda y
cambiario, que se heredaba. Y aquí es donde nuevamente
exhibimos la debilidad de un proyecto de nación. Se da la
paradoja, en la previa y aún durante este debate, que nadie
está conforme con el acuerdo que se propone alcanzar con el
Fondo Monetario Internacional. Ni el oficialismo ni la
oposición en sus diversos matices, más allá de que esa
disconformidad tenga distintos fundamentos.
Esto es así porque hoy en realidad tendríamos que estar
discutiendo lo que nosotros deberíamos exigirle al Fondo y no
lo que el Fondo pretende imponernos a todos los argentinos.
Digámoslo con todas las letras: el problema no es,
esencialmente, el entendimiento con el Fondo sino la absoluta
y definitiva insustentabilidad de esta deuda. El intento de
normalización que llevó adelante el Ministerio de Economía, a
mi juicio, transitó un camino equivocado. Así como fue
acertada la decisión de no tomar lo que había quedado
pendiente del crédito irresponsable que otorgó el Fondo
violando sus propios estatutos y apoyado exclusivamente en
consideraciones de orden geopolítico, creo que el error
inicial en la estrategia que se siguió fue no declarar
simultáneamente la suspensión de los pagos hasta que no se
llegara a un escenario que permitiera exhibir en todos los
foros internacionales, incluido el Directorio del propio Fondo
Monetario Internacional, su evidente corresponsabilidad en
este desastre que le han provocado a la estructura económica
de la Argentina. Por el contrario se resolvió seguir
atendiendo los pagos de deuda sin un acuerdo, lo que no sólo
significó, desde el inicio de la negociación, un
reconocimiento de su legitimidad, sino que además comprometió
a lo largo del 2020 y del 2021 las divisas que generaba
nuestra economía, con consecuencias claramente negativas. A
esa decisión se sumó atender simultáneamente la demanda de las
empresas privadas para afrontar sus deudas financieras
externas. Esto significó que le cedimos al Fondo Monetario
Internacional y al sector privado endeudado en dólares, casi
la totalidad de los significativos saldos que obtuvimos a
través de la balanza comercial que durante los años 2020 y
2021 redondearon los veintisiete mil millones de dólares.
Este camino erróneo no sólo implicó vivir etapas de fuerte
estrés cambiario y financiero sino, además, llegar al tramo
final de la negociación con el Fondo Monetario Internacional
con una debilidad tal que le permitiera a este organismo
imponer sus condiciones sin ceder de su lado en ningún alivio
frente a una deuda que fue y sigue siendo impagable, por su
propia corresponsabilidad. No hubo, ni hay, eliminación de
sobretasas ni estiramiento de plazos, ni quitas. Las aparentes
promesas que alentaba el diálogo con Kristalina Gueorguieva ,
titular del Fondo, no pasaron más allá de ser fantasías que
fueron distracciones que nos alejaron de la construcción de
una verdadera voluntad nacional que pusiera la negociación en
otros términos. Y entonces, ya casi sin divisas en el Banco
Central, una vez más y como ya había ocurrido en el
otorgamiento de este préstamo de cincuenta y siete mil
millones de dólares, la decisión final de quienes han vuelto a
bajarle el pulgar a la Argentina, se tomó en el Tesoro de los
Estados Unidos, verdadero dueño y señor de este Organismo. Y
esa decisión no sólo significa, como cada vez que se hizo un
acuerdo con el FMI, que perdemos nuestra propia capacidad en
el manejo de herramientas fundamentales en la economía como lo
son la política fiscal, monetaria y cambiaria, sino que además
en este caso se pretende, a través de cláusulas explícitas,
imponer techos a nuestro crecimiento, políticas contractivas
que nos dejan, en uno de los peores momentos de la Humanidad y
de nuestra propia realidad, sin herramientas contracíclicas y
que para mayor abundancia nos impone cláusulas de consulta,
que en la práctica pretenden imponernos un cogobierno con las
autoridades del Fondo Monetario Internacional.
Estos no son supuestos ni adivinanzas futuras. Sino que
incluso en el propio tránsito de esta fallida negociación ya
lo sufrimos. Por ejemplo, reitero, a través de una gestión del
mercado único y libre de cambios que facilitó, para grandes
formadores de activos externos, completar el ciclo de
valorización financiera, al que consagramos un superávit
comercial récord. En buena medida, como ya lo hemos dicho,
este superávit fue a parar a manos del sector privado con
deuda financiera externa para que cancelara, con el tipo de
cambio oficial, sus obligaciones de capital e intereses, lo
que terminó originando, lo digo una vez más, una fuerte
insuficiencia de reservas internacionales para afrontar los
primeros compromisos con el FMI y de esta manera obligarse a
un acuerdo contra reloj.
Otro aspecto negativo del acuerdo no son sólo las revisiones
trimestrales sino además el agregado, que no siempre estuvo
presente en acuerdos anteriores de una denominada cláusula de
consultas, que expresamente se traduce en el texto elevado por
el Poder Ejecutivo cuando se señala: “consultaremos con el FMI
sobre la adopción de estas medidas y en forma previa a
cualquier revisión a las medidas contenidas en este memorando
y evitaremos cualquier política que no sea consistente con los
objetivos del programa y nuestros compromisos en el contexto
de éste”. La sola relectura de este párrafo exime de cualquier
comentario en materia de condicionamientos futuros. Es más, la
evidente volatilidad que está atravesando el mundo y que nos
lleva a la convicción a casi todos los actores que
participamos de esta discusión de que ya no sólo el correr del
tiempo sino de las horas puede transformar muchas de las metas
propuestas en números sólo dibujados en el agua, también se ve
condicionado por el hecho de que el Gobierno se compromete “a
recalibrar sus decisiones sólo de común acuerdo con el staff
del Fondo”. Esas cláusulas de consulta, nos lleva a revisar
todo, entre otras cosas por ejemplo, “opciones para afianzar
la sostenibilidad a largo plazo del sistema de jubilaciones y
pensiones”, y un largo listado de decisiones fiscales, en
materia de inversión y de carácter cambiario. Irónicamente, lo
único que se deja sin revisar como si estuviera prohibido
hacerlo es lo más importante: la sustentabilidad de la propia
deuda externa.
Ya tenemos una larga historia que nos enseña que cuando en
nombre del ordenamiento de las cuentas públicas, imponemos
restricciones que las empeoran , porque el ajuste genera más
recesión, esos ajustes desembocan en más ajustes. No hay que
tomar el riesgo de recaer en esas graves equivocaciones.
Valoro profundamente que por primera vez el Congreso Nacional
pueda discutir las condiciones de endeudamiento público pero,
honradamente, creo que ese debate, debió seguirse a lo largo
de todos y cada uno de los pasos , que se fueron dando para
zafar de la inconsistencia e insustentabilidad de una deuda
que, una vez más insisto, en que es y será impagable.
El Ministro de Economía debería haber venido al Parlamento en
distintas instancias de la negociación a informar cómo
evolucionaban las discusiones con las autoridades del Fondo
Monetario y los mayores o menores avances, si es que en algún
momento los hubo, respecto a las exigencias que nuestro país y
la sociedad debió reclamarle al Fondo Monetario Internacional
para que su corresponsabilidad fuera asumida por decisiones
que aliviaran realmente el peso de la deuda sobre la economía
argentina. Transitando ese camino, tal vez, no sólo hubiéramos
creado una conciencia colectiva sobre el tamaño de las
dificultades sino, a la vez, también podríamos haber alcanzado
consensos básicos entre las fuerza políticas y diversos
actores sociales y económicos de la Argentina, para responder
a la pregunta que más de una vez en este propio recinto
formulara el Diputado Máximo Kirchner, cuando apelaba e
interrogaba al sistema político diciendo: ¿Qué vamos a hacer
con la deuda externa?
Tal vez así hubiéramos tenido la oportunidad de discutir la
sustentabilidad de la deuda antes que llegara a la instancia
de tomar una decisión frente a un aparente dilema que nos
encierra en la falsa premisa de que es esto o el desastre. El
verdadero desastre es la persistencia de la deuda a través del
tiempo, que no sólo pone en riesgo el desarrollo de la
Argentina, la calidad de vida de nuestros compatriotas, sino
incluso al propio régimen democrático, que se vería
fuertemente erosionado si nosotros u otros en el futuro no
podemos frenar el crecimiento de la pobreza, de la indigencia
y de la exclusión.
Un acuerdo con el Fondo Monetario, que una vez más fue traído
como actor principal de las decisiones económicas por quienes
iniciaron un ciclo de endeudamiento que desde el pago a los
Fondos Buitre en adelante devastó el aparato productivo del
país, saqueó los ingresos de los argentinos y nos dejó sin
perspectiva de crecimiento, creando un amplio escenario de
pobreza y de miseria, no puede significar el riesgo de un caos
social que termine socavando a la democracia.
Es mucho lo que está en juego. Para las espaldas de los
argentinos atravesar macrismo, pandemia y, ahora,
condicionamiento del FMI es una carga demasiado pesada.
Deberemos seguir trabajando para aliviarla. Creo que hemos
vuelto a perder la oportunidad de hacerlo desde una mirada y
una voluntad común